Los programas de inclusión mejoran “la satisfacción con la vida” de los alumnos, según Fundación ONCE y el CSIC

La mejora del sentimiento de inclusión fue el hallazgo que marcó la jornada desde el primer momento. El informe presentado por Fundación ONCE y el CSIC confirma que, tras la intervención, el bienestar y la satisfacción con la vida del alumnado con discapacidad se multiplican, mientras que el alumnado sin discapacidad también registra avances, sobre todo en atención e hiperactividad. Lo más relevante, además, es que ningún indicador muestra retroceso en ninguno de los dos grupos.

La investigación evaluó un programa experimental de promoción socioeducativa de infancia con discapacidad en dos colegios públicos de Albacete durante el curso 2024-2025. En total participaron 110 estudiantes, de los que 12 tenían discapacidad y 98 no. El equipo del Instituto de Economía, Geografía y Demografía del CSIC trabajó con una batería de indicadores antes y después de la intervención, con una tasa de datos válidos muy alta y una pérdida de información mínima, lo que refuerza la solidez del análisis.

Entre los datos más llamativos destacan dos. Por un lado, la satisfacción con la vida del alumnado con discapacidad mejora de forma muy notable, hasta el punto de ser la cifra que más sorprendió a los investigadores. Por otro, el alumnado sin discapacidad también mejora sus resultados socioemocionales, especialmente en atención e hiperactividad, lo que confirma una de las grandes ideas del estudio: intervenir para incluir no solo beneficia a quien recibe apoyos específicos, sino que eleva el clima del conjunto del aula.

La tabla de resultados también deja otra lectura importante. En el grupo sin discapacidad se aprecia una mejora significativa en dificultades totales y en atención/hiperactividad, mientras que en el grupo con discapacidad las mejoras más intensas se observan en la relación con el profesorado y en la satisfacción con la vida. En otras palabras, la intervención no se limita a amortiguar problemas: activa mejoras concretas y medibles en dimensiones que suelen ser difíciles de capturar.

En la apertura de la jornada, el vicepresidente de Fundación ONCE, Alberto Durán, defendió que la organización quiere contribuir a una auténtica cultura de impacto en el sector social. Su idea central fue clara: no se trata solo de producir informes, sino de convertir la evidencia en decisiones mejores. «No venimos únicamente a presentar unos resultados», resumió, antes de subrayar que el reto es lograr que la evidencia genere mejores decisiones y que esas decisiones mejoren la vida de las personas en lo concreto.

Durán insistió en que la evaluación, lejos de ser un trámite accesorio, forma parte del aprendizaje y de la mejora de las intervenciones. Su mensaje se alineó con la lógica del proyecto: medir, corregir y avanzar para no depender de intuiciones, sino de realidades contrastadas.

El investigador científico del CSIC Héctor Cebolla fue quien más se detuvo en los resultados. Explicó que el valor del estudio está en que saca la educación de la caja convencional del rendimiento académico y pone el foco en el bienestar infantil como condición previa para aprender mejor. «Siempre es mejor medir regular que ir a ciegas», dijo, al reivindicar una evaluación rigurosa, pero también útil y comprensible para quienes tienen que aplicar sus conclusiones.

Cebolla reconoció que, al empezar, temía que el impacto fuera escaso, pero el resultado le sorprendió por su alcance. Subrayó tres ideas clave: que los programas mejoran también el rendimiento socioemocional del alumnado sin discapacidad; que el hallazgo más llamativo es la mejora en la satisfacción con la vida del alumnado con discapacidad; y que el proyecto demuestra que la inclusión bien diseñada beneficia al conjunto del entorno escolar. En su lectura, los programas generan un suelo más fértil para que después funcionen mejor las intervenciones educativas más ligadas al aprendizaje.

La secretaria general de Inclusión, Elena Rodríguez, puso el foco en la traslación de la evidencia a la política pública. Recordó que no basta con que una evaluación esté bien hecha: tiene que llegar a tiempo, ser comprensible y, sobre todo, ser viable económica y políticamente. En su intervención, alertó de que ese paso no siempre es sencillo en el contexto actual, con unos presupuestos prorrogados y un Gobierno que necesita apoyos parlamentarios para sacar adelante sus decisiones.

Rodríguez defendió que la administración sí debe apoyarse en evidencia rigurosa, pero también en evidencias más amplias, construidas a partir de la experiencia, la práctica y el conocimiento acumulado. «La evaluación no puede quedarse en un cajón», vino a decir, y reclamó que las recomendaciones incluyan propuestas concretas que permitan convertirlas en políticas reales. También subrayó que el objetivo es que los resultados sirvan para orientar decisiones públicas con impacto tangible en las aulas y en las familias.

La moderadora del coloquio, Ana Sastre de Fundación ONCE, aportó una lectura muy práctica del informe. Señaló que, aunque se trata de un trabajo muy denso, sus resultados ofrecen una base sólida para seguir avanzando, y recordó que PISA no desagrega datos sobre discapacidad, de modo que este tipo de estudios llenan un vacío imprescindible. Para Sastre, la información más valiosa apunta a un lugar concreto: la vida escolar fuera del aula, donde se juega una parte decisiva del bienestar emocional.

Su intervención dejó una idea especialmente útil para el debate educativo: la inclusión no empieza ni termina en el aula ordinaria, sino en todo el ecosistema escolar. Por eso, insistió en que el informe marca un punto de arranque y abre la puerta a seguir afinando intervenciones, indicadores y formas de medir lo que realmente importa.

La crónica de la jornada deja, en suma, una certeza difícil de discutir: cuando la inclusión se evalúa bien, los resultados aparecen y la escuela gana.