Adversarios y próximos suspenden la gestión de Viciana
Como venimos informando, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cesado a su consejero de Educación en medio de la controversia generada por el proyecto de Ley de Universidades madrileña. La decisión se produce tras semanas de críticas por parte de rectores, profesorado y estudiantes, que cuestionaban tanto el enfoque como el alcance de la reforma impulsada por el Ejecutivo autonómico.
El relevo al frente de la Consejería llega en un momento de máxima tensión política y académica. La norma pretendía redefinir el marco de funcionamiento del sistema universitario madrileño, con especial incidencia en la financiación y en el papel de la iniciativa privada. Sin embargo, el proyecto no logró concitar el consenso esperado.
Desde el Ministerio de Educación, el secretario de Estado, Abelardo de la Rosa, en declaraciones a MAGISTERIO fue contundente al valorar la destitución. «El cese de un consejero es el fracaso de una política educativa universitaria de la Comunidad de Madrid que no ha llegado a satisfacer a la comunidad a la que sirve», afirmó.
Para De la Rosa, el foco no debe ponerse únicamente en la persona cesada, sino en el planteamiento de la norma. «La noticia no es el cese de un consejero, ha sido el fracaso de un proyecto de ley de la presidenta«, subrayó, insistiendo en que la iniciativa «no ha tenido el eco que la presidenta esperaba en los rectores, en el estudiantado y en el profesorado».
El secretario de Estado defendió la necesidad de garantizar estándares comunes en todo el sistema universitario español: «Nadie se tiene que alarmar porque queramos calidad en las universidades y porque queramos, sin restringir la iniciativa privada, que el estándar de calidad sea homogéneo».
Uno de los principales reproches del Gobierno central al proyecto madrileño se refiere a su impacto sobre la autonomía universitaria y la sostenibilidad financiera. Según De la Rosa, la propuesta «va a atacar la línea de flotación de la sostenibilidad financiera y de la autonomía universitaria«.
Al mismo tiempo, advirtió del riesgo de favorecer un crecimiento descontrolado del sector privado: «Va a potenciar indebidamente un crecimiento sin control de la iniciativa privada, es decir, de la mercantilización de grandes fondos de inversión que quieren hacer negocios, no universidades».
Estas declaraciones inciden en uno de los ejes centrales de la polémica: el equilibrio entre la iniciativa privada y la garantía de un servicio público de calidad. Mientras el Ejecutivo madrileño defendía la apertura y la flexibilidad del sistema, diversos sectores académicos alertaban de una posible desregulación excesiva.
La búsqueda de una nueva consejera abre ahora un escenario incierto. Para el secretario de Estado, el cambio supone «un reconocimiento de que ese proyecto de ley no estaba bien encaminado». No obstante, mostró escepticismo sobre un posible giro de fondo: «Me temo que seguiremos igual, porque lo que está fallando no es el consejero, es el proyecto».
Con el cese consumado, la Comunidad de Madrid deberá decidir si mantiene el rumbo de la reforma universitaria o si opta por redefinirla para recuperar el diálogo con rectores, docentes y estudiantes. En cualquier caso, la crisis deja una conclusión compartida incluso por sus críticos: la política universitaria madrileña atraviesa uno de sus momentos más delicados de los últimos años.
Desde los órganos de gobierno de la propia Universidad Rey Juan Carlos, próxima políticamente a la Comunidad de Madrid, también han llegado valoraciones poco complacientes con la gestión del ya exconsejero: «No ha conseguido liderar el ecosistema educativo madrileño. El sistema es muy complejo y con muchísima resistencia a cualquier cambio. Creo que Viciana ha tenido ideas y dedicación, pero no ha tenido la habilidad social, equipo ni apoyo institucional para hacer los cambios que él quería».
Desde la otra esquina ideológica, representada por la escuela concertada, también han surgido críticas al trabajo del consejero durante su mandato. En concreto, desde Escuelas Católicas de Madrid consideran que no logró establecer un marco de entendimiento sólido con el sector.
«No ha sido capaz de negociar e introducir pacíficamente medidas propuestas desde arriba, como la introducción del primer ciclo de la ESO en los colegios de Primaria o la limitación del uso de pantallas. Le ha faltado habilidad política para transmitir medidas que pueden resultar controvertidas, incluso aunque sean positivas como estas dos mencionadas», señalan fuentes de la organización.
Más aún, desde este ámbito subrayan que «la escuela concertada no le debe nada a Viciana», en una valoración que refleja la distancia mantenida durante estos años entre parte del sector y la Consejería.
En la misma línea, la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) tampoco ha interpretado su salida como una mala noticia. «Era una situación un tanto extraña que esperamos que se normalice», apuntan desde la organización, dejando entrever que el relevo podría abrir una nueva etapa de mayor estabilidad en la interlocución con la Administración.