Un profesor del Colegio de Fomento El Prado es apartado por presuntos abusos a menores

Según informa el portal de información religiosa Infovaticana, los hechos tuvieron lugar hace aproximadamente dos años durante un campamento de verano de un Club Juvenil del Opus Dei en el barrio de Mirasierra. Tras informar a las familias, la dirección de ese colegio privado del grupo Fomento de Centros de Enseñanza, ha apartado al profesor de sus funciones y puso el caso en conocimiento de la Policía, que lo está investigando. Se trata de un colegio bilingüe no mixto, solo para chicos, que se ubica en Mirasierra y ofrece Primaria, Secundaria y Bachillerato.

Infovaticana destaca la respuesta «inmediata y contundente» del colegio, mediante la separación del docente y la comunicación directa a las familias y a las autoridades, lo que refleja «una intervención orientada a la protección del menor y a la depuración de responsabilidades desde el primer momento, sin priorizar la contención del impacto mediático».

Desde la Consejería de Educación indican que la Inspección Educativa está en contacto con este centro privado para supervisar las medidas adoptadas por su dirección para garantizar la protección y seguridad de sus alumnos.

Cruzando los datos de la Fiscalía General del Estado, el Ministerio del Interior y organismos de protección a la infancia, se estima que en España se registran al año entre 35 y 55 denuncias por abusos sexuales de profesores a alumnos, una cifra que representa menos del 1% del total de denuncias por delitos sexuales a menores.

Según las memorias de la Fiscalía (2024-2025) y los balances de criminalidad, en España se interponen anualmente entre 10.000 y 11.000 denuncias en las que la víctima es un menor de edad. Los estudios de prevalencia indican que alrededor del 1,3% al 2% de los abusos sexuales a menores ocurren en el ámbito escolar, lo que se traduce en unos 130 a 200 casos anuales dentro de centros educativos.

Sin embargo, dentro de esos episodios registrados en colegios, la mayoría (un 60-70%) corresponde a agresiones entre alumnos (iguales), mientras que los casos en los que el agresor es un profesor o personal del centro suponen una fracción notablemente menor, estimada en torno al 0,3% – 0,5% del total nacional de denuncias relativas a menores. Así, las cifras finales arrojan un intervalo de entre 35 y 55 denuncias anuales a nivel estatal por abusos sexuales cometidos por educadores.

A pesar de la gran alarma social que algunos casos generan, es importante comprender varios factores:

• Criba de antecedentes: Desde 2016, en España es obligatorio presentar el Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual para trabajar con menores, lo que actúa como un filtro preventivo particularmente eficaz en el sistema educativo reglado.
• Protocolos LOPIVI: La Ley de Protección a la Infancia (2021) ha endurecido los protocolos en los centros escolares. Actualmente, cualquier sospecha suele derivar en la apertura inmediata de un expediente, aunque no todas las actuaciones desembocan en una denuncia penal o condena.
• La «cifra negra»: Al igual que sucede en otros tipos de delitos sexuales, existe una evidente infra-denuncia. Algunos estudios subrayan que, en el contexto docente, estos abusos pueden tardar años en salir a la luz debido al miedo o la asimetría de poder entre víctima y agresor.

Para dimensionar el problema, es clave compararlo con otros ámbitos donde se producen abusos:

• Entorno familiar: La familia (padres, padrastros, tíos) acumula cada año más de 4.500 denuncias por abusos a menores.
• Entorno digital: Los casos de grooming y acoso a través de redes sociales ya superan los 2.000 al año y muestran una tendencia creciente.

Aunque los casos protagonizados por docentes adquieren gran relevancia mediática, en términos estadísticos el profesor es uno de los perfiles menos frecuentes entre los agresores, representando menos del 1% del total de denuncias anuales por agresiones sexuales a menores según la Fiscalía.