Educación ofrece una subida salarial progresiva de hasta 200 euros al mes a los sindicatos

Tras más de nueve horas y media de negociación, Educación ha presentado una nueva propuesta a los sindicatos presentes en la Mesa Sectorial –STEPV, UGT, CCOO, CSIF y ANPE– que incluye una subida de 75 euros mensuales en 2026, 75 euros más en 2027 y 50 euros más en 2028, lo que supondría un total de 200 euros al mes. El sindicato STEPV ha señalado que, pese al incremento retributivo y otras medidas incorporadas en este último documento, «hace falta más concreción en temas como las plantillas» y ha criticado que Educación haya incorporado como medida el desarrollo de la Ley de Libertad Educativa, que «rechazan frontalmente».

UGT ha pedido continuar hablando el próximo miércoles con esta última propuesta como «punto de partida» de la negociación y CSIF, por su parte, ha informado que mañana martes tomarán una decisión sobre si firman o no este acuerdo, al igual que ANPE, que ha agradecido que se haya recogido «parte de las 111 propuestas presentadas por el sindicato» y ha asegurado que consultarán con sus órganos consultivos «tal y como se recoge en los estatutos». Por su parte, CSIF ha informado de que mañana martes, sobre las 10 horas, tomarán una decisión sobre si firman o no este acuerdo y si suspenden la huelga indefinida.

Algunos acercamientos de posturas

En la primera propuesta de Conselleria, de seis folios con ocho puntos, realizada a los sindicatos sobre las 16 horas, la subida salarial era de 120 euros en el complemento específico autonómico para 2027 (60 euros en enero y otros 60 en julio de ese mismo año), lo que los representantes sindicales habían calificado de insuficiente. En esta «propuesta definitiva», Conselleria también se compromete a la negociación para la implantación de días de libre disposición para los docentes, así como el reconocimiento del derecho a la desconexión digital del profesorado.

Asimismo, Educación y los sindicatos de docentes han acercado posturas en algunos puntos de la propuesta y la administración se ha comprometido a abordar la reducción de ratios en mesas de trabajo continuas, la revisión de la orden de plantillas y una mesa para conocer la situación de las infraestructuras de los centros, entre otras medidas.

Mesas de trabajo continuas

La negociación de las ratios ha concluido con el compromiso de la Conselleria de constituir mesas de trabajo continuas para estudiar la reducción en función de las disponibilidades presupuestarias y una mesa técnica para estudiar los desdoblamientos de Formación Profesional. Una línea roja para los sindicatos es el punto de las plantillas de docentes, en el que Educación ha planteado seguir avanzando en la revisión y actualización de los anexos del Orden de Plantillas, una compensación de horas del equipo directivo de Primaria y un plan de sustitución anticipada en esa etapa educativa, que asignará «entre medio maestro y un maestro adicional como recurso, disponible desde el 15 de septiembre hasta el final de la actividad lectiva».

Por otra parte, la Conselleria ha aceptado la convocatoria de una mesa inmediata monográfica –antes de que acabe el curso– para conocer el estado de los centros, las obras menores y mayores y los planes de climatización, con especial atención a la reconstrucción de los centros educativos afectados por la dana. Sobre el valenciano, el nuevo documento propone el desarrollo de la Ley de Libertad Educativa, mientras que el punto de inclusión educativa añade como novedad la atención al alumnado de las enseñanzas de Régimen Especial a través de las UECO y, respecto a la FP, incluyen información en la Mesa Sectorial a partir del curso 2026-27.

Por su parte, los equipos directivos de centros educativos públicos han asegurado que dimitirán de forma «colectiva, coordinada y pública» si la Conselleria no presenta una propuesta «escrita, seria y suficiente» y compromisos verificables para acabar con la huelga indefinida del profesorado. Esta «medida extrema» se tomaría como último recurso en caso de que no prospere la actual negociación entre Educación y los sindicatos convocantes de la huelga iniciada el pasado día 11, según consta en un manifiesto conjunto que firman, tras reunirse en asamblea en Picanya (Valencia), «equipos directivos en defensa de la educación pública valenciana» que abarca todo tipo de centros educativos, de todas las etapas y estamentos.

Los firmantes se comprometen a «promover, si no hay una respuesta suficiente, nuevas medidas de presión coordinadas, proporcionadas y colectivas, incluida la dimisión coordinada de los equipos directivos como medida extrema, hasta la resolución» de las reivindicaciones planteadas por los sindicatos y plataformas convocantes (como STEPV, CCOO, UGT, CSIF y ANPE). «Reclamamos a la Conselleria de Educación que deje de ganar tiempo y presente una propuesta escrita, seria y suficiente, con compromisos verificables sobre las principales reivindicaciones planteadas. Si no hay una respuesta suficiente y un acuerdo real, las direcciones y el resto de miembros de los equipos directivos avanzaremos hacia una dimisión colectiva, coordinada y pública, como medida extrema para denunciar una situación que ya no podemos normalizar», anuncian.

A su juicio, la situación es «cada vez más insostenible para la educación pública» y por ello denuncian que el sistema educativo valenciano «soporta carencias estructurales, sobrecarga burocrática, insuficiencia de recursos y una respuesta claramente insuficiente por parte de la Conselleria ante necesidades que afectan directamente a alumnado, profesorado y familias». «Esta movilización no responde a intereses particulares ni corporativos. Reclama mejoras reales para el conjunto del sistema educativo», añaden para defender que los equipos directivos han «sostenido los centros en situaciones límite: pandemia, falta de personal, cambios normativos constantes, emergencias e infrafinanciación, pero la responsabilidad no puede continuar convirtiéndose en resignación».

Asimismo, rechazan «cualquier intento de confrontar profesorado y familias: defender mejores condiciones educativas es defender también el derecho del alumnado a una atención de calidad. Cuando la educación pública se debilita, pierde toda la sociedad». Los equipos directivos exigen a la Conselleria una negociación «real, leal y efectiva, con compromisos concretos», calendarizados y con presupuesto suficiente, pues la educación pública valenciana necesita «soluciones estructurales, no declaraciones vacías».

«Nuestra voluntad no es abandonar los centros», señalan, sino «defenderlos» porque conocen «la realidad de las aulas» y se deben al alumnado, a las familias y al profesorado, y por ello insisten en exigir a Educación «responsabilidad, diálogo y acuerdos».