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El Parlamento cántabro rechaza la ley Celáa y exige consenso

El pleno del Parlamento de Cantabria ha rechazado la ley Celaá y ha exigido "diálogo" para lograr una norma educativa consensuada, mediante la aprobación de una proposición no de ley presentada por el PP, que ha salido adelante con una enmienda del socio de gobierno del PSOE en la comunidad, el PRC, y con el apoyo además de Ciudadanos y Vox.
RedacciónLunes, 23 de noviembre de 2020
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El pleno ha aprobado esta iniciativa, que sólo ha contado con el voto en contra de los socialistas, para pedir que se retire el proyecto de reforma educativa o que se consensúe durante el proceso de tramitación en el Senado, entre otra cosas. Además, ha tumbado otra propuesta de Vox, rechazada por los grupos que sustentan al Ejecutivo (PRC-PSOE), que también buscaba posicionar a la Cámara autonómica en contra de este proyecto de ley.

El diputado popular Álvaro Aguirre ha afirmado que la ley Celaá “obedece a la superioridad moral de la izquierda”, que, a su juicio, piensa “que la educación es su cortijo privado”. Además, la ha tachado de “vaga” y “no transformadora”. “Está anclada den el pasado y evoca tiempos en los que el sistema educativo dejó en la cuneta a miles de jóvenes, mientras ustedes (los socialistas) se quedaban de brazos cruzados”, ha afeado. A su juicio, esta norma “boicotea la lengua de todos, la Educación Especial y la Concertada, la Religión católica” y, además, “da la espalda al mérito y al esfuerzo”. “Da una patada a las libertades”, ha enfatizado.

José Miguel Fernández Viadero (PRC) ha señalado que una ley de estas características tiene que salir adelante con el mayor consenso posible, y cree que “esta nace con fecha de caducidad: un cambio de Gobierno en el Estado”. “No hay acuerdo con esta ley”, ha afirmado, lamentando “las prisas” con las que se ha confeccionado porque, según ha dicho, “no han permitido un debate sosegado y escuchar a sus protagonistas”, añadiendo que el “circo mediático no beneficia a nadie y perjudica a los niños” y que la norma es “contradictoria” en su contenido.

El diputado popular Álvaro Aguirre ha afirmado que la ley Celaá "obedece a la superioridad moral de la izquierda"

Para el PRC, “no toda la ley es mala, pero tampoco estupenda”, y por eso Fernández Viadero ha sostenido que “hay gran margen de acuerdo y diálogo para alcanzar acuerdos”, aunque para ello –ha apuntado– “tiene que haber voluntad política por todas las partes”. Los regionalistas abogan por la diversidad lingüística que hay en España y no están en contra del estudio de las lenguas cooficiales, pero también ven necesario que el español se enseñe en todas las comunidades. “Si no somos capaces de garantizar esto, es un verdadero fracaso”, ha recalcado su diputado.

Por parte de Ciudadanos, Diego Marañón ha criticado que este proyecto de ley se haya tramitado “de forma inoportuna y con pocas garantías democráticas”, así como que no se haya contado con toda la comunidad educativa ni con los consejeros autonómicos. “No se pueden meter más tropelías en menos texto, atenta contra la libertad”, ha insistido Marañón, añadiendo que la ley supone “la demolición” del sistema educativo, “atenta contra la libertad e impide que los padres elijan libremente a qué centro quieren llevar a sus hijos”. Además, ha avanzado que su grupo parlamentario presentará la semana que viene una iniciativa para la defensa del castellano como lengua vehicular del Estado.

Armando Blanco (Vox) ha acusado al PSOE de haber “vendido la libertad educativa a cambio de los votos a los presupuestos de independentistas, golpistas y filoetarras”, y “eliminando la libertad de los padres a elegir la educación de sus hijos”. Y ha afeado el “empeño” del PSOE en “utilizar la Educación para el adoctrinamiento de su ideología” y “condenando a los concertados a la desaparición”.

“Vox quiere Educación para todos, de calidad, libre, plural y que sea en un recurso para que los hijos creen un futuro para España”, ha afirmado Blanco. En su opinión, el partido socialista “odia el concepto de unidad de la hispanidad” y “elimina los centros de educación especial porque no soporta a los diferentes”, mientras que al PRC –que en Cantabria gestiona el área de Educación– le ha pedido “no dejarse arrastrar por esta deriva sinsentido” de su socio de gobierno.

La socialista Paz de la Cuesta ha sostenido que esta norma viene a “acabar con la ley Wert, una ley ampliamente rechazada”, al tiempo que aboga por que todas las familias “tengan las mismas opciones” dentro del sistema educativo, acusando a los demás grupos de haber dicho “muchas falsedades” sobre la Lomloe.

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