¿Bachiqué?
© Samuii
Los centros educativos tendrán que ofrecer la totalidad de las materias y, en su caso, vías de cada modalidad. La ley mandata que, sólo se podrá limitar la elección de materias y vías por parte de los alumnos cuando hubiere un número insuficiente de los mismos, según criterios objetivos establecidos previamente por las administraciones educativas.
La medida es, a priori, acertada y adecuada para poder personalizar más y mejor los procesos de enseñanza y aprendizaje que el alumnado necesita y demanda en una sociedad cada vez más compleja, plural y diversa.
Siendo lo anterior cierto, a estas alturas del curso nos encontramos en la más absoluta incertidumbre al respecto de la nueva modalidad. A saber, o mejor dicho, a no saber:
- ¿Quién decidirá los centros en los que se impartirá esta nueva modalidad? ¿Será la planificación centralizada de la Administración educativa o serán los propios institutos en uso de su teórica autonomía organizativa regulada en el artículo 120.1 de la LOE, modificado por la Lomloe?
- El real decreto de ordenación y enseñanzas mínimas de Bachillerato, al día de hoy, no se ha publicado en el BOE, solo se dispone de un borrador del mismo. Por ello desconocemos tanto la arquitectura curricular de estas enseñanzas como su organización precisa (horarios, optativas, etc.) ¿Cómo se podrá planificar adecuadamente por parte de los equipos directivos y claustros el próximo curso la implantación del Bachillerato Lomloe si en el mes de marzo se desconoce los límites y márgenes legales para hacerlo? Cabe recordar que estos cambios en el bachillerato afectarán, en el curso 2022-23, al primer curso mientras que el segundo curso se mantendrá con el currículo Lomce.
- Esta nueva modalidad de Bachillerato, si nos la tomamos en serio, si se quiere realmente hacer viable, debería llevar implícita una necesaria modificación de dos normas básicas: el Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros y el Real Decreto 665/2015, de 17 de julio, por el que se desarrollan determinadas disposiciones relativas al ejercicio de la docencia. ¿Qué instalaciones y equipamientos mínimos serán necesarios para la implantación de esta modalidad? ¿Qué profesores podrán impartir las materias de esta nueva modalidad? ¿Con qué atribución docente?
- ¿Cómo afectará esta falta de previsión a los procesos de admisión del alumnado que se están llevando a cabo en estos momentos por parte de las sdministraciones educativas en las distintas comunidades autónomas y en las que están participando ya miles de alumnos y familias? ¿Se tendrán que paralizar? ¿Se tendrán que retrotraer? ¿Se tendrán que ampliar los plazos? ¿Se puede acertar en la elección de centro para cursar el bachillerato sin saber que modalidades ofrece?
- ¿Con qué recursos económicos se afrontará la progresiva implementación de estos cambios en el Bachillerato? ¿Disponemos de memoria económica que asegure los fondos para la necesaria ampliación de las plantillas y dotación de equipamientos?
Las administraciones educativas, ante la lentitud del Ministerio de Educación y Formación Profesional, tiene un problema evidente pues no pueden poner en marcha sus decretos de Bachillerato y su organización, pero también la excusa perfecta para parapetarse en su toma o falta de toma de decisiones sobre esta situación que afectará a miles de alumnos y familias.
Llegará septiembre y exigiremos que los IES estén bien organizados, con una planificación de las enseñanzas ordenadas, con unos criterios pedagógicos para designar tutorías, grupos y materias, con unos horarios aceptables y con unas programaciones didácticas no burocráticas. El Ministerio ha tenido más de un año para hacer sus deberes, pero, al parecer, un año es poco tiempo. Mientras en el mejor de los casos, uno o dos meses sí será tiempo más que suficiente para que los profesores y sobre todo los equipos directivos, lo concreten todo. Realismo mágico. Qué fácil es defender las utopías cuando las consecuencias de estas las sufren los demás.
Javier Fernández Franco es inspector de Educación