'Los hijos no son del Estado': un informe denuncia desigualdades y asfixia normativa en Educación

La Fundación NEOS ha hecho público el informe, adelantado por MAGISTERIO, ‘Los hijos no son del Estado. Informe sobre la libertad de enseñanza en España’, un documento de 62 páginas que recorre, de principio a fin, el estado actual del sistema educativo español desde la perspectiva de la libertad educativa.

El trabajo, elaborado por Luis Peral, Fernando Lostao, Ana del Pino y Javier Martínez-Fresneda, cuenta además con la colaboración de numerosas personalidades del sector educativo como Rosa Visiedo, rectora de la Universidad CEU San Pablo; José Antonio Poveda, secretario regional de Escuelas Católicas de Madrid; Fernando Fernández, presidente de UCETAM; Ignasi Grau, director general de OIDEL; o Alfonso Aguiló, presidente de CECE, entre otros.

NEOS se define como «un movimiento de la sociedad civil que pretende influir decisivamente en el debate cultural y político», defendiendo los fundamentos cristianos articulados en cuatro ejes: Vida y Familia, Libertad basada en la Verdad, Identidad de Occidente y España Nación. La iniciativa ha sido impulsada por Jaime Mayor Oreja y María San Gil.

Desde el prólogo, firmado por Elio Gallego, el informe sostiene que la libertad de enseñanza atraviesa «un franco retroceso» en España. La proliferación normativa —ocho leyes orgánicas en 45 años— ha convertido la educación en un espacio de pugna ideológica y ha impedido la consolidación de una política de Estado estable, según los autores.

El documento analiza el concepto de libertad de enseñanza, su fundamento constitucional —artículo 27 de la Carta Magna— y su protección en tratados internacionales. Además, se estudia el impacto de la LOMLOE, abordando críticas a la eliminación de la «demanda social», la posición de la Religión en el sistema y la creciente intromisión estatal en cuestiones tradicionalmente reservadas a la autonomía de centros y familias.

Uno de los apartados más críticos del informe es el dedicado a la distribución del alumnado en enseñanzas de régimen general por comunidades autónomas. Según los datos recogidos, el 66,9% de los alumnos están matriculados en centros públicos, el 24,8% en concertados y el 8,3% en privados.

Sin embargo, esta media nacional esconde disparidades interterritoriales profundas: el País Vasco alcanza cerca del 48% de alumnado en la red concertada, mientras que Castilla-La Mancha o Canarias apenas superan el 15%. Madrid y Navarra apuntan también a porcentajes elevados, en contraste con regiones donde la red pública queda prácticamente como única opción de escolarización.

El informe considera que «el derecho de elección del centro docente por los padres no está igual de garantizado en todas las comunidades autónomas», denunciando que estas diferencias, lejos de responder a criterios objetivos, derivan de decisiones políticas que han suprimido la expansión de la red concertada en ciertas zonas.

Especial relevancia adquiere el apartado sobre la cesión de suelo dotacional para centros educativos. El documento argumenta que tras la última reforma, «se privilegia a los centros públicos frente a los concertados en la cesión de solares municipales».

La supresión de la posibilidad, recogida en la LOMCE, de convocar concursos públicos para construir centros concertados en suelo público supone, a juicio de NEOS, un cambio de paradigma que genera inseguridad jurídica y limita el crecimiento de la red concertada, fundamentalmente en sectores de expansión demográfica donde el acceso a suelo es clave.

El informe dedica un capítulo relevante a la financiación de la enseñanza concertada, poniendo el foco en la partida de «otros gastos». Entre 1997 y 2022, la brecha entre el incremento del IPC y el aumento de dicha partida no ha dejado de crecer.

Mientras el IPC acumulado desde 1997 hasta 2022 experimenta un crecimiento muy superior, la partida de «otros gastos» crece a menor ritmo e incluso se estanca o disminuye. El informe resalta: «El Estado se gasta aproximadamente el 12% de todo lo que invierte en educación en el 25% de los alumnos», lo que supone una diferencia importante en el gasto público por alumno entre concertados y públicos.

La insuficiencia del módulo de otros gastos ha obligado a los centros concertados a depender de las aportaciones voluntarias de las familias para sufragar costes ordinarios de funcionamiento, situación que, según NEOS, deriva en una infrafinanciación sistemática de este modelo educativo.

El informe dedica varios apartados a otros retos estructurales. Uno de ellos es la creciente carga burocrática impuesta a los centros y a los equipos directivos. Esta tendencia, según NEOS, resta autonomía pedagógica y dificulta la labor de los docentes.

Asimismo, se denuncia el acoso y derribo a los colegios de educación diferenciada por sexos y a los centros de educación especial, a los que el informe atribuye un papel imprescindible en un sistema diverso e inclusivo, pero que estarían viéndose erosionadas por políticas uniformizadoras.

El informe enfatiza también la importancia del respeto a la pluralidad ideológica y religiosa, apostando por un modelo educativo que garantice la libre elección de centro y la presencia de la Religión escolar en condiciones equiparables a otras materias.

Por último, el texto revisa la participación de la sociedad civil en la conformación del sistema educativo. NEOS aboga por blindar, con rango de ley, los derechos de las familias como primeros responsables en la educación de sus hijos y por reforzar los cauces de voz social frente a la primacía estatal.

El informe concluye con un decálogo de diez recomendaciones prioritarias, entre las que destacan: garantizar la libre elección de centro y el respeto a la demanda social, reforzar la Alta Inspección Educativa, clarificar el reparto competencial mediante una ley de bases, asegurar la presencia del español como lengua vehicular, fomentar mayor autonomía y pluralidad en los centros, equiparar la asignatura de Religión, revisar los currículos para evitar el adoctrinamiento, apostar por la excelencia, actualizar la financiación de la escuela concertada —con especial atención al módulo de otros gastos— y, finalmente, promover un Pacto de Estado que estabilice el marco jurídico de la educación española.

Para NEOS, «divulgar y comunicar la gravedad de la cuestión de la libertad de enseñanza» es una prioridad absoluta. El informe se presenta, así, como un llamamiento a abrir un debate de fondo sobre el modelo educativo español y a recuperar, en palabras de sus autores, «espacios de libertad» en el sistema.

Luis Peral, Ana del Pino y Javier Martínez‑Fresneda, autores del informe de la Fundación NEOS, defienden en esta entrevista la libertad educativa, la derogación de la LOMLOE y el papel esencial de los padres frente al intervencionismo estatal.

P ¿Por qué afirmáis que la libertad de enseñanza está en franco retroceso en España?

R Porque las oportunidades no son las mismas en todo el territorio. No es comparable pedir plaza en una concertada en Madrid o en Extremadura: allí solo el 19 % de los alumnos están en centros concertados frente al 35 % madrileño. Esa desigualdad territorial vulnera un derecho fundamental. Además, la ley Celaá (LOMLOE) refuerza la red pública como único garante del derecho a la educación, pero limita el ejercicio real de esa libertad para las familias.

P OIDEL sitúa a España bien en libertad educativa frente a otros países. ¿Cómo encaja eso con vuestro diagnóstico?

R Puede parecer así en los rankings, pero el problema es interno: la enorme disparidad entre comunidades. Hemos retrocedido. Cuanta más libertad existe, mejor calidad educativa se logra. Apostar por la diversidad de modelos escolares es apostar por la excelencia.

P El informe habla de una “hiperregulación” que asfixia la autonomía de los centros. ¿En qué lo notáis?

R En la inestabilidad normativa. En 45 años hemos tenido cuatro leyes orgánicas distintas. Esa sucesión constante demuestra falta de confianza hacia el profesorado. Donde debería haber innovación y libertad, hay rigidez burocrática. Los docentes pueden convertirse en simples ejecutores. Cuanta más normativa, menos margen para innovar.

P Algunos argumentan que ciertos centros no desean más autonomía.

R Tal vez, porque se han acostumbrado a un sistema reglamentado, pero eso no debe justificarlo. Reivindicamos confianza en los docentes y libertad para que cada escuela defina su modelo. En el Reino Unido, por ejemplo, las City Academies mostraron que la autonomía, unida a buenos liderazgos, puede transformar entornos vulnerables.

P Decís que el actual modelo curricular persigue una homologación ideológica…

R Sí. Hay una evidente marginación de humanidades y filosofía, y una lectura sesgada de la Historia. Es un empobrecimiento cultural e intelectual: se priva al alumno de la visión crítica que solo ofrecen las humanidades.

P El informe se titula “Los hijos no son del Estado”. ¿Qué significa exactamente?

R Reivindicamos que los padres son los principales custodios de la educación de sus hijos. No son propiedad de nadie, pero desde luego no del Estado. Trece tratados internacionales reconocen el derecho de los padres a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos.

P ¿Qué aspectos de la LOMLOE consideráis más dañinos?

R Eliminar el criterio de demanda social, marginar la religión e ignorar el español como lengua vehicular. Además, la ley impone la escuela pública como modelo preferente y debilita la concertada. Es una norma que reduce al mínimo la capacidad de elección de las familias.

P ¿La asignatura de Religión está en peligro?

R Sí. No se garantiza su enseñanza cuando se solicita ni se ofrece una alternativa espejo. Se ha minimizado su valor cultural e histórico. No se puede entender el Museo del Prado sin entender la religión. Su desaparición empobrece nuestra comprensión del arte, la historia y la identidad común.

P ¿Y el recorte de filosofía y humanidades?

R Es gravísimo. Sin pensamiento crítico y bases éticas, el sistema genera ciudadanos más vulnerables intelectualmente. La filosofía es la raíz del juicio moral y de la libertad.

P ¿Puede haber verdadera libertad educativa en la escuela pública? ¿Apoyáis el pin parental?

R Debe haber más libertad, y sí apoyamos el pin parental en casos concretos. Si una actividad impartida por terceros vulnera las convicciones familiares, los padres deben poder objetar. Es una medida de protección, no de censura.

P ¿La concertada se ha vuelto subsidiaria de la pública?

R Totalmente. El modelo dual se ha roto. La infrafinanciación genera cuotas voluntarias que limitan el acceso libre. Si la gratuidad no es efectiva, la libertad desaparece. Proponemos que los módulos de financiación se actualicen conforme al IPC.

P ¿Defendéis el cheque escolar?

R No. En países como Suecia ha provocado desigualdad social. Preferimos eliminar barreras antes que crear nuevas. Los incentivos fiscales, como las desgravaciones implantadas en Madrid, sí nos parecen una vía justa para favorecer la elección.

P ¿Es posible un pacto de Estado por la educación?

R Debería serlo, pero mientras no llegue, pedimos una ley de bases que fije mínimos estables. No se puede paralizar el sistema esperando un consenso permanente.

P ¿Los padres deberían elegir la lengua vehicular?

R Sí. Es un derecho coartado en varias comunidades. Las familias deben poder escoger libremente, sin imposiciones lingüísticas.

P ¿Y el papel de la sociedad civil?

R Debe movilizarse. NEOS trata de despertar conciencia sobre la importancia de la libertad educativa. Si los partidos no lo priorizan, la iniciativa debe venir desde abajo, desde familias y asociaciones.

P ¿Dónde se sitúa ideológicamente NEOS?

R No somos un movimiento partidista. Nos inspiramos en principios cristianos y humanistas. Nos sentimos cerca en valores de PP y VOX, pero actuamos como plataforma cultural. Queremos aportar ideas, no votos. En el patronato conviven sensibilidades diversas con un objetivo común: fortalecer la libertad educativa como bien social.

P ¿Percibís un cambio social hacia valores más tradicionales?

R Sí, absoluto. Creemos que el péndulo ha tocado fondo y la sociedad reclama normalidad y sentido común. Los excesos ideológicos han generado agotamiento. La gente quiere una educación libre, plural y basada en el respeto. El aumento del malestar juvenil o el auge de la confusión moral reflejan esa crisis de referentes.