Los libros de texto, nueva arma política entre Madrid y el Gobierno

Los libros de texto para el próximo curso, que incluyen los nuevos currículos de la Lomloe, , se han convertido en «arma política» en la confrontación de la Comunidad de Madrid con el Gobierno central ante las elecciones autonómicas de mayo, lo que ha suscitado una defensa unánime de la «libertad de cátedra» por parte de los equipos docentes.

La Comunidad de Madrid ha sido la única autonomía en recurrir ante el Supremo el currículo de Bachillerato de la Ley Celáa, tras considerar que conlleva «una gran carga ideológica» y faltan contenidos «esenciales», por lo que solicitó su suspensión cautelar y utilizar los libros de texto actuales. El consejero de Educación, Enrique Ossorio, ha calificado de “adoctrinamiento” la asignatura de Valores Cívicos y Éticos, mientras la presidenta Díaz Ayuso anunciaba que la Inspección Educativa “revisará los libros” a través de un plan especial y solicitará retirar los textos “que contengan material sectario”.

A ello siguió el envío por la consejería de “una circular sin firmar” a los centros en junio, además de “instrucciones verbales” recomendando “mantener los libros de texto del curso pasado”, explica Esteban Álvarez, presidente de la Asociación de Directores de Institutos de Madrid (Adimad): “Si un jefe de departamento no adopta el nuevo currículo, puede caer en una prevaricación. La Comunidad no puede animar o recomendar a no cumplir un real decreto; puede haber una responsabilidad legal seria”, advierte.

Mientras se debatía “el número de profesores, 1.000 menos que el año pasado en la ESO, los medios y la organización del curso, el Gobierno regional trataba de distraer la atención con argumentos supuestamente pedagógicos pero para nada docentes”, añade Álvarez. “Es una polémica artificial, de cara a la galería para contentar a sus votantes. Están utilizando la Educación como arma política para obtener beneficios electorales”.

“Nos molestó que Díaz Ayuso dijera que la Inspección va a controlar; no tiene autoridad ni competencia para ello en un sistema democrático. Eso sí que sería adoctrinamiento y revela un desconocimiento importante”, según el presidente de Adimad. El ministerio fija el 60% de los currículos y las autonomías el 40% restante, pudiendo estas “obviar lo que no les gusta en la parte que les corresponde, pero no modificar la del ministerio”. “La inmensa mayoría de los centros va a cumplir los nuevos currículos” que entran ahora en vigor en los cursos impares de Primaria, Secundaria y bachillerato, asegura.

Desde CC OO recuerdan que «José María Aznar lideró la libertad de expresión y de cátedra. En un real decreto de 1998 sobre los libros de texto eliminó la autorización previa a los materiales escolares por parte del ministerio” que remontaba al franquismo. “La circular enviada por la consejería a los centros para que no cambiaran los libros generó indignación absoluta«.

«Se inmiscuye en la libertad de cátedra y las competencias propias del profesorado de elegir libros y material didáctico”, según la secretaria de Enseñanza de CC OO, Isabel Galvín. La Inspección Educativa tiene como función “revisar si los materiales cumplen la legislación, pero no censurar libros. No existe una regulación para que las autonomías puedan hacerlo, no hay parangón europeo”, añade Galvín, que rechaza cualquier control ideológico: «Actuaremos ante cualquier medida con contundencia”.

El sindicato de profesores ANPE lamenta “que se intente politizar la Educación. Los libros de texto deben ser asépticos, como han sido hasta ahora, limitándose a los contenidos curriculares sin entrar en juicios de valor que puedan generar controversias”. Los claustros de profesores seleccionan los libros “bajo su criterio profesional y pasan la supervisión de la Inspección educativa. Lanzamos un mensaje de tranquilidad a las familias y confianza en el profesorado, porque en las aulas, al margen de toda esta polémica, no hay ningún tipo de adoctrinamiento”, afirma el secretario de ANPE, Esteban Serrano.

CSIF también critica el plan de Ayuso de «encargar al Servicio de Inspección Educativa el ejercer de censores ideológicos al servicio de la Comunidad», con la consiguiente «sobrecarga de trabajo», según su secretario Miguel Ángel González. Se pregunta, además, «cuáles son las ideologías que deben desarrollarse en los libros de texto” según dicho plan; si los inspectores «serán penalizados» en función de lo que decidan modificar y sin dispondrán de «un catálogo de temas prohibidos».

Para UGT, “la libertad de cátedra permite a los docentes hacer uso o no de los citados libros, tabletas u otros medios que faciliten el proceso de aprendizaje según los criterios de cada docente”. “Sospechamos que nos vamos a encontrar, a nuestro pesar, con un curso convulso». El Gobierno regional «ha venido dando muestras continuas de utilización de los servicios públicos como elemento de enfrentamiento con el Estado de cara a las próximas elecciones de mayo», según la secretaria de Enseñanza de UGT, Teresa Jusdado.

Por su parte, la FAPA Giner de los Ríos recuerda que “la libertad de cátedra es un derecho constitucional y su único límite es no contravenir otros derechos constitucionales”. Y como se demuestra “en el caso de la Comunidad de Madrid, defiende a la ciudadanía de determinadas actuaciones políticas que puedan utilizarse como un arma partidista”, concluye su presidenta, Carmen Morillas.