El “carácter nacional” de la Ley de FP enerva a socialistas y nacionalistas

Las aguas andan turbulentas en el río de la Educación. Si Pilar del Castillo nunca consiguió estar, a la luz de las encuestas públicas, entre los ministros más valorados del segundo ejecutivo de Aznar, ahora las reformas están minando aun más si cabe su imagen pública.

Primero fue la Ley de Universidades la que, a pesar de estar consensuada según fuentes ministeriales, se encontró con el rechazo de rectores, estudiantes, grupos parlamentarios y agentes sociales, y ahora le ha tocado el turno a la FP.

El caso de la Ley de Formación Profesional y las Cualificaciones es curioso, pues parte del consenso unánime en cuanto a la necesidad urgente de elaborar una norma de estas características que recogiera lo consensuado y aprobado en el II Plan Nacional de FP de 1998. No hay que olvidar tampoco que el PSOE apoyó las bases de este proyecto de Ley en el mes de diciembre.

Sin embargo mucho han cambiado las cosas desde entonces hasta ahora desde la posición de los socialistas que no están de acuerdo ni en el fondo ni en la forma en la que se ha tramitado esta Ley.

Apoyo de los sindicatos

Así, elaborada conjuntamente por el Ministerio de Educación y Cultura y el de Trabajo y Asuntos Sociales, la Ley cuenta con el respaldo de las dos fuerzas sindicales más importantes en nuestro país, CCOO y UGT, y con el de otros sindicatos como ANPE, o FSIE, el de la patronal, y el de buena parte de las comunidades autónomas.

En este sentido, el consejero de Educación navarro, Jesús Laguna, considera este anteproyecto de Ley “necesario y muy positivo”. Además, Laguna se mostró incrédulo ante la respuesta de rechazo de los consejeros de Educación de las comunidades autónomas gobernadas por socialistas y nacionalistas. “Esta norma eleva a rango de Ley todo consensuado en el II Plan Nacional de la FP firmado en 1998”, afirmó, y añadió que “cada comunidad ha podido hacer sus aportaciones. No invade competencias”.

Sin embargo, aunque la ministra insistió, durante la presentación del borrador definitivo de la Ley en la Comisión de Educación del pasado 5 de junio, en que las CCAA todavía podían hacer las aportaciones que consideraran precisas, el borrador parece definitivo y será enviado al Consejo Escolar entre el 11 y el 15 de junio.

Discrepancias

En la otra orilla del río se encuentran algunas organizaciones sindicales como STE y, principalmente, los consejeros de Educación de las comunidades gobernadas por socialistas y nacionalistas. Así, el principal motivo del distanciamiento entre el MECD y los consejeros de Educación de Andalucía, Asturias, Aragón, Baleares, Cataluña, Castilla-La Mancha, Extremadura y País Vasco son las formas más que los contenidos de la Ley. Los máximos responsables de la política educativa en estas CCAA consideran que el MECD les “ningunea”, tal y como informaron ante los medios de comunicación.

Críticas nacionalistas

Sin embargo, a nivel político las críticas fueron más allá. Así, el portavoz del BNG en el Congreso, Francisco Rodríguez, mostró la oposición rotunda de su grupo parlamentario a esta Ley. Para Rodríguez “el Estado se reserva competencias muy importantes como la designación de directores. Presenta una estructura muy centralizada que traerá problemas”, señaló. El portavoz del BNG criticó además el proyecto de Ley porque considera que “acentúa desigualdades y no avanza en cuanto a competencias”.

El portavoz de CiU, Ignasi Guardans ratificó todos los argumentos de su homólogo gallego, y aunque admitió compartir la exposición de motivos del borrador, le espetó a Pilar del Castillo que “necesitará un abogado porque ha olvidado la Constitución y los estatutos de autonomía”. Para Guardans “el texto será demolido por una sentencia del Tribunal Constitucional antes o después”.
El PNV, aunque no acudió a la presentación de la Ley en el Congreso de los Diputados por parte de la ministra, tampoco ve con buenos ojos el nuevo proyecto para modernizar y prestigiar la Formación Profesional a juzgar por las declaraciones del consejero de Educación del País Vasco, Inaxio Oliveri, que al término de la Conferencia Sectorial indicó que “se trata de una Ley regresiva, que además, con la bicefalia MECD-MTAS, no solventa los problemas actuales de la Formación Profesional”. Por su parte, el grupo parlamentario socialista e Izquierda Unida también mostraron su desacuerdo con el proyecto de Ley aunque con diferentes argumentaciones.

PSOE e IU

Así, mientras la portavoz de Educación de IU, Marisa Castro se refirió al proyecto como “relatorio de los incumplimientos de gobierno de Aznar en materia de Formación Profesional”, y criticó que se trate de un texto que “orienta la formación exclusivamente al empleo”, la portavoz socialista de Educación en el Congreso, Amparo Valcarce, criticó un proyecto caracterizado por sus excesos y sus deficiencias.

Para Valcarce “hay excesos centralistas y reglamentaristas, como la creación de centros de referencia nacional que invaden claramente las competencias autonómicas, o la designación de los directores de los centros integrados, que no era el objeto de esta Ley”.

Además, para la portavoz socialista, el anteproyecto de Ley carece del establecimiento de un sistema de evaluación de la calidad, así como de un calendario de aplicación y un proyecto que garantice la financiación necesaria para que todo lo que queda regulado pueda llevarse a la práctica.

Los argumentos de la ministra en el Congreso

Pilar del Castillo ya fue preparada para presentar el proyecto definitivo de la Ley ante los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados. La ministra se sabía la lección y tenía preparadas respuestas para todos los argumentos de la oposición.

Así, tras una valoración general positiva de la Ley, tuvo que explicar porqué no se abría un nuevo período de negociación y debate. “Desde diciembre hasta ahora se han recogido y estudiado todas las aportaciones, e incluso a día de hoy todavía se pueden hacer las aportaciones que se consideren precisas”, afirmó, tras señalar que nunca en España se había dado un proceso tan abierto en la elaboración de una Ley. La ministra señaló además que “aunque no se haya reunido la Conferencia Sectorial antes ha habido al menos 13 reuniones de las comisiones de trabajo del Consejo General de la FP donde también se han recogido las aportaciones de las CCAA”. En cuanto a los centros de referencia nacional la ministra insistió en que “no se invadirán en modo alguno las competencias transferidas a las comunidades” y justificó la creación de los centros integrados para “adaptar el sistema de FP a las nuevas realidades a través de la integración de los tres subsistemas”.

Otro aspecto destacado en el Congreso por Pilar del Castillo fue la posibilidad de la homologación de las titulaciones de Formación Profesional a las ya existentes en la Unión Europea. Algo que se logrará gracias al sistema nacional de cualificaciones y al catálogo modular de la cualificaciones.

Pilar del Castillo insistió en que “la adaptación de las cualificaciones a las directivas europeas facilitará la movilidad de los estudiantes”.

La ministra subrayó además la importancia de adaptar la oferta formativa a las necesidades del mercado productivo y de implicar a los empresarios en el sistema de FP para que inviertan más dinero en formación.