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La Junta de Andalucía “blinda” los conciertos frente a la ley Celaá

Según el portavoz de la Junta, Elías Bendodo, la ley Celaá pretende "cargarse la Concertada".
Redacción-comunidadesMartes, 22 de diciembre de 2020
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El consejero Javier Imbroda, el pasado lunes, 21 de diciembre, en el colegio privado Yago School de Sevilla.

La Junta de Andalucía dice haber «blindado» los conciertos educativos con la publicación este lunes en su boletín oficial de la nueva orden para renovarlos durante los próximos cuatro años pese a la reforma promovida por el Gobierno central a través de la ley Celaá.

«En Andalucía no vamos a permitir bajo ningún concepto que el Gobierno de España pretenda cargarse la Educación concertada, porque esa es la esencia de la ley Celaá», ha dicho el portavoz de la Junta, Elías Bendodo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Elías Bendodo: "

En Andalucía no vamos a permitir bajo ningún concepto que el Gobierno de España pretenda cargarse la Educación concertada, porque esa es la esencia de la ley Celaá

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El presidente andaluz, Juanma Moreno, por su parte, afirma en un tuit que la nueva orden que publica el BOJA «blinda los conciertos educativos en Andalucía para los próximos cuatro años. Las familias podrán seguir eligiendo con libertad la Educación para sus hijos. El Gobierno andaluz apuesta por la convivencia y defiende la Concertada».

Bendodo ha insistido en que la convivencia de la Educación pública y concertada es un modelo de éxito que antes defendía el PSOE, y ha lamentado que hay socialistas que tienen «complejos» y mandan a sus hijos a centros privados y concertados y luego consideran que esos colegios son de «pijos».

Andalucía tiene 564 centros privados y concertados, 43 de educación especial, y en ellos hay 279.948 alumnos y 20.000 profesores, ha subrayado el portavoz de la Junta, quien ha apuntado que con los conciertos quieren dar seguridad a los profesionales y enviar un mensaje a las familias de que pueden llevar a sus hijos a estudiar al colegio que «les dé la gana».

Los conciertos educativos se harán por cuatro y seis años, que es el máximo que prevé la ley, según Bendodo, quien ha apuntado que no han adelantado el calendario de conciertos y se han limitado a aplicar los plazos previstos para garantizar la libertad de elección educativa de las familias.

Andalucía tiene concertadas 953 unidades de Educación Especial, 102 unidades de Programas de Transición de Vida Adulta, 2.077 de segundo ciclo de Infantil, 4.502 en Primaria, 2.974 en ESO, 260 en Bachillerato, 595 en Grado Medio, 257 en Grado Superior y 218 en FP Básica, según los datos de la Consejería de Educación.

El consejero de Educación, Javier Imbroda, explica en un informe presentado al Consejo de Gobierno que se priorizará el concierto de unidades de Formación Profesional de Grado Medio para completar la oferta de la red pública y dar respuesta a la alta demanda de estas enseñanzas, en las que cada año se quedan unos 30.000 estudiantes sin plaza.

Asimismo, se reforzará la Formación Profesional Básica (FPB) y la Educación Especial, según recoge el informe, en el que se establecen las normas de las convocatorias de conciertos educativos en las enseñanzas de segundo ciclo de Infantil, Educación Especial, Secundaria Obligatoria, Bachillerato y FP, desde el año académico 2021/2022 hasta el 2024/2025.

Reacción sindical

Para el sindicato Ustea, el discurso de la Junta de Andalucía resulta «vergonzoso» en un contexto de «pérdida masiva de aulas públicas (más de 2.000 desde 2015-16)». Para Ustea, el Gobierno avanza así en su estrategia de deterioro de la Educación pública, con la extensión de las subvenciones a centros privados.

En alusión a las declaraciones de Bendodo y Moreno, Ustea ha considerado «inaceptable» que desde los poderes públicos se promocione una red de centros profundamente dualizada y se fomente la brecha social y que desde un gobierno autonómico se llame a la desobediencia y a la agitación.

Además, ha criticado que la orden refuerce la extensión de los conciertos a la Formación Profesional Básica y a la Educación Especial, continuando con la política de privatización y la extensión de los conciertos en las etapas postobligatorias ya iniciada con el decreto de escolarización.

Ustea finaliza llamando a la comunidad educativa a oponerse a la pretensión del Gobierno andaluz de avanzar hacia el «modelo madrileño» que tanto daño ha hecho a la igualdad educativa, con Madrid a la cabeza del ranking de segregación escolar por motivos socioeconómicos de la UE, solo por detrás de Hungría.

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