Ángela Melero: “La Lomloe es un atropello a la labor educativa de las familias”

Ángela Melero es la primera presidenta de Confecampacyl, la Confederación Católica de Madres y Padres de Alumnos de Castilla y León, resultado de la unión, en julio de 2021, de las federaciones provinciales de Fecampa Burgos, Salamanca y Valladolid.

En total, representa a más de 20.000 familias integradas por una red de AMPA y tiene por objeto «defender la libertad de las familias para decidir cómo deben ser educados nuestros hijos y elegir en qué centro deben cursar sus estudios tal y como declara la Constitución Española de 1978, en su artículo 27.3.», asegura Ángela.

Habéis declarado que la red pública y la red concertada son complementarias y que ambas garantizan el derecho a la Educación y la pluralidad. ¿Cuáles son vuestros argumentos?
—El derecho a la Educación se basa en la Constitución Española, que declara y otorga a las familias elegir la Educación que desean que sea impartida a sus hijos en función de sus ideas y de sus creencias. La existencia única de una red implica que es el Estado, y por ende, los gobiernos y los cambios existentes cada cuatro años, asuman un derecho que no les corresponde, ya que lo que tienen que facilitar es el acceso a la Educación, dar alternativas y no obligarnos a las familias a llevar a los niños a un colegio en el que hay vacantes, o cerrar centros concertados para que las familias elijan lo público.

¿Qué engloba, para vosotros, la libertad de enseñanza?
—Incluimos la libertad de manera general, el derecho inherente del ser humano de elegir opciones que no solo favorezcan tanto la ansiada conciliación como la necesidad de que nuestros hijos vivan, sientan y asuman unos valores universales y cristianos, que los colegios concertados asumen en su ideario.

Las elecciones que las familias realizamos no son ni mejores ni peores, son distintas dependiendo de la Educación que las familias hemos recibido, de nuestra opción religiosa. Es más, asumimos también que hay familias cristianas que optan por la red pública, ejerciendo la libertad de enseñanza, y a la inversa.

¿Cómo afecta a los centros concertados católicos la Lomloe?
—La Lomloe es un atropello a la labor educativa de la familia. Nos da un papel exclusivamente secundario para que el Estado sea el protagonista de la Educación de los chicos sin que las familias podamos opinar o elegir. La eliminación del distrito único promueve la desigualdad y no favorece la conciliación. Estamos en manos de unos políticos que enviarán a nuestros hijos al colegio público que crean conveniente independientemente de las necesidades conciliadoras de las familias y de sus creencias religiosas cristianas en nuestro caso.

¿Establece la nueva norma diferencias entre la Pública y la Concertada en cuanto a la dotación de recursos?
—Se sigue favoreciendo a los niños de centros públicos, beneficiándolos con becas comedor, por ejemplo, discriminando a los niños por una elección de sus familias en función de la intimidad y las decisiones personales familiares (las becas comedor deberían basarse en la renta familia no en el tipo de colegio al que vayas). A nuestros colegios también van personas de recursos bajos que necesitan este tipo de becas. La necesidad no conoce de Educación concertada o pública. La integración de la red concertada en la Educación estatal promueve la elección de unos colegios que estas familias no podrían elegir si fueran privados y contribuye a que la brecha social sea menor.

¿Llegará algún día el tan ansiado Pacto Educativo?
—Vamos a ser positivos: Sí, si nuestros políticos apartan la soberbia del que alcanza un cargo público, si se tienen ganas de trabajar por el bien común y por buscar alternativas. En Educación no se debe negociar, se debe invertir; no se debe enfrentar, se debe consensuar y aceptar la diversidad, la inclusión; se debe dar respuesta y cuidar a los más especiales de nuestro sistema educativo.

Los impuestos son de todos y se deben gestionar para el bien común dejando a un lado distinciones e ideologías; los políticos no gobiernan exclusivamente para sus votantes, ni deben beneficiar solo a sus votantes, sino que son elegidos para gestionar unos impuestos independientemente de ideologías.

Vuelven las actividades extraescolares y la consejera de Educación ha anunciado que van a ser seguras y fiables. ¿Es un alivio para las familias o un motivo más de preocupación?
—Alivio por dos motivos principales que van inherentemente unidos: conciliación y salud. Las familias no podían llevar a sus hijos con los abuelos para no contagiarlos y tenían que trabajar. Y estos niños, después del confinamiento donde estuvieron pegados a unas pantallas tanto para estudiar como para hablar con sus compañeros, para socializar o simplemente para evadirse de una situación que no podían asimilar ni comprender, debían hacer deporte, aunque fuera sin competición. Necesitaban moverse y volver a una cotidianeidad que les protegía también psicológicamente.

¿Se escucha suficiente a nivel autonómico y nacional a las peticiones y necesidades de las familias de los alumnos a la hora de implantar las leyes de Educación?
—Claramente no es así y un ejemplo claro ha sido la última ley de Educación. En muchas ocasiones es un tema político. Muchas veces la línea política y la línea social son paralelas y no coincidentes. Es notorio que la Educación a nivel propagandístico vende, y creemos que no se trata de vender un tipo de Educación, se trata de invertir, de crear sociedades solidarias, emprendedoras, respetuosas… y que manen de valores universales.

En la presentación del nuevo curso escolar, Rocío Lucas resaltaba que, según informes como PISA, «el sistema educativo de Castilla y León está entre los mejores del mundo»…
—No lo dudamos, por supuesto, pero luego a la hora de elegir sus estudios universitarios, nuestras universidades se llenan de alumnos de otras comunidades cuyos resultados académicos son mejores debido a una “injusta EBAU”. En esta prueba, en Castilla y León, hay que responder a 10 preguntas en hora y media y en otras comunidades a la mitad.

Desde Confecampacyl seguiremos pidiendo a la Administración una EBAU única y en igualdad, donde esta prueba sea igual para todos y de esta forma todos los alumnos se sometan al mismo examen.