La CIG gana la segunda sentencia sobre los despidos en Celga

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) le ha dado de nuevo la razón al sindicato CIG-Ensino con una segunda sentencia que declara nulo el despido de una profesora que impartía cursos Celga. El TSXG ha vuelto a rechazar el recurso presentado por la Xunta, confirmando la sentencia de instancia e imponiendo a la Xunta los costes por una cuantía de 600 euros, en iguales términos que la anterior.

Según la CIG, “la actitud represiva y persecutoria de la Consellería con este personal es obvia y así lo declaran las dos sentencias”. Textualmente dichas sentencias recogen lo siguiente: “Queda evidenciada la propia existencia de la represalia y esto en el caso de autos se vuelve más que evidente pues la Xunta de Galicia decidió precisamente cambiar el sistema de cursos de Celga en el momento en que las reclamaciones de laboralidad de los profesores Celga estaban empezando a tener acogida y decidió cambiarlo, precisamente para dejar fuera a aquel profesorado Celga que se veía beneficiados por la denuncia sindical”.

La CIG-Ensino, junto con el profesorado que impartía cursos Celga, ha presentado 52 demandas por despido y lleva ganadas 28 sentencias, 22 por despido nulo y seis por improcedentes, estando pendientes el resto. Según el sindicato, “hasta el pasado año 2014, cerca de 200 profesores venían impartiendo, cada año, cursos preparatorios para los Celga, pero la Secretaría General de Política Lingüística nunca estableció relación laboral con este profesorado, ni le hacía contrato ni le daba de alta en la Seguridad Social.; no tenía derecho a la baja por enfermedad o accidente laboral, no tenía derecho a las vacaciones, ni a la prestación por desempleo ni tampoco tenía este tiempo cotizado para la jubilación; es decir, no tenía ningún derecho laboral reconocido en el Estatuto de los Trabajadores”.

Ante esta situación, en marzo de 2013, la CIG y los docentes afectados presentaron una denuncia en la Inspección de Trabajo de La Coruña, que les dio de alta de oficio en la Seguridad Social por el tiempo trabajado con cuatro años de retroactividad, del 2009 al 2013. En aquel momento, la CIG presentó denuncia en el resto de las inspecciones de trabajo que resolvieron en el mismo sentido que la de La Coruña.

Costes del conflicto
Según el sindicato, “la Secretaría General, en lugar de asumir las propuestas de la Inspección de Trabajo, despidió a todo este profesorado”. Esta situación llevó a la CIG-Ensino a iniciar las demandas de despidos con los afectados en los diferentes juzgados de lo social. Las sentencias obligaron a readmitir a los docentes en el puesto de trabajo y a pagarles los salarios de trámite por los cursos que les correspondía impartir en el 2014, cuestiones que rectifica ahora el TSXG. El coste de este conflicto para la Administración, si sumamos las cotizaciones y las multas, puede superar el millón de euros y puede incrementarse con las costas del TSXG.

“La nueva sentencia, confirma, una vez más, la actuación totalmente inaceptable, represiva e ilegal de la Consellería de Educación con un colectivo que ha estado explotado y al que se le ha negado sus derechos laborales más básicos”, señala Anxo Louzao, secretario general de CIG-Ensino.

El responsable de este sindicato exige al nuevo conselleiro, Román Rodríguez, que “la Consellería cese en su actitud vengativa y persecutoria contra este profesorado, que asuma las resoluciones judiciales y, en consecuencia, que readmita a este colectivo, una vez que tanto las inspecciones de trabajo como los juzgados de lo social y el TSXG confirman la actuación ilegal e incluso represiva de la Xunta”.