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La mentira más inmoral sobre la ley Celaá es el cierre de la Educación Especial, dice el PSOE

El PSOE ha insistido este domingo en criticar las "mentiras" que considera que la derecha está vertiendo sobre la Lomloe o ley Celaá, y ha destacado que la "más inmoral" es la relativa al cierre de los centros de Educación Especial.
RedacciónLunes, 30 de noviembre de 2020
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La secretaria de Educación y Universidades del PSOE, Luz Martínez Seijo, junto a la ministra Celaá. © PSOE

Lo ha denunciado la secretaria de Educación y Universidades del PSOE, Luz Martínez Seijo, quien junto a la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, han participado desde la sede socialista de Ferraz en un encuentro con representantes de la comunidad educativa. Las “falsedades”, “mentiras”, “bulos” y “manipulaciones mediáticas” sobre el castellano, la Educación concertada y la Especial han vuelto a ser rechazados desde el PSOE, y la ministra ha lamentado el “hackeo de la mente” acerca de la reforma educativa que ella lidera.

Por ejemplo, desde aquellos que se “ocultan desde un pantalla que llaman Más Plurales”, ha dicho Celaá en referencia a la plataforma que, en defensa de los centros concertados tiene en marcha una campaña contra la Lomloe visibilizada con lazos naranjas, protestas y concentraciones ante el Congreso. La ministra ha señalado que este tipo de rechazo ya ocurrió con otras leyes socialistas y que todo ello les anima a tener “más convicción”.

Si la Lomce o ley Wert practicó “casi el darwinismo” y no podían prosperar los alumnos con condiciones de origen más desfavorables o se quedaban “en la estacada” los que no llevaban igual ritmo, con la nueva ley lo fundamental es el binomio “equidad y excelencia”. “Esto es lo que no aguantan algunas derechas, y no lo han aguantado tradicionalmente”, poniendo como argumentos, los mismos, es decir, “la Religión, la Concertada y la lengua”, ha apuntado la ministra.

Celaá ha asegurado que esta norma no es para "matar" a la Concertada sino que impulsa un debate sobre "la debilidad de la prestación del servicio público"

Celaá ha asegurado que esta norma no es para “matar” a la Concertada sino que impulsa un debate sobre “la debilidad de la prestación del servicio público”. Y ha recordado además las palabras del sábado del líder del PSOE, Pedro Sánchez, sobre que “en pocos sitios podemos ser más iguales que en un aula”. Y ha afirmado que la nueva ley atiende al abandono escolar, las repeticiones, la carrera docente, las evaluaciones para mejorar los planes de los centros, la inversión y busca una FP “de primera”.

Martínez Seijo ha recordado asimismo que en el Congreso el proyecto de ley fue aprobado con el apoyo de siete partidos, y que se trata de una norma “absolutamente participada”, a la que se han sumado 252 aportaciones trasladadas por la comunidad educativa al PSOE y con el acuerdo sobre 330 enmiendas de los grupos. También ha considerado que la derecha está instalada “en un no permanente” y utiliza la Educación “con fines partidistas”.

La portavoz de Educación ha recalcado que la Lomloe garantiza, como dice la Constitución, que los alumnos conozcan el castellano y la lengua cooficial donde la haya. No se acaba con el modelo de la Concertada sino que se “limitan los privilegios” sobre una Concertada “basada en fines lucrativos más que los sociales” y también se impulsa la inclusión de acuerdo a la Convención de los Derechos de las personas con Discapacidad para que las familias tengan la libertad de escolarizar a sus hijos en “el régimen más inclusivo posible”, ha añadido.

La Plataforma "Inclusiva sí, Especial también" mantiene que los centros de Educación Especial "tendrán que actuar como centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios

Por su parte, la Plataforma “Inclusiva sí, Especial también” mantiene que los centros de Educación Especial “tendrán que actuar como centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios, sin que el proyecto de ley garantice ni su supervivencia ni su capacidad para atender al mismo número de alumnos”.

Respecto al plan económico y de viabilidad para mejorar la atención de los alumnos con necesidades educativas especiales, la Plataforma viene solicitando desde el mes de mayo pasado y por escrito que se haga público “el supuesto informe económico” para estos centros.

La Plataforma sostiene que las valoraciones anuales de cada alumno con necesidades educativas especiales deberán hacerse, según el proyecto de ley, con el objetivo de “lograr el acceso o la permanencia del alumnado en el régimen más inclusivo” (art. 74.3) en lugar de para proteger el bien superior del menor” y no descartan que las Administraciones educativas puedan “cambiar de una modalidad a otra a un alumno con necesidades educativas especiales, en contra de la opinión de los padres, e incluso en contra de la opinión del propio alumno”.

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