El troceo de obras en centros de FP se pagaba desde sus cuentas como gastos operativos
Rodríguez ha declarado como testigo ante el Juzgado de Instrucción número 39 sobre el fraccionamiento de contratos de obras en 2021-2023 en distintos centros madrileños, por importes inferiores a 40.000 euros para supuestamente eludir la Ley de Contratos. Tras acordarse los nuevos ciclos formativos para el curso siguiente y dónde se implantarían, la Dirección general y la Subdirección de centros de FP, cuyo responsable Alfonso Mateos fue cesado por la Consejería de Educación el año pasado, emitían informes sobre las necesidades materiales y de infraestructuras en cada centro.
Rodríguez ha asegurado que, ante la masiva cantidad de documentos, confiaba en los análisis de necesidades hechos por el equipo técnico, que eran elevados a órganos de control superiores como la Intervención, que «jamás puso ningún reparo», y luego pasaban a la firma del consejero de Educación, además de por la Consejería de Hacienda y la Tesorería. El dinero era ingresado por las direcciones de Área Territorial (DAT) en las cuentas de los institutos y gestionados como «gastos de funcionamiento». A su vez, estas cuentas eran revisadas y aprobadas por la DAT tanto en enero como en diciembre, pese a lo cual constan «dos gastos de 90.000 euros» sin ser autorizados ni licitados por la Dirección General de Infraestructuras, según la abogada de CCOO, Eugenia Alcántara.
Ese dinero procedía de un programa de la UE que permitió crear 36.000 nuevas plazas de FP, duplicando en tres años la oferta existente en Madrid, y era repartido por el Ministerio entre todas las comunidades. Según llegaban los fondos, había que decidir con rapidez en qué centros se implantaban los ciclos formativos, un proceso que se habría ralentizado en caso de licitarse.
Por el momento, «no hay indicios de que nadie se haya beneficiado económicamente, sino que estaríamos ante una actuación administrativa indebida», considera la abogada. El 9 de julio están citados como testigos los directores de dos institutos y el director del complejo Ciudad Escolar, que pasó de testigo a imputado.
La propia Comunidad de Madrid solicitó en marzo de 2024 a la Fiscalía Provincial que investigara presuntas irregularidades en unas obras del complejo Ciudad Escolar, después de que el empresario Gabriel Navarro denunciara impagos por importe de 1,5 millones en obras que no habían sido licitadas, lo que podría suponer un delito de prevaricación administrativa. En junio pasado ese empresario, gerente del Grupo Virelec, declaró ante el Juzgado que en los últimos quince años hizo obras en más de veinte centros educativos y que los encargos no se hacían por escrito.
Dos directores de instituto y el exsubdirector Alfonso Mateos declararon en marzo que no tenían competencias para autorizar dichas obras y apuntaron a sus superiores, entre los que se hallaba el exconsejero de Educación Enrique Ossorio, actual presidente de la Asamblea de Madrid. También declaró en junio la inspectora de Educación que hizo el informe sobre la cuenta de gestión del IES Ciudad Escolar y del IES Hotel Escuela en septiembre-octubre de 2023.
Están personados en la causa como acusación la Comunidad de Madrid, PSOE, Más Madrid, CCOO y Podemos.
