Titulares de centros privados expresan "reservas significativas" ante la "falta de definición" del proyecto de ley de ratios
La organización considera que, aunque los objetivos de mejora del sistema educativo son compartidos, las medidas planteadas generan incertidumbre y pueden agravar las diferencias entre redes educativas si no se abordan con rigor y diálogo.
En relación con la reducción de la jornada lectiva del profesorado en la enseñanza pública, Escuelas Católicas advierte de que esta medida, que no se aplica a la enseñanza concertada, amplía la brecha en las condiciones laborales entre docentes, alejándose del principio de analogía recogido en la legislación. Además, subraya que esta decisión implicará un incremento del gasto público sin que todavía se haya dado a conocer su memoria económica, lo que genera dudas sobre su impacto en los presupuestos autonómicos. De hecho, varias comunidades autónomas ya han expresado su preocupación por la falta de un análisis en profundidad y por la precipitación en su implantación.
En cuanto a la reducción de ratios en la enseñanza obligatoria, Escuelas Católicas recuerda que esta medida debe ir necesariamente acompañada de financiación suficiente, tal como establece la normativa vigente. Asimismo, lamenta que el texto legal no incluya una mención expresa a los centros sostenidos con fondos públicos, ya que esta precisión habría reforzado la seguridad jurídica del conjunto de la norma. El rechazo de esta propuesta en el seno del Consejo Escolar del Estado ha dejado sin aclarar el alcance real de la nueva regulación.
Respecto al resto de enseñanzas, Escuelas Católicas alerta de que una eventual reducción de ratios en etapas no obligatorias, especialmente en centros privados no concertados, podría comprometer seriamente su sostenibilidad económica y afectar al derecho de creación de centros reconocido en la Constitución. Reducir por ley la capacidad de las aulas, sin mecanismos compensatorios, puede suponer un impacto directo en los ingresos difícilmente asumible por las instituciones educativas.
Por todo ello, la organización insiste en la necesidad de diferenciar entre el consenso en los fines y el consenso en los medios. Aunque existe acuerdo en la mejora de la calidad educativa, no ocurre lo mismo con los términos concretos del proyecto. Escuelas Católicas señala que el respaldo actual se concentra principalmente en organizaciones del profesorado, mientras que los titulares de centros han expresado reservas significativas ante la falta de definición y las posibles consecuencias de las medidas.
Asimismo, EC propone explorar alternativas pedagógicas complementarias, como la codocencia (trabajo conjunto de dos profesores en el mismo aula), que permitan mejorar la atención al alumnado, fomentar el trabajo colaborativo y reducir la carga docente sin necesidad de una reducción generalizada de ratios.
Igualmente, para alcanzar los fines planteados por el MEFPD, sería necesario incluir otras medidas demandadas ampliamente, como el aumento de ratio de los orientadores en las etapas obligatorias. La compleja situación personal, familiar y de desarrollo madurativo de muchos alumnos, está provocando el colapso en la función orientadora y derivando tareas en el profesorado.
Finalmente, Escuelas Católicas considera imprescindible que una reforma de esta magnitud cuente con el acuerdo efectivo de las administraciones autonómicas, un calendario de implantación realista y una memoria económica detallada que garantice su correcta aplicación. Sin estos elementos, advierte, la ley corre el riesgo de quedarse en una declaración de intenciones difícilmente aplicable en la práctica.