La madre de una víctima de acoso escolar racista dice que "confía en la justicia"
La vista se celebra a puerta cerrada en el Juzgado 34 de lo Mercantil por decisión de la jueza al tratarse de un caso de menores de edad. Está previsto que declaren ocho testigos (personal docente y familiares de la menor) y tres peritos, y serán escuchadas diversas grabaciones de menores implicados en el caso, han señalado fuentes judiciales.
Se trata de un juicio contencioso-administrativo entre un particular y la Administración en el que se debe decidir la responsabilidad civil de la Comunidad de Madrid ante los protocolos de acoso escolar que se debieron llevar a cabo en el centro público al que acudía la menor, han explicado las mismas fuentes.
Se trata de un juicio contencioso-administrativo entre un particular y la Administración en el que se debe decidir la responsabilidad civil de la Comunidad de Madrid
Petra, la madre, ha explicado que cuando su hija era alumna del centro «Cardenal Herrera Oria» de la capital «la aislaban socialmente, la acorralaban en los patios, se metían con su físico, su color, su olor, su piel», le decían que «nadie la quería» y «le tiraban balones al estómago en gimnasia».
La familia explica que pidieron la apertura de un protocolo de acoso en el colegio, pero que a los pocos días se «desestimó el acoso» indicando que solo había sido «un conflicto leve».
«Mi hija está pasando por el proceso, como todo niño» ante un caso similar, ha dicho Petra, quien ha lanzado una campaña en las redes sociales con la etiqueta #suspensoalRACISMO, para visibilizar el acoso escolar de tinte xenófobo en las aulas.
"Mi hija está pasando por el proceso, como todo niño" ante un caso similar, ha dicho Petra, quien ha lanzado una campaña en las redes sociales
La Inspección Educativa de la Comunidad de Madrid tardó casi diez meses en tener conocimiento del caso de acoso escolar racista. Lo ha criticado el letrado de la familia de la menor, Pedro Manuel González, a la salida del juicio contencioso administrativo celebrado este martes entre la familia y la Comunidad, en el que han declarado ocho testigos (personal educativo y familia) y tres peritos (dos psicólogas y una pediatra).