PP y Vox piden en el Parlamento becas para Bachillerato en los centros sin concierto
El consejero Sergio Silva conversa con otro diputado en el Parlamento cántabro.
En la propuesta, que ha sido rechazada por socialistas y regionalistas, se reclama también un estudio de todos los centros que ya tengan concierto en Primaria y Secundaria, para ofrecer «facilidades en la matriculación» en Bachillerato a las familias que «al no contar con recursos suficientes, podrían verse privadas de continuar su formación en el mismo centro».
Vox ha aceptado las enmiendas del PP a su iniciativa, en la que iba más allá y planteaba «articular la posibilidad» de ampliar el sistema de conciertos a todos los centros que imparten Bachillerato, con una dotación presupuestaria, además de crear un «cheque escolar» para que las familias elijan libremente centro, independientemente de su situación económica. Su propuesta plantaba el sistema de becas como una medida transitoria hasta la puesta en marcha del cheque escolar. Con todo, el diputado de Vox, Armando Blanco, ha afirmado, asumida ya la enmienda, que ésta «quizá sea la iniciativa más importante» en materia educativa que ha aprobado el Parlamento de Cantabria «en los últimos ochos años». «Rompemos un techo de cristal», ha dicho Blanco, quien ha subrayado que el foco se pone en las familias y «no en el título jurídico» de los centros y además se introduce un sistema de becas por renta per cápita en lugar de familiar, que siempre perjudicaba a las familias numerosas. «Damos un primer paso para defender los derechos de los alumnos y de las familias de Cantabria», ha sentenciado.
No para todos
El PP ha defendido que los centros privados concertados, que aglutinan el 30 por ciento del alumnado y el 20 % del profesorado, no son complementarios sino «necesarios para garantizar la viabilidad del sistema educativo». Según el diputado Álvaro Aguirre, en Cantabria hay 7.100 alumnos estudiando Bachillerato en centros públicos, 410 en concertados y 952 en centros privados, aunque no en todos los casos las familias tiene dificultades para pagarlo. «¿Hay que concertarlo en todas las aulas? Rotundamente no, significaría excedentes de plazas en la publica», ha argumentado.
El diputado del PP ha señalado que esa posibilidad habría que ponerla sobre la mesa si hubiera necesidad de plazas. «Otra cosa es que los de siempre han querido malinterpretar declaraciones para sacar tajada, aunque le salga el tiro por la culata», ha remachado.
Romper el equilibrio
El socialista Jorge Gutiérrez ha acusado al PP de «ir de la mano de la ultraderecha» en una iniciativa que, en su opinión, solo busca «aumentar la cuenta de resultados de los centros privados y detraer recursos de la enseñanza pública». «Permiten que la ultraderecha tome las riendas de la educación y ponen en riesgo el sistema que tanto nos ha costado construir», ha lamentado.
La regionalista Teresa Noceda ha manifestado su «gran decepción» por que el PP apoye una iniciativa que, a su juicio, va a romper el equilibrio entre la publica y la privada concertada», antes de afirmar que «es de nota implantar un sistema de becas en el que los pobres tengan que pagar el Bachillerato a los ricos». «¿Acaso los alumnos no pueden continuar de forma gratuita en Bachillerato?», se ha preguntado Noceda, quien considera que habría que preocuparse de la situación de los alumnos de los municipios rurales y no de los que tienen que cambiar a un centro «a unos cientos de metros».
Vox les ha replicado lamentando que no acepten una iniciativa «con eminente carácter social» y les ha alineado con «el sindicato extremista que ha amenazado con una guerra escolar». Se ha referido así al STEC que, antes del debate, ha difundido un comunicado en el que rechaza «tajantemente desviar recursos públicos a enseñanzas postobligatorias» y explica que ha escrito a los grupos para que se opongan a esta propuesta.
El sindicato emplaza al PP a incluir en el estudio «la implantación territorial de estos centros subvencionados, sus criterios de selección de alumnado y profesorado, la acogida de jóvenes en riesgo de exclusión, la relación de sus calificaciones propias con las notas de la EBAU o la pervivencia del cobro ilegal de cuotas obligatorias». Y sobre las becas, recuerda la experiencia de la Comunidad de Madrid. «Aunque ahora se presenta como un recurso para familias necesitadas, la experiencia madrileña pone de manifiesto que acaba extendiéndose a una paga generalizada también a las familias de renta alta».
También la Junta de Personal Docente se ha pronunciado sobre esta iniciativa que, a su juicio, supondría el inicio de una concertación encubierta del bachillerato en centros privados. La considera inadmisible porque, según afirma, supondría un gasto absurdo e ineficiente de recursos públicos «para favorecer única y exclusivamente a empresas privadas». Existe una red de centros públicos más que suficiente y con una calidad educativa altamente demostrada y contrastada, argumentan desde la Junta de Personal.