"No somos docentes de primera y de segunda": USO carga contra el proyecto de ley de reducción de jornada
La tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley que fija límites básicos a la jornada lectiva docente ha abierto un nuevo frente con la enseñanza concertada. USO ha cargado contra el texto al considerar que consolida un sistema de desigualdad laboral dentro de los centros sostenidos con fondos públicos y ha puesto el foco en una exclusión que, a su juicio, no tiene justificación política ni pedagógica.
El sindicato habla sin ambages de una «discriminación inaceptable» del Gobierno y resume su posición en una consigna que quiere convertir en bandera: «No somos docentes de primera y de segunda». La crítica se dirige a que el proyecto rebaja la jornada lectiva en la pública —23 horas en Infantil, Primaria y Especial, y 18 en Secundaria y el resto de enseñanzas— mientras mantiene en la concertada las 25 horas semanales para todo el profesorado.
USO rechaza además la versión del Ministerio sobre el supuesto respaldo unánime del Consejo Escolar del Estado. Según la organización, ese apoyo existió porque el dictamen incluía de forma expresa la inclusión de la concertada en la reducción horaria, una mención que —según denuncia— el Gobierno ha terminado ignorando. En ese sentido, el sindicato sostiene que no puede hablarse de una mejora real de la profesión docente si se deja fuera a una parte del profesorado que realiza el mismo trabajo.
La tensión no se queda en la denuncia. USO ya ha activado una campaña de recogida de firmas, canalizada a través de «tambienconcertada.es», y avisa de que no descarta intensificar las movilizaciones si la tramitación parlamentaria no corrige el texto. El sindicato insiste en que la medida solo tendrá sentido si se aplica a todos los centros sostenidos con fondos públicos y si se acompaña de una actualización urgente de la financiación de los conciertos educativos.
La polémica llega justo cuando el Congreso ha acordado tramitar la iniciativa por procedimiento de urgencia y con competencia legislativa plena en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes. El plazo de enmiendas finaliza el 13 de mayo de 2026, en una ley que también fija una reducción de ratios y que el Gobierno presenta como una mejora general del sistema educativo. USO, sin embargo, ha decidido poner el acento en el conflicto laboral que, a su juicio, nace ya en el propio diseño de la norma.
Como telón de fondo, la patronal sindical de la concertada quiere dejar claro que la batalla no es solo técnica, sino también simbólica. A su juicio, aceptar una reforma que mejora las condiciones de unos docentes y excluye a otros supondría consagrar una igualdad educativa a dos velocidades. Y en ese terreno, la amenaza de movilizaciones se convierte en la principal palanca de presión para intentar forzar cambios antes de que avance la ley.