Isabel Martínez Lozano: "La educación o es inclusiva o no es educación"
El primer tramo de la charla es hacia la actualidad política universitaria. Martínez Lozano encuadra el momento como una etapa de transformaciones profundas, con la LOSU removiendo estructuras y tensiones entre autonomías y universidades. Su lectura es más institucional que partidista, pero no por ello menos exigente: en territorios con un ecosistema universitario tan denso como Madrid, sostiene, una norma autonómica debería nacer con consenso universitario. Cuando “no hay ningún rector o rectora de acuerdo”, dice, algo no se ha hecho bien.
Aquí emerge una idea que atraviesa toda su intervención: el derecho no se garantiza solo con el articulado, sino con financiación sostenida. Vincula la inclusión —intérpretes, apoyos, unidades de atención a la diversidad— a la disponibilidad de recursos. En otras palabras: se puede legislar mucho, pero si no se dota, la inclusión corre el riesgo de quedarse en buenas intenciones.
En el debate sobre públicas y privadas, evita la caricatura. No compra el discurso de que “sobran” universidades y propone mirar comparativas y ratios, pero coloca una línea roja: que el sistema público no se devalúe. A lo privado le exige lo mismo que a lo público: excelencia y calidad. Y, sobre todo, advierte del daño silencioso que provocan los títulos sin valor real, cuando estudiantes invierten ahorros en credenciales que luego no computan ni en empleo público ni en el mercado.
Cuando la conversación entra en el viejo choque “centro ordinario versus educación especial”, Martínez Lozano elige una fórmula contundente: «la educación o es inclusiva o no es educación». Lo argumenta desde el derecho universal, pero también desde la evidencia: se aprende más en entornos heterogéneos que en grupos segregados, afirma, y rechaza que el debate se convierta en una guerra de identidades.
Su referencia histórica es María Montessori, presentada no como mito pedagógico, sino como alguien que observó, ajustó métodos y demostró que los resultados cambian cuando cambia la forma de enseñar. Y, al mismo tiempo, reconoce una necesidad: hacen falta centros de referencia y apoyos especializados para situaciones complejas. La clave, según su enfoque, está en el modelo: no se trata de “eliminar” recursos, sino de reorganizarlos para que el sistema sea capaz de educar a todos.
El ejemplo que utiliza para aterrizarlo es el de la ONCE: de colegios específicos a centros de recursos que acompañan la escolarización ordinaria. En su explicación, ese tránsito fue posible y mejoró indicadores, lo que le sirve para apuntalar una tesis: la inclusión no es un acto de fe, es un proceso de diseño institucional.
Para ampliar este debate con mirada de aula, puede leerse también «Estrategias para la inclusión educativa de estudiantes con autismo», un enfoque práctico que conecta con la idea de adaptar metodologías y apoyos.
La entrevista se desplaza después a dos brechas que, en discapacidad, suelen ser una sola: la digital y la tecnológica. Martínez Lozano recuerda el trabajo de Fundación ONCE en una guía elaborada a petición del Ministerio para orientar la transformación digital en las aulas, con un principio rector: la tecnología que se incorpore debe ser accesible desde el origen. Si no lo es, advierte, se expulsa a alumnado del aprendizaje y, más tarde, del empleo.
Sobre inteligencia artificial, no cae en el alarmismo, pero tampoco en la ingenuidad. Reconoce usos valiosos para discapacidades sensoriales —voz, subtitulación, guiado— y, al mismo tiempo, alerta del punto crítico: la IA discrimina por sesgo si los datos, los parámetros o los objetivos son normotípicos. El riesgo mayor que señala es el empleo: procesos de selección automatizados que filtran perfiles y pueden dejar fuera, aún más, a un colectivo ya castigado por cifras de ocupación inferiores.
La última parte de la conversación aterriza en un asunto que Martínez Lozano considera ineludible: la salud mental y el aumento de la discapacidad psicosocial. Aporta un dato interno para dimensionarlo: en los programas de becas y apoyo que gestionan, aproximadamente un 20% del alumnado presenta este tipo de discapacidad. Y eso, explica, “cambia todo”, porque obliga a repensar acompañamientos, ritmos y herramientas.
En ese contexto entra el debate sobre pantallas y redes. No se define como anti tecnología, pero sí sostiene que hay evidencia de perjuicios cuando no hay control: peor rendimiento y peores habilidades comunicativas. Sobre la idea de limitar redes a menores (como se plantea en distintos países), su postura es clara: si una actividad genera adicción y malestar, hay que acotar su impacto en el desarrollo.
