¿Subvencionar el puente aéreo o arreglar las vías? Sobre la concertación del Bachillerato

El Gobierno de Aragón ha aprobado que, a partir del próximo curso, el Bachillerato (una etapa no obligatoria) pasará a formar parte del sistema de conciertos educativos. No se trata, por tanto, de un esquema de becas o ayudas puntuales, como los ensayados en otras comunidades, sino de una decisión estructural: financiar con fondos públicos, de manera estable, la oferta de centros privados también en esos dos años posteriores a la ESO. La justificación oficial, además de su inclusión en el programa electoral, apela a la continuidad del alumnado en su centro, a la “demanda social” y a la necesidad de evitar que muchas familias afronten un salto económico difícil de asumir al terminar la enseñanza obligatoria. Argumentos reconocibles, por otra parte, para cualquiera que haya seguido medidas similares, con otro formato, en territorios como la Comunidad de Madrid o la Comunidad Valenciana. Allí se ha optado por becas o deducciones; aquí, por el concierto directo. Cambia el instrumento, pero la lógica es similar. No se trata, quiero aclararlo, de cuestionar la libertad de elección de centro ni la legitimidad de la enseñanza concertada y de la privada, que forman parte de nuestro sistema educativo desde hace décadas. El problema es otro.

En el programa del PP de Aragón iba también la promesa de concertar el 0-3, pero esto tendrá que esperar un poco más. Y, en todo caso, hay que introducir aquí una distinción fundamental. No es lo mismo hablar del primer ciclo de Educación Infantil, también no obligatorio pero donde la red pública sigue siendo insuficiente en muchas lugares, que del Bachillerato, donde, en términos generales, la oferta pública cubre la demanda e incluso empieza a sobrar capacidad en nuestro contexto de desplome demográfico. En el primer caso, la colaboración público-privada se podría justificar allí donde hubiese necesidades objetivas de acceso: sería la forma más rápida de asegurar, de un curso para otro, el acceso a plazas sin obligar a las familias a asumir costes de entre 400 y 600 euros mensuales. Sin embargo, en el segundo caso del Bachillerato, cuesta más defender que estemos ante un problema de acceso a plazas: de hecho, no lo hay. Y, sin embargo, aquí estamos: ampliando la financiación pública de la oferta privada en una etapa donde ya existe una cobertura más que suficiente. No para garantizar un derecho inexistente, sino para facilitar económicamente una elección. Y cuando se decide sufragar con fondos públicos una preferencia privada en un ámbito donde ya está garantizado el acceso universal (a diferencia de lo que ocurre en otras etapas, como Primaria o la ESO, donde la red pública no podría absorber de inmediato a todo el alumnado concertado), no se están ampliando derechos: se reasignan recursos. Recursos que, inevitablemente, dejan de destinarse a reforzar la red pública existente. Y añadiría algo más. Que una parte de las familias prefiera una opción no obliga, sin más, a financiarla con dinero público. Convertir la preferencia en criterio de gasto es una forma de populismo educativo: en lugar de mejorar el servicio cuya calidad es responsabilidad de la administración, se opta por subvencionar la salida de los insatisfechos. Pero gobernar no es eso. Gobernar es hacerse cargo de lo que depende de uno y hacerlo lo suficientemente sólido y atractivo como para que pueda ser elegido libremente por muchos más.

Se dirá, y con razón, que existe una demanda social detrás. Familias de clase media que desean que sus hijos continúen en el mismo centro concertado donde cursaron la ESO, pero que no pueden asumir el coste del Bachillerato no concertado. Es cierto. Pero la pregunta relevante no es si esa demanda existe, sino por qué existe. ¿Huye la gente por capricho? ¿Por esnobismo? ¿Por prejuicio ideológico? Sería cómodo pensarlo, pero es falso. La huida, porque en muchos casos es exactamente eso, responde a problemas reales en muchos centros públicos, y es, por tanto, una decisión comprensible desde el punto de vista de las familias. Problemas que muchos profesores conocen bien y que rara vez trasciendan más allá de conversaciones discretas en salas de profesores de todo el país.

Ante ese diagnóstico, caben dos caminos. El primero, más exigente, pasa por abordar esos problemas de raíz (arreglar las vías): invertir donde hace falta, reforzar plantillas, repensar modelos organizativos y reconstruir la confianza en la red pública. El segundo, más inmediato y políticamente rentable (subvencionar el puente aéreo), consiste en facilitar un camino de salida a quienes tienen mayor capacidad de presión, suavizando el coste de abandonar (o no entrar) en la red pública. La concertación del Bachillerato en Aragón pertenece claramente a esta segunda categoría. Como lo son, con otro diseño, las becas o deducciones fiscales en otras comunidades. Son respuestas distintas a un mismo fenómeno: en lugar de corregir las causas que erosionan la confianza en la red de centros públicos, se opta por financiar sus alternativas. Y así, el problema que origina la huida permanece intacto.

Se dirá también que arreglar los problemas de fondo es caro. Y lo es. Pero hay que preguntarse si no estamos ya gastando mucho y si no está resultando ya muy caro seguir sin arreglarlos. Cada euro destinado a sostener esta suerte de huida hacia adelante es un euro que no se invierte en fortalecer los institutos que acumulan dificultades. Y en un contexto en el que el margen fiscal es limitado (pagamos más impuestos que nunca), no parece sostenible seguir ampliando compromisos de gasto que no abordan el origen de los problemas. Y es que la metáfora ferroviaria no es nada exagerada. Hay tramos del sistema educativo que llevan tiempo dando señales de avería. Los maquinistas (los profesores) y los interventores (los equipos directivos de los institutos), lo vienen advirtiendo estos últimos años. Ignorar esas señales y limitarse a facilitar que algunos pasajeros abandonen el tren y pagarles el puente aéreo, no va a hacer que las vías se arreglen. Y es una quimera pensar que una vía deteriorada solo afectará a quienes se quedan en los trenes: siempre termina comprometiendo el conjunto del sistema.

El debate no es si debemos ayudar a determinadas familias a pagar un Bachillerato privado. La cuestión de fondo es si aceptamos que la respuesta a los problemas de la red pública consista sistemáticamente en financiar su alternativa, en lugar de asumir la responsabilidad de corregirlos. Arreglar la educación pública es caro y poco vistoso, como lo es mantener las vías frente a inaugurar nuevas líneas de alta velocidad. La libertad de elección puede y debe existir. Pero la responsabilidad de garantizar la calidad del sistema público no es delegable y persistir en no arreglar lo que ya no funciona es, en realidad, la opción más costosa. Porque una vía rota siempre admite reparación, mientras que lo que resulta mucho más difícil de revertir es el deterioro de un sistema al que se le permite fallar en lugar de exigirle que funcione. Y ese es un precio que terminaremos pagando todos durante décadas (hayamos elegido lo que hayamos elegido para nuestros hijos).

Dra. Bianca Thoilliez es profesora Titular de Teoría de la Educación. Universidad Autónoma de Madrid