Los encausados por trocear contratos de obras en FP apuntan a altos cargos de Educación
Los dos directores de IES y el exsubdirector de Centros de Formación Profesional, Alfonso Mateos, están siendo investigados en relación con el troceo de obras en importes inferiores a 40.000 euros para supuestamente eludir la Ley de Contratos, una práctica que se realizó en al menos ocho centros madrileños. Tanto los directores como el exsubdirector general «han manifestado que no tenían competencia, ni desde luego los directores, ni para recibir el dinero, ni para implantar ciclos formativos, ni para ejecutar ningún tipo de gasto en obras», ha explicado la abogada de CCOO, Eugenia Alcántara. «Les llegaban unos conceptos por los que tenían que gastar un dinero que les era ingresado en la cuenta del instituto, con unas facturas y lo que hacían era ejecutar esas órdenes que les llegaban», según la abogada de la Federación de Enseñanza de CCOO.
En el BOCM figura «la estructura orgánica de la Consejería de Educación, quienes tienen las competencias para implantar los ciclos, ejecutar obras y la forma de ejecutarlas». En este caso, son «el director general de Infraestructuras, la Dirección de Área Territorial, que tenía interlocución directa con los centros y hacía las transferencias a las cuentas corrientes de estos», según la abogada. La autorización de los gastos de obras para implantar los ciclos correspondía a «la Dirección General de Infraestructuras, al consejero (que entonces era Enrique Ossorio) y a los interventores, tanto de la Consejería de Educación como de la Comunidad de Madrid», que son los «cuatro órganos que firman esas autorizaciones y esos expedientes».
Para proseguir la investigación «es necesario que comparezcan los órganos a los que han apuntado tanto la propia declaración de las tres personas que han comparecido este miércoles como los que figuran en el organigrama de la Consejería de Educación», según Alcántara. En concreto, han sido apuntados varios cargos, entre ellos el antiguo director general de FP –superior inmediato de Mateos–, una directora de Área territorial, una inspectora, el director general de Infraestructuras, dos interventores y el consejero en la época de los hechos.
La acusación popular en esta causa penal –CCOO, Podemos, Más Madrid y PSOE– «nos hemos ido personando de forma sucesiva, actuamos de manera coordinada para no repetir actuaciones y no paralizar la causa. Los partidos tienen motivación política, mientras CCOO busca defender a los funcionarios que, en este caso, son los directores», ha añadido a la salida del juzgado. Aunque «no somos sus abogados defensores, queremos esclarecer cómo se han realizado y quién ha ordenado la realización de esas obras y la ejecución de esos pagos. Que se esclarezca verdaderamente, no con las personas ahora investigadas porque excede absolutamente su capacidad y competencias», ha concluido.