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Méndez de Vigo: “Derogar la Lomce sería mandar al limbo a ocho millones de niños”

El ministro de Educación y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, cree que la derogación de la Lomce es inviable porque “sería mandar al limbo a ocho millones de niños” y causaría el “desconcierto más absoluto en 780.000 docentes”.
RedacciónMartes, 22 de noviembre de 2016
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De esta forma se manifiesta el titular de Educación en una entrevista en ABC, donde no obstante hace hincapié en que el Ejecutivo sí quiere buscar “la manera de aplicar razonablemente la ley”, mientras se sigue buscando un pacto por la Educación.

El pleno del Congreso del pasado 15 de noviembre aceptó tramitar una proposición legislativa del grupo socialista para “suspender” el calendario de implantación de la Lomce en aquellas medidas que aun no hayan tenido aplicación, iniciativa que fue respaldada por toda la oposición y rechazada por el PP.

La iniciativa salió adelante con 208 votos a favor de PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, ERC, PNV, Compromís, Partit Demòcrata Catalá (PDC), Bildu y CC; 133 en contra y dos abstenciones. Ahora, se debatirá como proyecto de ley ordinario con presentación, debate y votación de enmiendas en la Comisión de Educación.

El ministro advirtió ya entonces que la aprobación de la propuesta socialista “no tiene efectos jurídicos inmediatos”, y anunció que el Gobierno aprobará un decreto ley para la suspensión inmediata de los efectos académicos de las evaluaciones finales de ESO y Bachillerato hasta que se se alcance un pacto educativo estatal.

Ese decreto recogerá los acuerdos a que llegue con las comunidades en la reunión de la Conferencia Sectorial del 28 de noviembre. Sin embargo, el PSOE ha insistido en que no se trata de suspender los efectos de las “reválidas”, sino de suprimirlas.

Acuerdo con las CCAA
El citado real decreto se aplicará este mismo curso, de manera que la evaluación de ESO será muestral (no tendrán que hacerla todos los alumnos), mientras que la de Bachillerato solo será obligatoria para acceder a la universidad.

La modificación de esas pruebas, prevista en el proyecto de real decreto-ley, es un “gesto” y “un primer paso” en el camino hacia un pacto educativo, según destacó el ministro en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado viernes.

Educación debatirá el borrador de esa norma con las comunidades autónomas el 28 de noviembre, con la intención de que el decreto-ley de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Lomce pueda presentarse la primera semana de diciembre.

Las autonomías, según el proyecto, seguirán obligadas a realizar las dos evaluaciones citadas, aunque no tendrán efectos académicos de manera “transitoria” para conseguir los títulos correspondientes de ESO y Bachillerato.

Será durante el tiempo “prudencial y suficiente” mientras se alcanza el pacto educativo, según fuentes ministeriales. Educación quiere acordar ese plazo con las comunidades en la reunión citada.

La de ESO dejará de ser censal, pues se efectuará únicamente en los centros que cada comunidad elija. Tendrá una única convocatoria y versará solo sobre las asignaturas troncales generales y de opción de cuarto curso.

La de Bachillerato será “lo más parecida posible a la anterior selectividad”, insistió el ministro, y servirá para acceder a la universidad y examinará sobre las troncales generales y de opción de segundo curso, como venían pidiendo las comunidades socialistas.

Para los alumnos de FP Básica se prevé que, durante el periodo transitorio, puedan obtener el título de ESO siempre que el equipo docente considere que han alcanzado los objetivos de la etapa y adquirido las competencias correspondientes. Es decir, no tendrían que realizar la evaluación final de Secundaria para conseguirlo, como la ley prevé ahora.

Líneas para el pacto
Méndez de Vigo añadió que se sigue cumpliendo el objetivo de evaluar porque es “bueno”, ya que “lo que no se evalúa se devalúa”, pero reiteró que la Lomce “no se va a derogar ni a paralizar” este curso. También recordó que en el Congreso se va a constituir una subcomisión que, en un plazo de seis meses, establecerá las “líneas básicas” para el pacto educativo; después, el Gobierno presentará un proyecto de ley basado en los acuerdos.

Sindicatos de profesorado y organizaciones de padres y alumnos como CCOO, CSI-F, Ceapa, Canae, Faest y Sindicato de Estudiantes, que mantiene la huelga del 24 de noviembre contra las “reválidas”, valoraron el “gesto” del Ministerio, pero han instado a que se eliminen “para siempre”.

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