La ley Celaá rompe los equilibrios y margina la pluralidad

Con la ausencia de la comunidad educativa, a la que se le ha impedido dar su voz en el Parlamento en contra de lo que ha pasado con las leyes educativas anteriores, se debaten estos días en el Congreso las enmiendas presentadas a la llamada ley Celaá, una ley que cuestiona los equilibrios entre la red pública y privada en la enseñanza. La ley Celaá transforma el modelo público y estatal en el único y prioritario, convirtiendo a la enseñanza concertada en un modelo secundario que debe reducir progresivamente su presencia. El propósito de la Lomloe es eliminar la convivencia que se ha conseguido durante tantas décadas entre los diferentes modelos educativos, respetando el derecho de la ciudadanía a elegir la educación para sus hijos.

Las leyes, y en particular las educativas, se hacen para que representen la ideología de los gobernantes de turno, para que dirijan al conjunto del sistema en una dirección u otra siguiendo un patrón predeterminado. Por ejemplo, el caso de la Lomloe, sustrayéndonos al hechizo de la propaganda, declara un proyecto motriz que pretende modernizar el sistema para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030, alcanzar mayores cuotas de igualdad social, elevar la calidad hasta donde vaya permitiendo la evolución de la equidad y conseguir el mayor grado de inclusión posible. La inclusión es una evolución de la antigua comprensividad que persigue el ideal de agrupar al alumnado exclusivamente por su edad, con independencia de sus condiciones originales o de los déficits que cuente en su punto de partida, de sus motivaciones o de sus actitudes y aptitudes. Todos aprenden juntos acompasando el ritmo del avance a un paso que puedan sostener todos a la vez. La evaluación debe premiar más la evolución personal (constructivismo), que la fría meta de alcanzar una suma de contenidos predeterminada (evaluaciones externas).

En la nueva ley, sólo el dominio sistémico del Estado puede facilitar el ideal de la Educación como motor de transformación social y de empoderamiento de los más desfavorecidos mediante el acceso al conocimiento. Para ello, debe reconducir la enseñanza privada, que considera una mera interferencia en sus planes, al papel que le permita la financiación de las familias. Es decir, quien quiera el colegio de su elección o preferencia que lo pague de su bolsillo. El Estado siempre garantizará a las familias una plaza pública que cumplirá los estándares que determinen las políticas públicas. Lo demás es un lujo privado que se debe costear cada uno.

Con estas breves pinceladas describo cuáles son las principales líneas del código fuente de la actual Lomloe que ya compartieron en su día la LODE, la Logse y la LOE aunque de manera mucho más atenuada. Una cosa es abrirse paso empujando y otra es tirar directamente al suelo al que te estorba.

La ley educativa estatal es importante. Determina para qué se enseña, qué se enseña, cuándo se titula, dónde se enseña y quién enseña. Aunque estamos anegados por la crisis sanitaria de Covid-19, el Congreso no está parado. La labor legislativa sigue detrás del ensordecedor ruido diario por el número de hospitalizados, de ingresados en UCI y de fallecidos. Toda la atención de la opinión pública está centrada en los problemas que está produciendo el coronavirus. Y la comunidad educativa, también. El día a día en las escuelas es un bricolaje muy complejo que requiere todo el tiempo y la energía del profesorado. Son tiempos muy difíciles en un momento de gran confusión y zozobra. Pero necesitamos caer en la cuenta de que cuando todo esto pase, que pasará como ha ocurrido en todas las catástrofes de la historia, el mapa educativo habrá cambiado notablemente. La pandemia no debería aprovecharse para hacer progresar ninguna agenda ideológica.

No olvidemos que hay otras visiones de la Educación que cuentan con un gran respaldo social y que ponen el acento en otras prioridades distintas a las que hemos descrito en la Lomloe. El conflicto ideológico estaba ya presente cuando se redactó la Constitución, pues su artículo 27 tuvo una negociación muy dura y controvertida. Y le dio la solución mejor que se pudo en aquel momento. Así nacieron las pocas líneas básicas del único pacto de estado educativo que ha habido en España. Las leyes orgánicas que desarrollaron después estos principios siempre propusieron unas prioridades muy contestadas por sus detractores en un tira y afloja que llega hasta hoy. El consenso real, aunque siempre se haya vendido como garante del proyecto propio, siempre ha brillado por su ausencia.

En resumen, somos muchos quienes consideramos que la colaboración público-privada sigue siendo el mejor camino para garantizar el ejercicio del binomio del derecho a la Educación y la libertad de enseñanza. Que hay suficientes mecanismos de control para que la Educación no sea un “mal negocio” para los más desfavorecidos. También, que la financiación pública es subsidiaria y debe favorecer a las familias en su obligación y en el derecho que tienen a educar a sus hijos. Que consideramos un bien para todos que exista una buena red de centros públicos que conviva, de manera complementaria, con una red de escuela privadas sostenidas con los fondos públicos necesarios para hacer posible una pluralidad de escuelas, con diversos proyectos educativos y pedagógicos y realmente al alcance de todos. Que la formación en valores éticos y ciudadanos, inherente y necesaria en una buena educación, tiene que ofrecerse en todas las escuelas y debe ser respetuosa con las convicciones éticas, filosóficas o religiosas de las familias. Que la sospecha no debe ser el motor de la política, sino la permanente detección de las necesidades, la búsqueda de soluciones y la mejora de lo que ya funciona, porque estamos haciendo muchas cosas bien en el presente, con independencia de la ideología dominante, y no necesitamos repensar todo una y otra vez en una sucesión desmoralizadora.

¿Cuál es entonces el problema de nuestra política educativa? Tan sólo una idea. Un pensamiento que se ha sembrado en la fértil mente de nuestra comunidad educativa y que ha germinado con el paso de los años desarrollándose en una planta enorme con muchas raíces y fuertes intereses: Que es mejor prevalecer que convivir. Han pasado más de 40 años desde que se escribieron aquellas escuetas líneas del articulo 27 de la Constitución. La correlación de fuerzas no ha variado mucho. Pero la idea primigenia sí. En su origen se optó por elegir el equilibrio y la convivencia. Por coexistir y pactar los acuerdos que pudieran mejorar el sistema sin excluir al otro. Así de simple y de sencillo. Con sus matices, y con muchas escaramuzas, siempre se respetaron los límites hasta llegar a la LOE que fue la última ley completa que se aprobó en España.

Después llegó la corrección desatinada de la Lomce. Ahora la corrección extravagante de la Lomloe. Ambas incrustando sus pretensiones en un artículo único que, ni entonces ni ahora van a producir una LOE mejorada, sino otra con ganancia de funciones para una de las visiones educativas. El error ha consistido en abandonar el acuerdo original por la convivencia que inauguró la Constitución. Como consecuencia, hemos visto fracasar una y otra vez los intentos por alcanzar otro nuevo Pacto de Estado educativo. No porque los términos de ese pacto hayan sido opuestos e imposibles de manera frustrante, sino porque la motivación que los proponía era intentar prevalecer y no seguir compartiendo el espacio educativo. La Educación es una cuestión de Estado. Necesitamos seguir apostando por una convivencia democrática que no suponga, nunca, la derrota, la marginación y la exclusión del otro.