FETE-UGT se opone a otra nueva evaluación de la práctica profesional docente

La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha presentado en la Mesa Sectorial dos borradores. Uno, referente a los estándares de buenas prácticas de la función docente y otro, de la excelencia en centros educativos andaluces. Ambos borradores son fruto de dos años de trabajo de distintas comisiones creadas al efecto y en las que no han participado las organizaciones sindicales. “Con estos borradores y la política llevada a cabo por la Consejería, parece ser que el profesorado andaluz es el único responsable del problema educativo”, dice FETE-UGT.

Desde este sindicato afirman no entender la necesidad que tiene ahora la Administración de una nueva evaluación tanto al profesorado andaluz como a los centros, cuando ya las Pruebas de Evaluación de Diagnóstico, la Prueba Escala o la propia Orden de Calidad “son mecanismos de evaluación por sí mismos, cuyos resultados son manejados por la Agencia Andaluza de Evaluación, unos resultados, que aunque los hemos solicitado en reiteradas ocasiones, no nos han sido facilitados”. “Se pretende evaluar al profesorado y a los centros, pero paradójicamente, no a la escasez de recursos y otros aspectos que también influyen en el sistema educativo”, añade FETE.

Además, esta organización cree que “estos borradores intentan jerarquizar al profesorado y a los centros andaluces”. Desde UGT Andalucía defienden “una escuela pública en equidad”, por este motivo, “nos oponemos tajantemente a cualquier mecanismo o indicador que diferencie y clasifique a los centros en función de una evaluación y por supuesto, a una evaluación de la práctica docente que suponga una diferencia y clasificación entre los docentes”, señala el sindicato.

Desde esta formación, exigen a la Consejería que “aclare cuál es el propósito de esta nueva normativa, cuándo se piensa llevar a cabo y cómo va a influir en la carrera profesional de los docentes, pues consideramos que en nada redundará en una mejora de la calidad de la enseñanza y así se lo hemos hecho saber a la Administración, a la que le hemos demandado un tiempo prudencial para poder analizarlos como se merecen”.

Plazas bilingües
Por otra parte, el pasado 31 de mayo, la Consejería de Educación de la Junta presentó en la Mesa Sectorial la Resolución de Recolocación de puestos bilingües. Desde FETE-UGT defienden que todas las plazas vayan a concurso general de traslados y con esta resolución “lo único que se hace es crear un concurso de traslados paralelo y limitado”, dice el sindicato.

La Administración argumenta que esta resolución supone simplemente una reconversión de plazas, pero desde este sindicato consideran que con ella “se discrimina y favorece a unos compañeros sobre otros, aquellos que al no estar en el centro no pueden optar a esas vacantes, teniendo incluso mayor puntuación en la baremación”.

Además, se permite optar a estas plazas sin perder la antigüedad cuando en el concurso se pierden todos los puntos. Por tanto, en la cobertura de estas plazas se produce “una situación de agravio en relación a la cobertura de otras plazas por concurso general de traslados”, añade FETE.

La Junta ahoga las guarderías

• CECE-Andalucía denuncia el incumplimiento del compromiso de la Consejería de Educación de actualizar con el IPC el precio de la plaza pública en las escuelas de Infantil, tal como se había comprometido con todas las organizaciones del sector a partir del próximo mes de septiembre.

Según la patronal, “las escuelas de Infantil conveniadas con la Junta están prestando un servicio público a las familias, para que las que lo necesiten puedan llevar a sus hijos a estos centros educativos y asistenciales, servicio que no cubre la Administración, y que los promotores particulares están realizando con gran eficacia y con una creciente demanda de las familias”.

Dado que el precio público está intervenido por la Administración, y que las condiciones que se les obliga a cumplir a estos centros les impide tener ninguna otra fuente de ingresos, la congelación de dicho precio, insuficiente para cubrir los costes del servicio, hace que estén asfixiando a cientos de pequeñas empresas andaluzas, que ocupan a miles de trabajadores, que pueden ver peligrar sus puestos de trabajo.

Esta reducción se une además a los recortes económicos que ya han sufrido estos centros en los meses pasados, que llevaron a unas negociaciones con la Consejería, y que se plasmaron en un borrador de acuerdo que, si bien no supone ninguna mejora, al menos permitían mantener las condiciones.