La imposición pública de una única ideología

La nueva ley de Educación de la ministra Celaá, la llamada Lomloe, da un paso más en ese deseo progresista de conseguir la supremacía de la Educación pública sobre la privada concertada. El argumento de los defensores a ultranza de la igualdad es bien sencillo: el que quiera una Educación a la carta, que se la pague. ¿Y qué pasa con las familias sin recursos que desean otro tipo de educación para sus hijos? Pues para este Gobierno no pasa nada. Si el objetivo es que seamos todos iguales, esto sólo será posible si todos van a una única escuela.

¿Y a qué se debe esa defensa fanática de la Educación pública? ¿Será porque ahí imponen legalmente un pensamiento único que es el suyo? Paradojas de la vida, pues a los progresistas sí que se les subvenciona con fondos públicos el tipo de Educación que desean para sus hijos. Porque la escuela pública que defienden, la única que puede existir, ha de ser la suya: laicista, igualitaria e inclusiva. Su ideología progresista es la única que se puede transmitir en la enseñanza pública y la que, a la larga, prevalecerá entre la ciudadanía.

Si uno va al diccionario y busca la segunda acepción de la palabra ideología, podrá leer lo siguiente: “Conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso o político”. Y nadie podrá negar que esa Educación única, laicista e igualitaria son ideas fundamentales que caracterizan a una colectividad que se cree superior a las demás colectividades con ideologías diversas.

¿Pero por qué la ideología laicista, esa que reniega de toda religiosidad en el ser humano, es la que debe prevalecer en la enseñanza pública? ¿Es que sus defensores tienen más derechos que el resto de la ciudadanía y por eso les sale gratis el tipo de Educación que desean para sus hijos? ¿Por qué los que defienden una ideología humanista o de otro tipo tienen que rascarse el bolsillo yendo a un colegio privado?

Este Gobierno defiende unas ideas progresistas y pretende que toda la ciudadanía que desee una enseñanza gratuita comulgue con ellas. Y se equivocan los que afirman que ese tipo de Educación pública no defiende ideología alguna. La Educación nunca puede ser neutral, siempre tendrá un trasfondo ideológico. Por eso, si el presidente Sánchez está convencido de que la libertad de Educación es un derecho fundamental, no tendrá inconveniente en respetar e impulsar otras iniciativas educativas que difieran de su línea de pensamiento. Porque el Gobierno también debe atender a esas familias que desean que sus hijos encuentren en el colegio los mismos valores que viven en su propio hogar.

La escuela pública no puede abarcar las diversas creencias de la totalidad de las familias que acuden a sus aulas. Pero esta imposibilidad no puede servir como excusa para imponer una única ideología que, además, no suele ser la que caracteriza el pensamiento de la mayoría de los progenitores de los discentes. Por eso, si este Gobierno cree tanto en la democracia, en el poder que da el resultado de las urnas, que se aplique el cuento y permita que cada comunidad educativa vote qué tipo de educación desea que se imparta a sus hijos. Que en cada centro educativo se elija por mayoría qué clase de ideología impregnará el proyecto educativo del centro. ¿Y qué pasa con las familias minoritarias que no se encuentren identificadas con éste? Nada, pues gracias a la libertad de educación que defiende nuestra Constitución, seguro que encontrarán algún otro colegio, ya sea público o privado, donde llevar a sus hijos con la conciencia tranquila y sin coste añadido alguno.