El Supremo confirma que CCOO no puede recurrir el concierto del Colegio "Torrevelo"
El Tribunal Supremo ha confirmado que el sindicato CCOO no está legitimado para recurrir el concierto educativo concedido por el Gobierno del PP al Colegio "Torrevelo-Peñalabra", porque el interés que busca es ajeno a la defensa de los trabajadores. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo declara así firme la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que desestimó también por falta de legitimidad el recurso del sindicato contra el concierto.
El Consejo de Gobierno acordó financiar con fondos públicos al Colegio "Torrevelo-Peñalabra" en abril de 2012 y, siete meses después, decidió no admitir el recurso de alzada presentado por CCOO contra esa decisión, por lo que el sindicato acudió al TSJC, que declaró que no estaba legitimado para recurrir. Ahora el Supremo confirma esa falta de legitimidad en una sentencia en la que explica que a los sindicatos se les reconoce esa capacidad en aquellos supuestos en los que la nulidad del acto impugnado puede acarrear un claro perjuicio a los trabajadores del centro educativo.
En este caso, el propio sindicato reconoce que su único interés es la defensa de la igualdad entre hombres y mujeres, que le lleva a denunciar el "fraude de ley" que, en su opinión, supuso la integración de dos centros educativos con enseñanza diferenciada para solicitar el concierto. Sin embargo, añade la sentencia, no se expresa qué relevancia y transcendencia tiene para los trabajadores y el sindicato el concierto educativo.
El Supremo concluye que cualquiera que sea el criterio que se maneje, CCOO no tiene legitimación, pues su interés se encuentra desvinculado de los derechos e intereses de los trabajadores. "Es un interés en defensa de la legalidad y de la deseable igualdad entre hombres y mujeres que, sin embargo, carece de conexión, en este caso, con la actividad del sindicato y de los trabajadores que representa, sin que las menciones estatutarias a la igualdad puedan rebasar lo que supondría una autoautribución a los efectos de legitimación activa", señala. La solución contraria convertiría a los sindicatos "en los defensores de la legalidad o en titulares de una acción pública que no tienen legalmente reconocida", añade.