Las familias de centros educativos especiales denuncian deficiencias en el transporte
El director general de Centros Docentes de la Coselleria, Jorge Cabo, ha señalado que la Conslleria se ha reunido en las últimas semanas con los centros educativos, las asociaciones de madres y padres (AMPA) y las empresas adjudicatarias del contrato de transporte escolar para abordar las incidencias comunicadas y se han valorado posibles soluciones dentro del marco que permite el contrato. Asegura asimismo que se está haciendo un seguimiento «exhaustivo» del servicio para garantizar que el transporte escolar se presta en condiciones de seguridad y calidad para el alumnado.
A la concentración de esta mañana se han sumado familiares de alumnos del CEE Profesor Sebastián Burgos, el CEE Ruiz Jiménez de València, el CEIP Blasco Ibáñez de Beniparrell, el CEE Virgen de Esperanza de Cheste, el CEE Carmen Picó de Alzira, el CEE Plano de la Mezquita de Xàtiva, CEE Encarnación de Torrent, el Rosa Llácer de Castellar así como centras encomenderos también afectados, como el CEIP Lluís de Santàngel y el IES El Salero. Han denunciando que el servicio de transporte «no garantiza el acceso seguro ni igualitario en la educación» y entre las «múltiples incidencias se encuentran la falta de plazas para todo el alumnado, autobuses con rampas en mal sitio, duplicidad de líneas y graves incumplimientos de horarios».
Asimismo, lamentan la «incertidumbre permanente» con la que conviven las familias, que «a menudo no saben si el autobús acudirá o si tendrán que llevar o recoger personalmente sus hijos e hijas» y denuncian asimismo «las precarias condiciones laborales de las trabajadoras del servicio». Ante esta situación, informan en un comunicado, exigen a la Conselleria que adopte medidas urgentes y rescinda el contrato con la empresa Monbus.
Recuerdan que el pasado curso ya advirtieron de que las sanciones «solo provocan una bajada todavía más grande en la calidad del servicio». «No puede ser que el alumnado continúe sin tener garantizado su derecho a la educación, especialmente cuando hablamos de rutas de transporte adaptado para el alumnado más vulnerable», advierten.
Consideran que «el colapso del transporte escolar no es solo un problema logístico, es un síntoma de un sistema que prioriza el ahorro económico por encima de los derechos de los alumnos». Por ello reclaman como «imprescindible» un cambio estructural que garantice la igualdad de oportunidades para todo el alumnado y defienden que esto pasa por una gestión pública, transparente y comprometida con la inclusión y la dignidad de todas las personas implicadas.
Comisión integrada
Por su parte, el director general de Centros docentes, Jorge Cabo, ha señalado que, con el objetivo de optimizar los canales de información acerca de la gestión y el control del servicio, se ha constituido una comisión integrada por representantes de los centros, las AMPA, las empresas adjudicatarias y la propia Administración. Dicha comisión, añade, trasladará de forma «coordinada y cercana» cómo se desarrolla el servicio.
En relación con los problemas detectados en algunas rutas gestionadas por la empresa Monbus, correspondiente al lote V5, derivados de la ausencia de monitores acompañantes, la Conselleria ha requerido formalmente a la empresa la documentación relativa a los contratos laborales del personal que realiza estas funciones, añade.
Recuerda por último que, según lo establecido en los pliegos y la normativa vigente, la responsabilidad del cumplimiento de esta obligación recae en la empresa adjudicataria, y que la reiteración de este tipo de incidencias podrá tener las consecuencias previstas en la legislación de contratación pública.