Cicae defiende la existencia del modelo concertado «tradicional, con carácter social y vocación de servicio educativo, e impulsado por entidades sin ánimo de lucro, como fue su propósito cuando se ideó en 1985, donde podían optar al concierto centros educativos ya autorizados». Frente a ello, esta asociación cree que la Comunidad de Madrid impulsa un modelo basado en la cesión de suelo público y que «atrae a empresas que encuentran en el concierto una forma de negocio y gran lucro, lejos del carácter social y el espíritu educativo».
La crítica se basa en la experiencia que ya se ha vivido anteriormente con este sistema, en el que se «ceden terrenos públicos por debajo del precio de mercado y ahora, por primera vez, de manera gratuita», señala un comunicado de la asociación. Se suma a ello que el adjudicatario cuenta con «exenciones fiscales, con el pago de los gastos del personal y de funcionamiento a través del concierto y con una doble vía de financiación, al percibir cuotas muy elevadas que cobran a las familias por la escolaridad de los alumnos en etapas obligatorias, bajo autorización de la Administración», se queja Cicae. Esta iniciativa es «un paso más hacia el desarrollo de un modelo, contrario a la ley, en el que los centros concertados funcionan como privados, aunque subvencionados por fondos públicos», dice la asociación.
«Las familias están cautivas de este sistema, como en el caso de Valdebebas, donde se impone como única opción este centro concertado, a pesar de que están reclamando la necesidad de un colegio público para atender las necesidades de escolarización, que la administración debería garantizarles», añade este organismo. Lo curioso del caso es que uno de los miembros de esta asociación es uno de los candidatos a los colegios concertados impugnados, en concreto el Colegio «Ábaco». El titular de este centro es el mismo que el Colegio «Alameda de Osuna», miembro de Cicae.