Madrid pide al Ministerio de Educación que regule la ratio de niños en escuelas infantiles
Así lo expresa la consejera en la misiva, fechada este lunes, en la que también pide a la ministra que convoque a la Conferencia Sectorial para que las comunidades y el Gobierno central puedan «trabajar juntos en la mejora de las condiciones de estas profesionales en toda España». Tras recordar que Madrid fue la primera comunidad en establecer la gratuidad de estas escuelas y poner en marcha ayudas específicas, con un aumento del 57% en los módulos de financiación, Zarzalejo considera «difícil entender la actitud pasiva del Ministerio ante los problemas que afectan al primer ciclo de infantil», especialmente las condiciones laborales.
Con la aprobación de la Lomloe en 2020, el Gobierno central «decidió reservarse expresamente la regulación de este ciclo», según el artículo 14.7 que atribuye al Gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas, la regulación de los requisitos de los centros que lo imparte, incluida «la relación numérica alumno-profesor, las instalaciones y número de puestos escolares». Seis años después, esta regulación «sigue sin existir», añade la consejera que considera «especialmente grave» que, mientras el Ministerio impulsa un anteproyecto de ley para regular ratios y condiciones educativas, haya «dejado al margen al primer ciclo de infantil, pese a tratarse de un ámbito que corresponde al Gobierno central».
La propia ley orgánica evidencia «esta falta de desarrollo» al prever que, mientras no se dicten las nuevas disposiciones reglamentarias, sigan siendo de aplicación las normas vigentes. En el caso de la Comunidad de Madrid, ello obliga a mantener vigente el decreto 18/2008, de 6 de marzo, que regula los requisitos mínimos de los centros que imparten educación infantil. Aunque hay «voluntad de aclarar y atender las necesidades del sector, Madrid está «condicionada a la respuesta del Ministerio, ya que la Comunidad no puede modificar unilateralmente esta normativa» sin vulnerar el reparto competencial de la Lomloe.
A esta falta de desarrollo normativo se añade, continúa la consejera, una «actitud institucional desleal que está generando confrontación en la calle», continúa Zarzalejo en alusión a la huelga indefinida de las educadoras que comenzó el 7 de abril acompañada de concentraciones y protestas. Por eso, la consejera pide a la ministra «que paralice la tramitación y aprobación en el Consejo de Ministros del proyecto de ley», y convoque la mejor brevedad posible la Conferencia Sectorial de educación y aborde estas cuestiones junto con las comunidades.
Por otra parte, las educadoras de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI), que se concentraron este lunes para pedir mejoras salariales al Ayuntamiento de Madrid, han logrado el compromiso de reunirse con el concejal delegado de Políticas Sociales y Familia, José Fernández Sánchez, que sin embargo ha descartado aplicar mejoras antes de 2028, cuando vencen los convenios vigentes. Ataviadas con camisetas amarillas, varias decenas de educadoras protestaban a la entrada de la comisión de Políticas Sociales en la Plaza de la Villa para reclamar «salarios dignos», arropadas por ediles del PSOE y Más Madrid, y con la portavoz de PLEI Rosa Marín al frente, la cual ha podido asistir a la comisión con otros miembros de la plataforma.
La comisión empezó con un tono bronco, después de que el delegado José Fernández afeara que la edil de Más Madrid, Ana Carolina Elías, que vestía una camiseta amarilla, había animado a las educadoras a «increparle» cuando él entraba en el edificio, lo que elevó el tono de las intervenciones, aunque al final las educadoras se acercaron a Fernández que se comprometió a fijar una cita para reunirse con PLEI. «Tenemos una fecha para una posible reunión con ellas», ha dicho el delegado del área tras criticar la «polarización» y el hecho de que Elías animara a las manifestantes a «increparle», y que tanto esta edil como su compañera Lucía Lois lucieran camisetas amarillas.
Fernández ha recalcado que el Ayuntamiento cumplirá la ordenanza municipal en esta materia, aprobada por el Gobierno de Manuela Carmena. «Cumpliremos los pliegos de condiciones, los pliegos de cláusulas administrativas y el convenio colectivo de las trabajadoras», ha dicho sobre los convenios vigentes. La nueva escuela infantil que se licitará, la número 77, en la calle Francisco Ramiro del distrito de Salamanca, «se hará conforme a los nuevos pliegos». Pero, para las actuales, el propio Convenio «fija un periodo de transición para la aplicación hasta 2028, que será cumplirá por parte del Ayuntamiento», según Fernández.
Los convenios «no son competencia del Ayuntamiento», sino «una negociación de trabajadores con empresas y luego con el sello del Ministerio de Trabajo», por lo que «tienen que pedir cuentas a la ministra de Trabajo», dijo. El delegado insiste en que se reunirá con PLEI, pero no hará «falsas promesas». Las mejoras salariales «no se aplicarán hasta 2028», salvo en los nuevos pliegos, ya que los artículos 10-15 de la ordenanza fija en cinco años la duración de los convenios.
Según la edil socialista María Caso, el pasado jueves la Junta de Gobierno prorrogó «varios contratos de escuelas infantiles» durante dos años más, «dejando de pagar un total de 7.163 euros a las educadoras en dos años, es decir 288 euros menos al mes en el curso 2026-27, y 223,5 euros al mes en el curso 2027-28». Unas cantidades que el Ayuntamiento «se ahorra» hasta 2028 y que supondrían una mejora salarial importante a las educadoras que cobrar 1.100 euros netos al mes, por lo que el PSOE pide «convocar nuevos pliegos ya en 2026».
Igualmente, edil de Más Madrid, Lucía Lois, asegura que la ordenanza «no estipula una duración de cinco años», sino de tres años con la posibilidad de dos años de prórroga, por lo que pide convocar nuevos pliegos con las mejoras desde este año. Lois ha detallado que en el mandato de Manuela Carmena se abrieron 14 escuelas infantiles y se dejaron tres proyectadas, por lo que «dieciséis escuelas infantiles lleva el sello de Manuela Carmena, frente a solo tres en seis años de mandato del PP».



