Meta, en el punto de mira por la protección de menores
La presión judicial sobre Meta ha dado un salto decisivo en Estados Unidos. Un jurado de Nuevo México ha concluido que la empresa conocía los riesgos a los que se exponen los menores en Facebook, Instagram y WhatsApp, pero no actuó con la diligencia necesaria para informar de ellos ni para frenarlos, favoreciendo con ello su propio crecimiento. La cuantía fijada asciende a 375 millones de dólares y convierte el caso en uno de los golpes más severos que ha recibido la compañía de Mark Zuckerberg en materia de protección infantil.
El fallo no solo castiga una conducta concreta, sino que abre una puerta simbólica a nuevas reclamaciones. Según la versión del jurado recogida por la prensa estadounidense, Meta habría ocultado información sobre la exposición de menores a la explotación sexual en sus plataformas y habría dejado sin respuesta medidas de protección que, en opinión de la acusación, eran perfectamente posibles. El caso fue impulsado por la Fiscalía general de Nuevo México, que llevaba años sosteniendo que las redes de la compañía se habían convertido en un espacio especialmente vulnerable para los depredadores.
La resolución llega además en un contexto en el que el debate sobre el impacto de las redes en la infancia ha dejado de ser teórico. Los jueces y el jurado han asumido que la localización de menores por parte de potenciales delincuentes resulta alarmantemente sencilla y que ese riesgo puede tener efectos graves en la salud mental de los niños y adolescentes. La lectura de fondo es clara: ya no basta con apelar a la neutralidad de la plataforma cuando el diseño del servicio también forma parte del problema.
Apenas unas horas después, otro tribunal, esta vez en California, ha sumado un segundo aviso para el gigante tecnológico. En ese procedimiento, un jurado ha considerado que Meta y YouTube fueron responsables del daño sufrido por una joven usuaria al crear y alimentar una relación de dependencia con las redes sociales. La parte demandante sostenía que la menor empezó a usar YouTube con apenas seis años e Instagram con nueve, y que ese consumo terminó afectando a su sueño, a su autoestima, a su rendimiento escolar y a su vida social.
La coincidencia temporal de ambas sentencias refuerza la idea de que Meta entra en una fase de riesgo legal sostenido. En el caso de California, el jurado señaló que tanto Meta como YouTube sabían que sus plataformas podían resultar peligrosas para un menor y que no advirtieron adecuadamente de ese peligro. En el entorno de la compañía, la respuesta ha sido la misma que en otras ocasiones: desacuerdo con el veredicto y voluntad de recurrir.
Más allá de la multa, el asunto importa porque puede actuar como caso bisagra. Los tribunales de Estados Unidos están empezando a poner precio jurídico a un problema que durante años se discutió en el terreno de la ética, la educación y la salud pública. Si se consolidan estas resoluciones, la batalla ya no será solo reputacional: también podrá ser económica, regulatoria y política, con una presión creciente sobre el modelo de negocio basado en captar y retener la atención de los menores.
El debate, por tanto, no se limita a Meta. También interpela a escuelas, familias y legisladores, que llevan tiempo alertando de los efectos de la exposición temprana a las pantallas y a alfabetización digital más rigurosa. En Magisterio, esta preocupación ya se ha abordado en piezas como la influencia negativa de las redes sociales en los menores, un tema que vuelve ahora con fuerza a la primera línea informativa.
Por ahora, Meta insiste en que recurrirá, pero el mensaje que sale de los tribunales es nítido: la protección de la infancia ha pasado de ser una promesa corporativa a convertirse en un examen judicial de primer orden. Y este, a la vista de lo ocurrido en Nuevo México y California, podría ser solo el primero de muchos.