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Marina Lombó: "La incidencia de la variante Ómicron está suponiendo un desafío para el sistema educativo"

RedacciónLunes, 17 de enero de 2022
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La consejera de Educación y Formación Profesional, Marina Lombó, en su despacho el pasado 13 de enero. © RAÚL LUCIO

Con la variante Ómicron llegó la sexta ola y el más difícil todavía para la gestión del COVID en los centros educativos. Así lo reconoce la consejera de Educación y Formación Profesional de Cantabria, Marina Lombó, en una comunidad que notificaba al Ministerio a mediados de la semana pasada un 2,84% del alumnado (2.554) y un 3,65% del profesorado (391) positivo o en cuarentena. De COVID y de otras cuestiones que le preocupan y ocupan (oposiciones, interinidad, fondos europeos, financiación autonómica) habla Marina Lombó en esta entrevista.

¿Están teniendo problemas para gestionar las bajas del profesorado? ¿Temen que este segundo trimestre ponga a prueba la capacidad de resistencia del sistema? ¿Está la presencialidad en riesgo en alguna etapa?
–Estamos gestionando el volumen más alto de sustituciones de nuestra historia. La incidencia de la variante Ómicron está suponiendo un desafío para el sistema educativo, al igual que para otros ámbitos públicos y, por supuesto, para la iniciativa privada. En apenas siete días, hemos tramitado más de 600 sustituciones. Desde este punto de vista la presencialidad está garantizada: contamos con las herramientas, la experiencia y los recursos humanos necesarios para hacer frente a esta situación y, además, contamos con bolsas de interinos suficientemente amplias para que no tengamos problemas en las coberturas. Y aquí he de hacer un reconocimiento al personal de Recursos Humanos de la Consejería, que está haciendo un trabajo extraordinario.

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En apenas siete días, hemos tramitado más de 600 sustituciones

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¿Cuál es la principal diferencia entre el protocolo vigente hasta diciembre y el actual? 
–Se ha cambiado la guía de actuación de casos, que deciden las autoridades sanitarias, no el protocolo de organización. Éste último es el que se ha realizado desde Educación y en el que se fijan, entre otros aspectos, la necesidad de establecer entradas y salidas escalonadas, la utilización de mascarillas en espacios interiores y exteriores desde el inicio de curso y demás aspectos. El de gestión de casos ha sido aprobado por la Comisión de Salud Pública, que integran el Ministerio de Sanidad y las Consejerías de Sanidad de las Comunidades Autónomas y a nosotros, como ámbito educativo, nos corresponde gestionarlo junto a los centros educativos. Es una guía adaptada a la actual situación, con una incidencia altísima, pero afortunadamente síntomas leves entre la inmensa mayoría de los infectados.

Cantabria ha sido pionera en el calendario pedagógico o en la estabilidad del personal interino, ¿el descenso de la natalidad (y por consiguiente, de alumnado –20% respecto a hace ocho años–) puede contribuir a una reducción de ratios, una demanda docente para mejorar la calidad educativa?
–Cantabria tiene ya unas de las ratios más bajas en toda España y nuestro objetivo es seguir dando pasos en ese sentido. Esta Comunidad Autónoma y este Gobierno está comprometido con el incremento progresivo de la calidad de nuestro sistema educativo. Y así se refleja en todos los indicadores.

¿Qué meta se plantean a la hora de reducir la interinidad? ¿Cree que la ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público ayudará?
–Como en el resto de CC.AA. aplicaremos la normativa básica contemplada en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, que, junto con una tasa de reposición del 120%, hará que la tasa de interinidad docente disminuya considerablemente. Los procesos que marca la ley de estabilización los desarrollaremos en los años 2023 y 2024 y para antes de la finalización de 2024 la tasa de interinidad, respecto de plazas estructurales ocupadas, estará por debajo del 8% marcado por la nueva Ley. Pero aquí sí me parece importante destacar que, en los últimos años, el Gobierno de Cantabria ha ofertado siempre el máximo de plazas que nos ha permitido el Gobierno de España. Siempre.

Su comunidad se situó a la vanguardia con la llamada «pareja pedagógica» (maestr@ + TSEI) de las aulas de dos años, pero aún no ha concretado si la nueva red de 0-3 años va a ser íntegramente pública, como parecía inicialmente, o tienen previsto concertar guarderías privadas…
–Los fondos del Mecanismo y Resiliencia en el caso de Educación son de carácter finalista, los marca el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Hasta ahora, se nos había indicado que esos fondos europeos eran exclusivamente para la red pública. El Gobierno no nos ha trasladado un cambio en ese sentido. Respecto al personal, estamos aún a la espera de que el Gobierno regule el personal para la etapa 0-3, porque la nueva Ley de Educación establece que es competencia del Gobierno de España.

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Se nos había indicado que los fondos europeos en 0-3 eran exclusivamente para la red pública. El Gobierno no nos ha trasladado un cambio en ese sentido

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Desde la asunción de competencias educativas, Cantabria actualizaba las retribuciones cada cinco años: 1998, 2003, 2008. Sin embargo, van a cumplirse 14 años desde la última ocasión, mientras otros sectores autonómicos (Justicia, Servicios Sociales) lo han hecho recientemente, o su propia Consejería se propone volver a sacar cátedras, ¿Cuándo toca actualizar la retribución del profesorado cántabro, en este contexto de inflación?
–Las retribuciones de los empleados públicos se incrementan en función de lo que permiten los presupuestos generales del Estado que, como saben, son normativa estatal básicas y, por lo tanto, de obligado cumplimiento. También fue normativa de obligado cumplimiento la suspensión de los acuerdos firmados, tal y como se estableció en el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio.

Así, las retribuciones se han incrementado lo que han permitido los presupuestos generales del Estado. Un incremento al que se ha sumado, además, las cuantías derivadas del acuerdo que alcanzamos con las organizaciones sindicales en marzo de 2018, que ha permitido un aumento de las retribuciones de todos los empleados (0,20% de la masa salarial en 2018; 0,25% en 2019 y, finalmente, 0,30 en 2020).

Conjuntamente (vía lo que permite de incremento y reparto de la masa salarial), la subida total acumulada para todos los empleados públicos entre 2018 y 2020 ha sido de un 8,21%.

¿Le preocupa la nueva financiación autonómica y las consecuencias para el sistema educativo cántabro?
–Cómo no nos va a preocupar. Cantabria gasta más en transporte escolar que toda la Comunidad en Madrid, con las diferencias de población entre ambas comunidades. Una financiación autonómica que no tenga en cuenta realidades como ésta, es decir, el coste efectivo de los servicios no será nunca un sistema justo, no puede serlo. Un ejemplo: transportamos a seis alumnos de los ocho que tiene el CEIP «San Andrés de Luena». Un centro educativo con ocho alumnos. El coste del transporte por alumno supera los 8.700 euros al año. Y es una inversión –no un gasto, nunca la educación será un gasto– que estamos obligados hacer y en la que creemos, pero el Gobierno de España tiene que tener en cuenta esas realidades. No se puede afirmar que se defiende a los pueblos y plantearse si quiera un modelo de financiación que no tengan en cuenta que en comunidades como la nuestra, con la población dispersa, los servicios públicos nos cuentan a todos mucho, muchísimo dinero más.

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Cantabria gasta más en transporte escolar que toda la Comunidad de Madrid, con las diferencias de población entre ambas comunidades

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¿Cómo llevan el desarrollo de los nuevos currículos, en el marco de la Lomloe?
–Van a buen ritmo y esperamos que para principios del mes de febrero estén finalizados los currículos de las materias reguladas en los diferentes proyectos de RD de enseñanzas mínimas (Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato). También tenemos preparada la parte dispositiva de los mismos y solo quedaría por empezar a desarrollar las optativas de oferta de la Comunidad Autónoma de Cantabria, que se publicarán con las Órdenes de implantación de dichos currículos. Se tiene previsto que todo pueda estar publicado en el mes de julio.

¿Ya está todo listo para que los centros afronten los cambios en la evaluación que se introducirán este curso, como el fin de las recuperaciones en Secundaria?
–Sí. Las modificaciones no son complejas, solo afectan a la promoción y/o titulación: una sola repetición por etapa dentro de la Educación obligatoria (una sola repetición en Primaria y otra en ESO). En Primaria la promoción será automática en los cursos impares y sólo en los pares (cursos finales de ciclos) se tendrá que decidir por parte del equipo docente la promoción o no del alumno. Además, en la etapa de Secundaria hay que recordar que desaparece la evaluación final extraordinaria. En Bachillerato, la mayor novedad es la posibilidad de titular con una materia suspensa, teniendo en cuenta los requisitos que marca el nuevo RD 984/2021.

¿Qué supondrá el desarrollo de la nueva ley de Formación Profesional?
–La revolución que está viviendo la Formación Profesional, y de la que la nueva ley es una pata importante, es uno de los cambios más necesarios para nuestra sociedad. La FP vive un momento de transformación profunda que era imprescindible y a la que ayudan que tres niveles de la administración –autonómica, estatal y europea– creamos que ese impulso es necesario. Yo estoy convencida de que el futuro de esta Comunidad Autónoma, el futuro de este país, está en la FP. Y por eso apostamos por crear más plazas, aumentar la oferta y acercarla cada día un poco más al tejido productivo, porque solo así tiene sentido: si da respuesta a las necesidades presentes y futuras de nuestras empresas.

La nueva ley pivota sobre un principio con el que estoy de acuerdo: que toda FP tiene que ser eminentemente práctica. En la práctica, toda la Formación Profesional será Dual, y eso es una estupenda noticia.

¿Qué le responde a quienes alertan del preocupante recorte en atención a la diversidad?
–Que no es cierto, al menos en Cantabria. No sólo no se ha recortado, sino que durante los últimos cinco cursos se han incrementado sustancialmente todos los recursos en esa materia, y eso en un contexto de reducción constante de alumnado. Es decir, que tenemos más recursos para atender a menos alumnos. Los datos lo dejan claro: en el curso 2015-2016 teníamos 212 docentes especialistas en Audición y Lenguaje, ahora tenemos 266. Ese mismo curso teníamos 265 especialistas en Pedagogía Terapéutica y 183 orientadores, ahora hay 317 y 201, respectivamente. Todo ello, repito con muchos alumnos menos.

¿Qué proyectos educativos tenían para la legislatura y hasta qué punto considera que se han llevado a cabo?
–Sin duda el COVID ha marcado gran parte de nuestra acción diaria, ha sido la preocupación constante desde marzo de 2020. Pero, afortunadamente, la Consejería cuenta con un personal comprometido y entusiasta. Estoy orgullosa de poder decir que, pese a las dificultades, hemos conseguido muchas cosas y conseguiremos más de aquí al final de la legislatura. Hemos reforzado como nunca antes a nuestros centros rurales, hemos inaugurado hace unos días la ampliación del IES «Valentín Turienzo», hemos sacado por fin a licitación el nuevo Conservatorio de Música y Danza y Escuela de Arte de Torrelavega, hemos ofertado más plazas y más títulos que nunca antes en Formación Profesional, seguimos dando pasos para que esta misma legislatura la red de Centro Integrados de Formación Profesional sea una realidad…. Seguimos gestionando ese día a día marcado, es verdad, por la crisis sanitaria, pero sin descuidar ni un ápice ninguno de los asuntos de nuestra competencia.

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