La Comunidad de Madrid recurre al Supremo el real decreto de Universidades

El Consejo de Gobierno tiene previsto recibir este miércoles un informe sobre las acciones legales emprendidas por la Abogacía General regional contra esta norma que, en opinión de la Comunidad de Madrid, «limita injustificadamente la libertad de empresa y de creación de centros educativos reconocida en la Constitución Española». Para el Ejecutivo regional, el Real Decreto 905/2025, que endurece los criterios de creación, reconocimiento y autorización de universidades, va contra la seguridad jurídica y supera el marco de legislación básica que constitucionalmente le corresponde al Estado, dejando «muy poco margen» a las comunidades para regular por su cuenta.

La Comunidad de Madrid sostiene en su recurso que el artículo 27 de la Carta Magna reconoce a las comunidades autónomas la capacidad de desarrollar y aplicar las leyes educativas en todos sus niveles y modalidades, mientras que el Estado solo debe fijar la normativa básica. Para el Gobierno madrileño, la norma estatal impone requisitos «arbitrarios», como exigir a los nuevos centros universitarios un mínimo de 4.500 estudiantes, una medida que el Ejecutivo autonómico considera que «en ningún caso responde al pretendido interés por incrementar la calidad de las universidades españolas». Asimismo, según la Administración madrileña, el proyecto ha sido tramitado «con opacidad, sin consulta pública previa y sin contar con las comunidades autónomas».

El Ejecutivo autonómico precisa que el procedimiento para la constitución de nuevas universidades y centros universitarios de la Comunidad de Madrid establece «controles muy rigurosos que garantizan la excelencia de los proyectos aprobados». Además, asegura, la nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia en la que está trabajando la Consejería de Educación incorporará mejoras a estos trámites siempre en el marco de las competencias regionales.

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha negado que la nueva ley que endurece los criterios para crear nuevas universidades sea arbitraria y vulnere las competencias autonómicas, tal como ha señalado la Comunidad de Madrid en el recurso que han presentado ante el Tribunal Supremo. Fuentes del Ministerio han señalado que el decreto es «totalmente transparente y se aprobó de acuerdo con el Consejo de Estado» y afirman que se elaboró con criterios que fueron «muy meditados y ponderados» ante la «eclosión» de universidades privadas que en algunos casos no cumplen con criterios mínimos de calidad en la docencia y en la investigación.

El Ministerio que dirige Diana Morant insiste en que el real decreto «no vulnera competencias autonómicas porque es competencia del Estado definir los principios normativos generales del sistema universitario y velar por la calidad del sistema en su conjunto». «Tampoco es cierto que limite injustificadamente la libertad de empresa, porque respeta el libre mercado, pero lo regula para asegurar la calidad de un servicio de interés general y para proteger al estudiantado y a la sociedad, de la misma forma que existen regulaciones muy exigentes por ejemplo en sanidad o en el mercado bancario o energético», señalan las mismas fuentes.

Para el Gobierno los criterios son «realistas» y persiguen que todas las universidades que operen en España, públicas o privadas, garanticen unos estándares altos de calidad, sostenibilidad y masa crítica e incide en que la mayoría de las universidades existentes los cumplen, y las que no, dispondrán de tiempo suficiente para adaptarse. Asimismo aclaran que durante el procedimiento hubo audiencia pública y se recibieron propuestas y alegaciones de más de 68 instituciones, incluidas casi todas las comunidades autónomas.

En cualquier caso, señalan desde el Ministerio, «no es ninguna sorpresa que el gobierno de Ayuso sea contrario a este real decreto, porque colisiona con su estrategia de apoyo a la expansión de las universidades privadas, sin importar su calidad, al tiempo que recorta la financiación de las universidades públicas».