“Se está produciendo un expolio de los derechos y de las prestaciones”
El consejero de Educación del Gobierno de Canarias, José Miguel Pérez, manifestó hace unos días que “se está produciendo por parte del Gobierno central un expolio de derechos y prestaciones públicas, así como de todos los elementos que tienen que ver con los recursos y servicios básicos logrados históricamente en España”. En el ámbito de la Educación, Pérez cree que el Gobierno está realizando “un ajuste de cuentas que tiene que ver con la imposición del modelo educativo que vertebra el PP, que es contrario a la equidad y que defiende que se lo pague el que pueda”.
Las medidas presentadas por el Ministerio “son un drenaje de derechos y recursos”, puntualizó el vicepresidente y consejero, que, además, criticó “las formas de este Gobierno”. En este sentido, indicó que “se han roto las formas que garantizan lealtad institucional en la relación entre las administraciones autonómicas y central y esto es muy grave”. También añadió que “estamos viendo que en todas las sectoriales, que normalmente deben venir precedidas de reuniones y acuerdos, esto no se está haciendo, aunque sí que hay encuentros previos únicamente con las comunidades del PP”. Pérez destacó que, especialmente en Educación, el consenso “debe ser prioritario y, sin embargo, este Gobierno lo está rompiendo”.
En concreto, sobre las medidas anunciadas por Wert, señaló que “son profundamente lesivas, suponen un retroceso para Canarias y van en contra de la calidad y la eficiencia”, además de añadir que "no van a tener el efecto esperado del Gobierno central relativo a los 3.000 millones de euros de ahorro”.
El consejero, que puso en valor la Educación pública y la labor docente, explicó que desde el Gobierno de Canarias “seremos respetuosos con la ley, pero en lo que la ley no nos obliga, resistiremos y defenderemos un modelo educativo de equidad”.
Según las primeras estimaciones del Gobierno de Canarias, las medidas “impuestas” por el Ministerio, con las que la Consejería no está de acuerdo, podrían perjudicar a unos 3.500 docentes en el Archipiélago. No obstante, también explicó que el Ejecutivo autonómico estudiará si interfieren en las competencias autonómicas y, en tal caso, estudiarán la adopción de medidas legales.