Sociedad Civil Catalana ve un "triunfo histórico" la sentencia sobre la enseñanza en castellano

La entidad contraria a la independencia considera un «varapalo al sectarismo lingüístico» la desestimación por parte del Tribunal Supremo del recurso de casación que la Generalitat presentó contra la mencionada sentencia. «Las políticas de imposición lingüística han supuesto durante décadas la vulneración de derechos fundamentales, han sido contrarias a los tratados y recomendaciones internacionales y han dificultado la igualdad de oportunidades de todos los niños y jóvenes catalanes, al discriminar por razón de lengua», sostiene SCC.

La entidad ha advertido al Govern de Pere Aragonès que estará «muy atenta» al cumplimiento de la sentencia TSJC y ha asegurado que denunciará a los centros que «desobedezcan».

Por su parte, el líder del PP, Pablo Casado, ha dicho que el Gobierno debe garantizar que se cumpla la sentencia y ha sostenido que incumplirla «para contentar a socios» como ERC «sería prevaricar». En su cuenta de Twitter, el dirigente popular se ha pronunciado así sobre la decisión del TS de no admitir el recurso de casación que la Generalitat presentó contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que ordenaba al Govern garantizar que el castellano sea la lengua vehicular, como mínimo, en el 25% de las materias, por lo que este fallo pasa a ser firme. «Sánchez debe exigir a la Generalitat que cumpla la sentencia en Cataluña con todos los instrumentos del Estado» ha escrito Casado y ha advertido al Ejecutivo: «incumplir esta resolución para contentar a sus socios sería prevaricar».

En la misma línea, la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha expresado que «ahora toca a Sánchez hacer cumplir la sentencia y defender el derecho de quienes quieren hablar y estudiar en español en su país». «Le emplazamos a ello, le obliga la ley», ha recalcado la diputada popular.

Por el contrario, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha acusado al Estado de perseguir la «sumisión lingüística» y de no querer la inmersión. En declaraciones a la prensa en la sede de JxCat, Borràs ha pedido «unidad» en la defensa del catalán y de la escuela catalana, que ha dicho que son los dos «pilares» del futuro de la sociedad.

En la misma línea, el presidente catalán, Pere Aragonès, ha dicho que la decisión del Tribunal Supremo es una «injerencia» y «una falta de respeto a los docentes». «El catalán en la escuela no se toca. El modelo de inmersión lingüística que tenemos es una garantía de cohesión social y de igualdad de oportunidades», ha declarado Aragonès, que ha subrayado también: «Decirle a la comunidad educativa que no delegaremos las responsabilidades en los maestros, en los docentes, en las profesoras y profesores, sino que las asumiremos como Govern para defender un modelo de garantía de cohesión y que tiene consenso».

El Tribunal Supremo no ha admitido el recurso de casación que la Generalitat presentó contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que ordenaba al Govern garantizar que el castellano sea la lengua vehicular, como mínimo en el 25% de las materias, por lo que este fallo pasa a ser firme. Así lo han informado en una rueda de prensa de urgencia el conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, y la titular de Cultura, Natàlia Garriga, que han denunciado «un nuevo ataque frontal de los jueces al sistema educativo catalán» y han asegurado no obstante que éste no supondrá ningún cambio en el modelo de inmersión lingüística.

Cambray ha lanzado así un mensaje de «tranquilidad» a los centros educativos y ha asegurado que esta nueva situación no supondrá «ningún cambio» en el sistema vigente: «El aprendizaje de las lenguas no va de porcentajes y menos cuando estamos en plena transformación educativa, que ha venido para quedarse», ha añadido.

El conseller ha criticado que «sea un juez quien determine de forma arbitraria el porcentaje de horas que son necesarias para aprender una lengua», algo que ve como «una anomalía y un menosprecio a los profesionales de la Educación». Cambray ha negado que haya un conflicto lingüístico en las escuelas catalanas y, en este sentido, ha asegurado que «desde 2005 solo 80 familias han pedido la escolarización en castellano».

También ha recordado que la Generalitat, tras detectar un descenso del uso social de la lengua catalana entre los jóvenes, ha puesto en marcha un plan precisamente para «reforzar el uso del catalán», algo que harán, ha señalado, «con firmeza, convicción y realismo». Garriga también ha denunciado «el ataque al modelo de inmersión lingüística» y ha explicado que esta tarde el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha convocado una reunión con todas las entidades educativas y culturales para trabajar una «respuesta conjunta».