Las claves para que los funcionarios docentes reclamen lo que es suyo por Derecho
Autor: Marta SERRANO
La sentencia, que afectaría a más de 400.000 docentes, ha sido calificada de “histórica” por los sindicatos y de “muy seria” por el Gobierno. Además no admite recurso de casación, por lo que tendría que ser ejecutada de inmediato.
Pasos para poder cobrar
Para poder cobrar cuanto antes el equipo de Carmen Perona Mata, la letrada de CCOO que interpuso el recurso de casación que ha dado origen a esta sentencia, ha publicado una autorización que simplifica los trámites para todos los funcionarios docentes. Otras organizaciones sindicales y gabinetes jurídicos privados tambien están preparando recursos individuales para facilitar los pasos a todos los beneficiarios.
La sentencia según el coordinador de acción sindical de CCOO, Bernat Asensi, “beneficia a los funcionarios docentes, así como a los interinos, docentes jubilados, y a aquellos que prestan sus servicios en la red Concertada y, por extensión, a todos aquellos que en 1997 o posteriormente a esta fecha hayan prestado algún servicio a la Administración Pública”. Además, las cantidades a percibir incluirían el porcentaje correspondiente a las pagas extras.
En cualquier caso, el primer paso a seguir por los docentes es presentar un recurso individual ante la Audiencia Nacional. A partir de ahí pueden ocurrir dos cosas. La solución más fácil:
“Si el Gobierno no ejecuta la sentencia en los próximos cinco días, se abre un periodo de tres meses para que los afectados presenten sus recursos individualmente ante la instancia judicial competente”. Recursos que se deberán resolver en un plazo de dos meses según explicó la letrada de CCOO, Carmen Perona Mata.
Pero según las declaraciones de los ministros de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristobal Montoro y Jesús Posadas respectivamente, el Gobierno presentará un recurso de apelación porque cree que el Poder Judicial ha invadido las competencias del Ejecutivo y del Legislativo.
El Gobierno defiende que la Ley de Presupuestos Generales del Estado es competencia exclusiva del Parlamento y que el acuerdo incumplido fue firmado por el último gobierno de Felipe González y perdió su validez por el cambio de partido en el poder.
Además, el gabinete de Aznar se escuda en la imposibilidad del Estado de pagar una cantidad que se aproxima al medio billón de pesetas, algo que no convence ni a oposición ni a sindicatos, que se han ofrecido a entablar conversaciones con el Ejecutivo.