La necesidad de un nuevo Pacto para la Equidad Educativa, en el pleno del Consejo Escolar de Navarra

El consejero ha señalado que “este nuevo pacto no debe abordarse como una simple negociación de reivindicaciones laborales de los profesionales docentes sino como un marco que avance en el desarrollo de las competencias del profesorado». Ha deseado que además «incorpore nuevas reducciones de ratios vinculadas a la equidad, incluya medidas que desemboquen en la innovación curricular y pedagógica, mejore la inclusión del alumnado, estimule el desarrollo profesional docente y establezca planes de mejora para que los centros se acerquen al perfil de centros educadores del siglo XXI”.

Presidido por Manuel Martín, presidente del CEN, el Plenario ha podido conocer a través de la intervención del consejero de Educación que en breve plazo se conocerá la nueva propuesta de organización horaria de los centros a través del correspondiente proyecto de orden foral. Esto, unido a la elaboración del currículum y diseñada la planificación de la inclusión, conllevará el necesario desarrollo de los reglamentos orgánicos de los distintos centros y la organización de la jornada y horario de los profesionales, ha informado el Ejecutivo foral.

Gimeno ha agradecido “el intenso y fructífero trabajo realizado por los integrantes del Consejo Escolar de Navarra durante la legislatura, especialmente relevante tras la consecución el pasado año 2022 del primer Pacto Social por la Educación en la Comunidad Foral y durante los duros momentos de la pandemia por COVID-19”. Con el apoyo explícito del Consejo Escolar a la gran mayoría de las mejoras educativas aplicadas en estos años, el consejero ha citado los cambios en la admisión del alumnado, o la elaboración del índice de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.

También, la participación de Navarra por vez primera en todas las evaluaciones internacionales o la aprobación de la orden foral que regula la evaluación extendida a todos los ámbitos educativos como exponentes del esfuerzo común de la comunidad educativa en la transformación del sistema educativo hacia un sistema de excelencia. A ello se suman las reducciones de ratios o la nueva concepción de la inclusión en Navarra con acceso al nivel de inclusión deseado, nuevos perfiles, programas, más estructuras en centros ordinarios y más recursos económicos. De hecho, ha señalado Gimeno ante el Plenario del CEN, se ha incrementado el presupuesto de Educación desde 2019 en un 34%. El gasto en educación por habitante será de 1.417 euros, 350 euros más que hace cuatro años (un 24,70% superior).

Gimeno ha explicado a los asistentes al pleno del CEN que los niveles de estabilización de plantillas docentes han sido los mayores de la serie histórica con 2.042 plazas (29%) frente a las 1.703 de la legislatura anterior, estableciendo una reducción de la interinidad en las plazas del programa PAI, que era de un 69%, a un 17% en el verano de 2024. Todo el trabajo conjunto con la comunidad educativa y la aportación del Consejo Escolar de Navarra han permitido, ha reiterado el consejero, que el sistema educativo haya avanzado para aprovechar el máximo potencial de cada estudiante, evitando efectos negativos sobre el empleo, el crecimiento económico y el progreso social de la Comunidad Foral.

Gimeno ha recordado que el objetivo era reducir la tasa de fracaso escolar y la tasa de abandono, por o que ha defendido que desde 2019 este indicador se ha desplomado para alcanzar una cifra extraordinaria de apenas un 5,3% de abandono escolar en el presente curso académico 2022-2023, situando a Navarra como la comunidad autónoma de España con el menor índice de abandono escolar y estando por debajo de la media europea de fracaso escolar.

Por otro lado, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), al igual que sucedió con Miravalles-El Redín, también ha suspendido cautelarmente la extinción del concierto educativo de Bachillerato correspondiente al colegio Irabia-Izaga adoptada por el departamento de Educación del Gobierno foral por haber mantenido la educación diferenciada. Como ya hiciera la semana pasada con el colegio Miravalles-El Redín, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJN acuerda que los recurrentes depositen un aval bancario “suficiente para garantizar de manera solidaria una cuantía equivalente a la ayuda pública que el referido concierto supone”.

Esta decisión judicial puede ser recurrida en reposición ante el propio Tribunal Superior de Navarra. De hecho, el departamento de Educación ha anunciado la interposición de recurso contra la suspensión cautelar decretada respecto al centro Miravalles-El Redín. En el auto notificado este jueves sobre el colegio Irabia-Izaga, la Sala considera que las consecuencias de la extinción “se reputan cuantitativa y cualitativamente muy relevantes y de muy difícil o imposible” reversión o reparación una vez ejecutadas, “ya que por un lado son consecuencias estructurales de carácter muy difícilmente reversibles en relación a las condiciones de cómo hasta ahora se estaban desarrollando”.

Por otro lado, añade que “recaen en un ámbito objetivo de especial relevancia e importancia social (cual es el ámbito educativo), y en un ámbito subjetivo de especial protección (estudiantes menores de edad). Todo ello supone, a los solos efectos de la medida cautelar y de manera muy cualificada, daños de imposible o difícil reparación en el sentido técnico-jurídico que acabamos de exponer”, apuntan los jueces. El Gobierno de Navarra dictó el pasado 27 de enero una resolución por la que se extinguía los conciertos educativos de los colegios Miravalles-El Redín e Irabia-Izaga.

El 15 de marzo, el consejero de Educación desestimó el recurso de alzada interpuesto por el colegio Irabia-Izaga, una decisión que fue recurrida ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJN. En esta resolución, los magistrados analizan la suspensión cautelar planteada y, en los próximos meses, resolverán sobre el fondo de la cuestión, es decir, sobre la extinción de los conciertos de Bachillerato a ambos centros escolares por haber mantenido la educación diferenciada. El Tribunal estima que la ejecución del acto recurrido pudiera hacer perder al recurso su finalidad legitima.

El Gobierno de Navarra alegó que el acto tiene un estricto contenido económico y que por lo tanto no es susceptible de producir daños de difícil o imposible reparación, pues siempre, en caso estimatorio de la demanda, el recurrente podría solicitar el reintegro de la suma en que consiste la ayuda pública más los intereses y perjuicios que se hubiesen causado. Sin embargo, el Tribunal señala que los efectos de la extinción del concierto se proyectan no solo en el ámbito económico en sentido estricto, sino sobre todo, y fundamentalmente, en un ámbito objetivo —el educativo— y subjetivo –estudiantes menores de edad—, que tienen una especial relevancia y a los que venían dirigiéndose hasta ahora las ayudas públicas que el acto administrativo extingue.

A juicio de la Sala, las adaptaciones al nuevo modelo sin financiación pública pueden frustrar la finalidad legítima del recurso. Los magistrados concluyen que la ejecución del acto administrativo supondría, en su caso, una adaptación a un nuevo modelo educativo (educación mixta), una reconfiguración de la composición y organización estructural de los centros y grupos e, incluso para aquellos alumnos que no pudieran hacer frente al nuevo escenario, una recolocación en otros centros concertados o públicos.