CICAE denuncia cuotas obligatorias; CECE defiende legalidad y libertad en la concertada

La publicación del décimo Estudio Nacional de Cuotas y Precios en Colegios Concertados ha reabierto el debate sobre la gratuidad de la enseñanza concertada. La Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) y la Asociación de Colegios Privados e Independientes (CICAE) han hecho públicas sus posiciones con enfoques abiertamente contrapuestos.

Mientras CECE defiende que «la escuela concertada es gratuita, cumple la ley y apuesta por la transparencia», CICAE denuncia que «el 83 % de los colegios concertados visitados cobra cuotas educativas, vulnerando el derecho a la gratuidad de la enseñanza».

El informe presentado por CICAE, elaborado con la metodología del mystery shopper, documenta situaciones en las que las familias deben afrontar pagos considerados por los colegios como voluntarios, pero que en la práctica serían obligatorios. «En el 69 % de los centros donde se cobra cuota, no existe una verdadera voluntariedad», denuncia el estudio.

En el 11 % de los centros visitados, CICAE detecta «prácticas de exclusión» hacia los alumnos cuyas familias no pueden asumir las cuotas. Estas situaciones llegan hasta el 29 % en algunos centros de la Comunidad de Madrid. Ejemplos recogidos en las entrevistas reflejan que «el niño entraría una hora después o saldría una hora antes», o que «no podría asistir a actividades esenciales del proyecto educativo».

La directora general de CICAE, Elena Cid, advierte que «el modelo de conciertos educativos se está desvirtuando», y alerta de la presencia creciente de entidades con ánimo de lucro en el sector. «Muchos colegios cobran cuotas obligatorias bajo conceptos educativos, vulnerando la gratuidad de la educación y fomentando la segregación escolar», afirma.

Por su parte, CECE sostiene que «las aportaciones son voluntarias y no condicionan la escolarización ni la evaluación». La organización empresarial insiste en que «los servicios y actividades no obligatorios se ofrecen con autorización administrativa, precios publicados y contratación libre por parte de las familias».

Ante las críticas vertidas por CICAE, CECE reclama «rigor y evidencia independiente ante informes de parte». A su juicio, «el contenido del informe no supone ninguna novedad respecto a años anteriores» y subraya que «la Inspección educativa realiza controles exhaustivos».

La confederación recuerda que «más de un millón de familias confían cada año en la concertada por su pluralidad de proyectos, su calidad educativa y las soluciones de conciliación que ofrece». En esa línea, defiende que «el concierto educativo protege los derechos de las familias independientemente de la titularidad del centro».

Uno de los puntos más controvertidos del informe de CICAE es la alusión a operaciones empresariales recientes en el sector. Elena Cid señala que «un ejemplo claro que evidencia que hay centros que se nutren de una doble financiación, pública y privada, es la reciente venta de ocho colegios del grupo Educare por 200 millones de euros». Esta transacción, asegura, «muestra una preocupante deriva hacia la mercantilización de un servicio que debería ser gratuito para las familias».

CECE, sin embargo, reivindica «la iniciativa privada y la colaboración público-privada» como parte de un modelo mixto que también existe en otros ámbitos como la sanidad o el transporte. «Lo relevante no es la forma jurídica del titular, sino el cumplimiento de la ley, la transparencia y los buenos resultados», afirma.

Según CICAE, uno de cada cuatro colegios que cobra cuota educativa no entrega hoja de precios, y en muchos casos, las familias tienen que insistir hasta cinco veces para obtener información clara. Además, un 41 % de los colegios de la Comunidad de Madrid con las cuotas más elevadas no muestran transparencia total en sus webs, pese a la normativa autonómica vigente.

El estudio también alerta de un uso «interesado» de la terminología. «Algunos centros cambian el término ‘actividades complementarias’ por ‘extraescolares’ o ‘aportaciones’, lo que implica un control y autorización diferente por parte de la administración», señala el informe.

Por su parte, CECE responde que «los servicios se ofrecen con precios publicados y contratación libre», y que «la normativa permite a las familias decidir libremente en qué participar».

También desde Escuelas Católicas se ha reaccionado al estudio de CICAE con un comunicado para aclarar los siguientes aspectos:

• Financiación insuficiente: según Escuelas Católicas, los colegios concertados realizan una labor esencial a pesar de que la financiación pública destinada a cubrir los gastos de funcionamiento sigue siendo insuficiente. Los módulos económicos que fija la Administración llevan años sin actualizarse conforme al coste real del puesto escolar, incumpliéndose la Disposición Adicional 29 de la LOE (actualizada y ampliada por la LOMLOE en 2020). El incremento presupuestario de los últimos años apenas cubre los gastos de personal docente, y deja fuera necesidades esenciales como los gastos necesarios de personal no docente, mantenimiento, suministros o renovación de instalaciones. Esta infrafinanciación genera un déficit estructural que obliga a congregaciones, fundaciones y entidades titulares a asumir gran parte de los costes.
• Aportaciones voluntarias, no cuotas obligatorias: las denominadas “cuotas” a las que aluden algunos estudios no son tales, prosigue Escuelas Católicas. Se trata de aportaciones voluntarias o donaciones, reconocidas por la ley, que permiten cubrir déficits estructurales y se reinvierten íntegramente en los fines propios de la entidad no lucrativa, como por ejemplo, en el mantenimiento, mejora y sostenimiento de los proyectos educativos elegidos libremente por las familias. Sin embargo, en ningún caso sustituyen a la financiación que debería garantizar el Estado.
• Legalidad y transparencia: las aportaciones voluntarias son legales conforme a la Ley 49/2002 de Mecenazgo y a la normativa educativa reguladora de los conciertos, insiste Escuelas Católicas. Además, los centros concertados están sujetos a un triple control financiero: por parte del consejo escolar de centro, de la Administración educativa y de la Intervención de Hacienda, lo que garantiza una gestión transparente y ajustada a derecho.
• Una red sin ánimo de lucro y con vocación social: los centros concertados son promovidos por congregaciones religiosas o fundaciones, es decir, entidades sin ánimo de lucro, cuyo único objetivo es ofrecer un proyecto educativo y social sólido, abierto y de calidad y la realidad de estos centros no tiene nada que ver con operaciones financieras puntuales de entidades mercantiles.
• Derecho constitucional y complementariedad: la Constitución Española, en su artículo 27, reconoce el derecho de las familias a elegir el modelo educativo que desean para sus hijos. La red concertada no es subsidiaria de la pública, sino complementaria, y ambas conforman el sistema sostenido con fondos públicos que garantiza el acceso a la educación en condiciones de equidad, concluye Escuelas Católicas.