El Ministerio prepara un real decreto para regular la FP privada similar al de Universidades

Según ha podido saber MAGISTERIO, el Ministerio de Educación trabaja en la redacción de un real decreto para ordenar el funcionamiento de los centros privados de Formación Profesional, en un contexto marcado por el crecimiento explosivo de esta oferta educativa y la entrada masiva de inversores.

El proyecto, aún en fase de elaboración, ya está generando inquietud en el sector privado, que ve paralelismos con el polémico real decreto aprobado en el ámbito universitario y que ha introducido restricciones para la creación de universidades privadas. Este texto, aprobado recientemente, ha establecido exigencias sobre personal, infraestructuras y condiciones de evaluación, lo que ha sido interpretado como un intento de frenar la proliferación de universidades privadas, algunas de ellas impulsadas por fondos de inversión.

En el caso de la FP, la preocupación es similar. Fuentes de las patronales de enseñanza privada temen que la norma imponga criterios que hagan inviables ciertos modelos de centro aunque entienden que «debe regularse razonablemente», aludiendo a iniciativas empresariales de bajo coste que estarían operando sin estándares claros de calidad.

En ese punto parecen coincidir –ya veremos en el desarrollo– con la Secretaría General de FP del Ministerio de Educación, que quiere huir de la controversia que ha generado la regulación de las universidades privadas y que comenzó con aquellas declaraciones de Pedro Sánchez acusando de «chiringuitos» a algunas privadas. «Solo queremos garantizar la calidad de la Formación Profesional. Garantizar que todo titulado de FP que llegue al mercado laboral esté bien preparado», insisten desde el Ministerio. «No les debe dar miedo que se tomen medidas para garantizar esa calidad. Además, han entrado con fuerza y cuentan con una autonomía de la que no goza la red pública», subrayan.

La falta de requisitos uniformes a nivel estatal para autorizar centros privados ha permitido, hasta ahora, una expansión rápida de la oferta, muy especialmente en sectores como el sanitario, el tecnológico o el administrativo. En algunos casos, la autorización ha sido «una mera tramitación administrativa», sin condiciones previas sobre prácticas, instalaciones o vinculación con el tejido productivo.

La futura norma pretende establecer criterios homogéneos para autorizar centros privados, exigiendo, entre otras cosas, garantías de que el alumnado podrá realizar prácticas formativas reales, como exige la Ley Orgánica 3/2022, que establece que al menos el 25% de la formación debe tener lugar en empresas. «Ahora mismo la empresa es al menos un 25% de la formación. Es decir, si yo no tengo las empresas, me faltan un 25% en las aulas», afirman voces del sector.

Uno de los aspectos más sensibles que pretende abordar el decreto es la proliferación de prácticas irregulares o directamente ilegales en el ámbito sanitario. En los últimos años se han detectado numerosos casos de centros privados que pagan a hospitales públicos o entidades sanitarias para conseguir plazas de prácticas, lo cual está expresamente prohibido por ley.

«Eso está prohibido por ley», recuerdan desde las organizaciones del sector. La modificación del artículo 58 de la Ley de Enseñanzas Artísticas, introducida en una disposición adicional, prohíbe cualquier pago por parte de los centros a las empresas para acoger alumnado en prácticas. Aun así, se siguen produciendo situaciones como la de un centro al que se le exigían hasta 2.000 euros por alumno. «La media está en 500 euros», denuncian.

Estas prácticas afectan especialmente a especialidades de alta demanda como imagen para el diagnóstico, laboratorio clínico o anatomía patológica. Hospitales privados e incluso públicos siguen solicitando cantidades económicas pese a que la ley lo impide: «Hay gente que está buscando su negocio, pero es una práctica que hay», reconocen fuentes patronales.

El crecimiento del sector ha ido acompañado de la entrada de grandes grupos empresariales, a menudo financiados por fondos de inversión con carácter especulativo. Estos operadores han adquirido cadenas de centros o han impulsado nuevas aperturas con estrategias de expansión rápida que, según el Ministerio, pueden poner en riesgo la calidad formativa y generar una oferta sobredimensionada.

Desde las patronales se advierte que una regulación excesiva puede perjudicar también a los centros de proximidad con trayectoria consolidada. «¿Cómo es posible que haya macro centros de FP que han alcanzado –al menos es lo que dicen ellos– los 90.000 alumnos en pocos años?», alertan, en referencia a los grandes conglomerados que ya concentran una parte significativa de la matrícula en varias comunidades.

El Ministerio estudia incluir requisitos sobre solvencia, condiciones mínimas de infraestructura, y mecanismos para demostrar la existencia de convenios con empresas antes de conceder la autorización. Para el sector privado, el reto está en «garantizar la calidad sin bloquear la innovación ni penalizar a los centros que lo hacen bien y están generando empleo real».

El real decreto sobre la regulación de la FP privada forma parte de un paquete más amplio de reformas que el Ministerio tiene actualmente en marcha. Junto a este texto, la Secretaría General de Formación Profesional trabaja en otros dos reales decretos complementarios:

El primero se centra en los centros asociados de Formación Profesional, una figura recogida en artículo 210 del Real Decreto 659/2023. Estos centros, que se articularán principalmente a través de los modelos A, B y C de formación para el empleo, deberán tener una vinculación efectiva con el tejido empresarial y asegurar que parte de la formación se desarrolla en entornos laborales.

El segundo, en colaboración con la Secretaría de Estado de Educación, establecerá un nuevo marco legal para la apertura, supervisión y funcionamiento de centros de FP en el extranjero, un ámbito en expansión dentro de la internacionalización del sistema educativo español.