La Lomce no logra ni el apoyo político ni el del maltrecho sector educativo

El pleno del Congreso aprobó el pasado 7 de octubre, exclusivamente con la mayoría del PP, la reforma educativa. El proyecto de ley, que ahora pasa al Senado, ha recibido el voto en contra de toda la oposición, excepto Foro Asturias y UPN, que se han abstenido. Además, todos los grupos que han votado no, menos UPyD, han ratificado el compromiso de julio pasado de derogar la ley en cuanto cambie el signo del Gobierno “con la intención de consensuar otra”.

El pleno ha aprobado el conjunto del proyecto legislativo orgánico con 182 votos, 137 en contra y las dos abstenciones de Foro y UPyD. También ha rechazado la mayor parte de las más de 700 enmiendas parciales y ha ratificado el dictamen de la Comisión de Educación, donde se incorporaron las 42 defendidas por el PP y una treintena más de otros grupos.

El debate parlamentario de la Lomce se ha basado en prejuicios ideológicos y ha evitado profundizar en la propia ley. Los partidos de oposición, con algunas excepciones, han decidido evitar la discusión sobre el fondo de la ley y se han centrado únicamente en el punto de partida: que es una ley del PP y, por tanto, no merece más atención. Una vez más, se cumple la teoría de las dos españas. Ya el exministro Gabilondo, en su legítimo intento de lograr un pacto educativo, pidió hablar de Educación, por favor, sin conseguirlo.

El PP se ha quedado solo a la hora de aprobar su reforma educativa, bien por incapacidad de lograr consensos, bien porque los demás se la han negado. Es igual. El resultado es que esa falta de acuerdo impedirá que la ley se aplique. Al primer cambio de gobierno, el PSOE, y los demás partidos, ya se han comprometido a no ponerla en marcha. El resultado del trámite parlamentario es muy desalentador para el PP. En España, salvo el PSOE, ningún otro partido tiene opciones de proponer un modelo educativo. Estamos abocados a perpetuar el fracasado modelo socialista.

Lo decía la portavoz del Grupo Popular, Sandra Moneo: “La Educación española puede mejorar y lo puede hacer de forma notable” con la Lomce y para eso “basta con recuperar aquellos principios que jamás debieron ser desterrados del sistema educativo, como la cultura del esfuerzo, la equidad y la transparencia”.

Falta de apoyo del sector
Pero la Lomce no ha contado ni siquiera con el apoyo de grupos u organizaciones próximas al Gobierno. Es el caso del sindicato ANPE que defiende la escuela pública desde posiciones conservadoras. “La Lomce es una modificación de desigual calado sobre el modelo pedagógico y de ordenación académica de la LOE-Logse”, dice este sindicato. “El propio Ministerio de Educación, que achaca al modelo de la comprensividad muchos de los problemas del sistema educativo, mantiene con esta ley los mismos errores de ese modelo”, añade ANPE.

Para este sindicato docente, “La Lomce no contiene propuestas que incentiven verdaderamente el esfuerzo diario de los alumnos, mantiene la promoción semiautomática, sigue incluyendo caminos cerrados y adolece de la misma falta de flexibilidad que las leyes anteriores, incluso acentuada con la doble titulación al finalizar la ESO”. “Para colmo, disminuye el peso curricular de importantísimas asignaturas, de tal manera que un alumno Lomce podría terminar su periodo de escolarización sin haberse acercado a materias que quedan al albur de la libre configuración del currículo”, señala ANPE. “Además, para sus mejores iniciativas –como la FP dual o las TIC– carece de una memoria económica suficiente que asegure su implantación”, concluye esta organización.

Para el sindicato de funcionarios CSI-F, el texto aprobado por el Congreso “es peor incluso que el proyecto original, dado que se han introducido enmiendas que perjudican a la Educación pública en beneficio de la privada, y cuenta con el rechazo de toda la comunidad educativa”. CSI-F destaca, por ejemplo, “la cesión de terreno público para la construcción de centros privados así como la capacidad de los profesores de la privada para decidir qué alumnos pasan a Bachillerato o a la universidad”. Pero es que incluso las patronales de Privada no han mostrado su entusiasmo por la nueva ley. Los titulares de estos centros están más preocupados por los recortes y la asfixia de sus colegios que por la posibilidad de apoyar una reforma educativa.

Rechazo de la Privada
Según Jesús Pueyo, secretario general de FSIE, sindicato que representa el 40% de la enseñanza privada y concertada, “es falso que esta ley favorezca a la enseñanza privada y concertada”. Para Pueyo, “no hay ni una sola mejora en el régimen de conciertos educativos ni una sola mejora para los docentes y no docentes de la enseñanza concertada”. FSIE se ha sumado a la huelga del día 24 porque considera que “la Educación concertada ha padecido los mismos recortes que la pública, pero partiendo de peores condiciones: financiación deficitaria crónica, menos profesorado, menor salario, mayor jornada laboral…”.

Quizá cabe hablar de error político en la elaboración de la ley, que aunque parte de premisas objetivas –los malos datos de abandono y de bajo rendimiento– no logra concitar el acuerdo del propio sector educativo, no ya de los partidos políticos. La portavoz popular, Sandra Moneo, asegura que a su grupo “le hubiera gustado debatir de muchos asuntos que afectan al sistema educativo, pero eso ha sido imposible”.

Según ANPE, “el modo en que se ha elaborado no nos ha acercado al consenso de mínimos que necesita una medida de tanto calado”.