La deuda invisible con las adolescencias centroamericanas

“Tengo cuatro años sin ir a la escuela… ahora le ayudo a mi mamá en todo, a mi hermanita con las tareas. Me levanto a desayunar, de ahí ordeno la casa, cuido a los animales, les doy de comer. También cocino para toda la familia”. El testimonio de Daniela, 14 años, no es un caso aislado; es la crónica de un derecho suspendido por el peso de la supervivencia en El Salvador, Guatemala y Honduras, donde la vida de miles de jóvenes se ha convertido en una espera que consume su futuro.

La evidencia es demoledora: para estas adolescencias, la movilidad humana no es solo un cambio geográfico, es el fin de su trayectoria escolar. Las cifras son un grito de auxilio: menos de la mitad de los adolescentes completa la secundaria en Honduras y Guatemala, y apenas un 60% lo logra en El Salvador. Esta «crisis silenciosa» está alimentada por la violencia generalizada, la pobreza estructural y el riesgo extremo ante emergencias climáticas.

En este escenario, las mujeres enfrentan una barrera doble. Las normas de género restrictivas y las cargas de cuidado familiar, como las que describe Daniela, las expulsan del aula mucho antes que a sus pares varones. La exclusión no es solo falta de educación; es una falla sistémica que se manifiesta en la ausencia de apoyo psicosocial y en la rigidez de normativas que exigen documentos imposibles de recuperar tras una huida desesperada.

Desde la coalición española de la Campaña Mundial por la Educación (CME), liderada por Ayuda en Acción, Educo, Entreculturas, Madre Coraje y Plan International, defendemos que la educación es un derecho fundamental, no un privilegio que se pierde en tiempos de crisis. Sin embargo, la respuesta global sigue siendo indignante: mientras más de 234 millones de menores viven afectados por crisis prolongadas, la Educación en Emergencias (EeE) recibe apenas el 3% de la ayuda humanitaria mundial. Este abandono se agrava con el retiro abrupto de fondos clave, como la pausa en la cooperación de USAID, que pone en riesgo programas vitales justo cuando la vulnerabilidad es extrema.

¿Cómo romper este ciclo? No basta con la acción humanitaria de emergencia; necesitamos que los Estados asuman su liderazgo para articular la ayuda inmediata con el desarrollo —construyendo sistemas resilientes— y con la promoción de la paz, convirtiendo la escuela en un espacio de protección capaz de frenar ciclos de violencia.

Garantizar que jóvenes como Daniela vuelvan al aula es una exigencia de justicia. Para ello, los Estados y la comunidad internacional deben asumir compromisos valientes:

• Destinar al menos el 10% de la ayuda humanitaria a la educación.
• Asegurar sistemas de identificación y registro integrados que sigan la trayectoria del estudiante, para que su aprendizaje no se detenga en la frontera por falta de papeles.
• No podemos estigmatizar a los y las adolescentes por haber tenido que huir o por haber asumido responsabilidades de cuidado. Su educación no puede estar determinada por un código postal.

Invertir hoy en la adolescencia no es solo justicia educativa; es una inversión estratégica en la estabilidad de Centroamérica. No podemos permitir que el futuro de una generación se pierda entre las tareas del hogar y el miedo al mañana. La educación no puede esperar más. Lo prometido es deuda.

• Mariluz Aparicio es coordinadora de la coalición española de la Campaña Mundial por la Educación.

Accede al informe  “Educación negada, futuros truncados: adolescencias en movilidad ante la emergencia educativa en Centroamérica”, presentado hoy en el Congreso de los Diputados por la Coalición Española de la Campaña Mundial por la Educación (CME), liderada por las ONG Ayuda en Acción, Educo, Entreculturas, Madre Coraje y Plan International.