Más de 40.000 docentes catalanes responderán a un cuestionario sobre el uso de móviles en Secundaria
Esta evaluación se enmarca en el proyecto de revisión del uso de pantallas y dispositivos digitales en las aulas iniciado por el Departamento de Educación y Formación Profesional el pasado febrero, cuando también se constituyó la Comisión de expertos por una Digitalización Responsable en los Centros Educativos, ha informado la Generalitat. Actualmente, los móviles están prohibidos en primaria (de 6 a 11 años) mientras que en secundaria (de 12 a 16 años) su regulación depende de cada centro, aunque como norma general su uso está limitado dentro del aula solo a actividades pedagógicas y bajo supervisión del profesor.
El cuestionario está diseñado por el Instituto Catalán de Evaluación de Políticas Públicas (Ivàlua) y tiene como objetivo obtener una imagen de cuál es la regulación de los centros que imparten secundaria en cuanto al uso de los teléfonos móviles, ha informado el Departamento de Educación en un comunicado. Al mismo tiempo, el departamento quiere conocer cuál es la afectación de los dispositivos y de la regulación en lo que respecta al ambiente del centro y al rendimiento del alumnado. Por ello, en el cuestionario los más de 40.000 docentes y miembros de los equipos directivos de los centros de secundaria responderán a preguntas relacionadas con diferentes aspectos.
Por ejemplo, sobre qué actividades educativas se usan los móviles, frecuencia de uso, proporción de alumnos con dispositivo móvil personal, aumento o reducción de los incidentes relacionados con el uso indebido de los aparatos, posicionamiento ante una posible regulación más restrictiva y efectos en la convivencia en los centros o en el rendimiento del alumnado, entre otras cuestiones. En total son una treintena de preguntas que se pueden responder en unos 5 minutos, ha destacado Educación.
Además de la encuesta, Ivàlua está llevando a cabo una revisión de evidencias sobre los impactos de las regulaciones de los dispositivos móviles aplicadas en otros entornos. El objetivo es identificar cuál ha sido el impacto en el aprendizaje y en la convivencia en los centros educativos en países o regiones donde se han implementado y evaluado regulaciones similares, y recoger aprendizajes que puedan servir para la gestión de esta regulación.