Sánchez anuncia una ley que obligará a bajar las ratios y horas lectivas de los profesores

Además, ha recordado su compromiso de un programa de ayuda a las familias más necesitadas para la gratuidad total de la educación de niños de 0 a 3 años. Sánchez ha avanzado estas medidas tras visitar una escuela infantil municipal en la localidad madrileña de Getafe, acto en el que ha estado acompañado, entre otras autoridades, por la ministra de Educación y portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría; y el titular de Transformación Digital y líder de los socialistas madrileños, Óscar López.

Tras hacer hincapié en la apuesta de su Gobierno por la modernización del sistema educativo y citar medidas adoptadas en los últimos años tanto en la educación universitaria como la formación profesional, ha garantizado la decisión de continuar aprobando medidas en este ámbito. Todo ello, ha explicado, para permitir no solo poder encontrar en el futuro un puesto de trabajo, sino también «para que salgan con las herramientas necesarias para ser ciudadanos libres, autónomos, con libertad de criterio, de conciencia, que es lo que necesita una sociedad de valores, principios, solidaridad y responsabilidad». En línea con esa determinación es cuando se ha referido a una serie de demandas de los profesores, como las referidas a las horas lectivas.

La Lomloe ya fijó una recomendación sobre las horas lectivas de los maestros, y a lo que se ha comprometido este miércoles es a impulsar una ley en la que sea una obligatoriedad. Esta norma recogerá que las horas lectivas en aula de los profesores en educación primaria sea de 23 horas, mientras que para los de Secundaria y Bachillerato sea de 18. También impulsará la reducción de la ratio maestro/alumno y rebajará, según ha dicho, la carga burocrática.

Además de anunciar esa nueva ley, en su intervención ha concretado un compromiso que planteó en la Conferencia de Presidentes celebrada el pasado mes de junio en Barcelona. Ante los presidentes autonómicos, avanzó la puesta en marcha de un nuevo programa dotado con 175 millones de euros provenientes del Fondo Social Europeo Plus para garantizar el acceso a la Educación Infantil gratuita del alumnado de familias con rentas bajas. Sánchez ha concretado que será a partir del próximo curso cuando se pondrán en marcha esos programas de ayudas que ha recalcado que permitirá a las familias por debajo del umbral de la pobreza la educación totalmente gratuita de sus hijos de 0 a 3 años.

El presidente del Gobierno ha señalado que cuando accedió a la Moncloa constató que la etapa Infantil era una asignatura pendiente porque la tasa de escolarización de niños de 0 a 3 años era de las más bajas de la Unión Europea. Por eso ha recordado que, aun siendo una competencia autonómica, se pusieron en marcha 670 millones de euros para llegar en 2027 a las 65.000 nuevas plazas, y se ha llegado ya a las 42.000. «El Gobierno va a continuar en su apuesta por reforzar la educación pública, y lo hacemos no solo con leyes que traen dignidad y excelencia a nuestros niños y jóvenes, sino también –ha apostillado– con una apuesta decida por la calidad, la dignificación y el reconocimiento institucional, social y económico a todos los que participan en la comunidad educativa».

Los sindicatos de la enseñanza no universitaria se mantienen expectantes ante la nueva ley que el Gobierno quiere aprobar para reducir la jornada laboral lectiva de los docentes y mejorar sus condiciones laborales y han advertido que analizarán la «letra pequeña». El próximo martes los principales sindicatos que conforman la Mesa del Personal Docente no Universitario, CCOO, UGT, ANPE, CSIF y STES-Intersindical, retomarán las reuniones con el Ministerio para conocer la propuesta del Ejecutivo que pretende reducir la burocracia del docente, la temporalidad y sus condiciones de trabajo.

Una reunión que se produce después de que los sindicatos hayan anunciado movilizaciones ante la parálisis de la negociación del Estatuto del Docente, que comenzó en febrero con la creación de cuatro grupos de trabajo y apenas ha convocado cinco reuniones. Estos grupos deben negociar el nuevo Estatuto del Docente, pendiente desde 2007, y que contemplará las competencias del profesorado, sus jornadas laborales, el acceso a la profesión, la promoción, la jubilación parcial, las clasificaciones o los salarios.

De momento, el Ejecutivo se ha comprometido a blindar por ley el máximo de horas lectivas, que desde el próximo curso serán de un máximo de 23 en Primaria y 18 en Secundaria y Bachillerato, frente al mínimo de 25 horas de clase semanales en Primaria y 20 en Secundaria que se fijó durante el gobierno del expresidente del PP Mariano Rajoy, recuerda el Ministerio de Educación. «Analizaremos con detenimiento la letra pequeña de la propuesta de bajada de ratios y burocracia en el documento que se nos presentará el martes que viene en el Ministerio», señala a Efe el responsable de política educativa de STES-I, Fernando Villalba, que añade que en el tema de las horas lectivas «apenas afecta» puesto que todas las comunidades autónomas ya las han rebajado. Madrid y Galicia son las dos excepciones que no cumplen con el máximo legal que pretende el Ejecutivo, mientras que en Castilla-La Mancha ya las contemplarán en el curso 2026-27.

La CSIF, por su parte, ha pedido al Ministerio que «detalle las propuestas» y que «se impulse de una vez el Estatuto Docente». El presidente nacional de Educación del sindicato, Mario Gutiérrez, valora el anuncio del Gobierno pero afirma que «seguirá vigilante y se reserva todo tipo de acciones para lograr las mejoras que pide el profesorado». «El panorama educativo es preocupante. Por eso exigimos al Gobierno un pacto de Estado que mejore la educación pública y aporte estabilidad al sistema educativo», ha reclamado en un comunicado a los medios en el que pide subir la inversión educativa al 7% del PIB, aumentar las retribuciones del profesorado, una subida de niveles y una adaptación de los cuerpos docentes, entre otras medidas.