La infancia en riesgo: un gran reto social para la Agenda 2030

300.000 niños y niñas están el peligro de perder el cuidado parental y quedar en situaciones sociales precarias en España.
Dolores Sánchez JaimeMartes, 8 de octubre de 2019
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Aldeas infantiles SOS ha expuesto diez recomendaciones para luchar contra la situación de vulnerabilidad social de 300.000 niños y niñas que están en riesgo de perder el cuidado parental en España. La iniciativa fue propuesta el pasado miércoles 25 de septiembre en el cuarto aniversario de la firma de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Tal y como constata el informe sobre Desarrollo Sostenible 2019, España está oxidada en materia de inclusión social y económica e igualdad de oportunidades, a pesar de haber ascendido cuatro puntos en el ranking mundial y ocupar el puesto 21.

La Agenda 2030 pretende incluir a todos y, en especial, a aquellos que se encuentran en situación de desigualdad. Por lo cual, es necesario poner en marcha medidas determinadas de protección y la correspondiente inversión que permita luchar contra la precariedad infantil.

Pacto social

La erradicación de la pobreza  en todas sus formas se presenta como uno de los puntos base que ha propuesto Aldeas Infantiles SOS para combatir la infancia en riesgo. Para ello, debe constituirse un Pacto de Estado por la infancia que vele por los hogares de rentas más bajas, así como elaborar un Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza Infantil que incremente el importe y la cobertura de la asistencia por hijo a cargo.

Otra de las medidas fundamentales presentadas en el cuarto aniversario de la firma de los Objetivos de Desarrollo Sostenible está relacionada con la Educación de calidad. Una de las premisas es garantizar el acceso equitativo y la atención integral en el primer ciclo de Educación Infantil que engloba desde los 0 a los 3 años. Por otro lado, se persigue dotar al sistema educativo de recursos eficientes que se traduzcan en un resultado positivo en aquellos niños y jóvenes que han perdido el cuidado parental o están en riesgo de hacerlo.

La economía y el mundo laboral ocupan un lugar prioritario en la Agenda 2030 para cumplir con el espíritu de acoger a todos y, en especial, a los que más lo necesitan. De esta manera, los jóvenes que han quedado sin cuidado parental deben poder acceder a la Educación Superior, así como a la Formación Profesional y a la vida laboral. También es necesaria la configuración de acciones y políticas que eviten que los hijos de padres trabajadores queden sin la atención adecuada.

No a la desigualdad

La abolición de la infancia en riesgo que supone 300.000 niños y niñas en españa –según estima Aldeas Infantiles SOS – además de los 47.493 niños que ya han perdido el cuidado parental y forman parte del Sistema de Protección, requiere la elaboración de estadísticas que aporten datos exactos sobre la situación de niños en riesgo de perder el cuidado parental en España.

No obstante, para aquellos niños que han crecido sin el cuidado parental, se deben mejorar los sistemas de protección y prevención contra la discriminación y exclusión, así como llevar a cabo el diseño de programas orientados a incrementar su participación tanto en el ámbito social, como económico y político.

Cada día, más de 40 niños son víctimas del maltrato infantil en el ámbito familiar en España.

Otra de las medidas propuestas lleva por bandera la consecución de la paz, la justicia y de instituciones sólidas que garanticen el derecho a los niños a ser escuchados y a que participen activamente en los planes y leyes que les atañen, con especial mira en el Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia.

La recomendación también incluye establecer una Estrategia Integral para la Educación de la Violencia contra la Infancia, ya que, cada día, más de 40 niños son víctimas del maltrato infantil en el ámbito familiar en España.

Con esta iniciativa, Aldeas Infantiles SOS persigue que los niños en riesgo de perder el cuidado parental –o que ya lo han perdido– no sean olvidados. Un pacto social que requiere el compromiso del Gobierno, ONG y el sector privado.

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