Concapa Aragón avisa de que el nuevo decreto de comedores encarecerá la factura
La incorporación de productos de temporada, de proximidad y de producción ecológica, sumada a los cambios en la contratación y en el funcionamiento de los servicios, terminará elevando el precio del comedor escolar.
El debate sobre los comedores escolares ha vuelto a escena con el nuevo reglamento del Gobierno. Miguel Ángel Sarralde, presidente de Concapa Aragón, sostiene que la norma no solo reordena el contenido de los menús, sino que también empuja a los centros a revisar contratos, proveedores y modelos de gestión. En un contexto en el que ya se había puesto el foco en la obligación de ofrecer más fruta y verdura de temporada, como recogió Magisterio en este artículo, la discusión sobre el coste para las familias ha ganado todavía más peso.
Sarralde no cuestiona que se impulse una alimentación saludable en la escuela. Al contrario, la considera una medida positiva y necesaria para consolidar hábitos en los menores y, de rebote, en sus propias familias. Su crítica se dirige a la tramitación y al encaje político del decreto: a su juicio, habría hecho falta una base más amplia de consenso con las comunidades autónomas, que son las que deben aplicar buena parte de los cambios en la contratación pública y en la organización de los comedores.
El representante de Concapa Aragón advierte de que esa falta de coordinación puede pasar factura en el día a día. Si los centros deben adaptar sus contratos con empresas externas o modificar los comedores ya existentes para ajustarse a las nuevas exigencias, el margen de maniobra será menor y la carga administrativa mayor. Por eso reclama una colaboración más clara entre administraciones, con apoyo económico suficiente para que la norma no se traduzca en tensiones añadidas para los colegios y para las familias.
La parte más sensible del mensaje de Sarralde es la económica. El presidente de Concapa Aragón rechaza la idea de que el decreto no vaya a suponer ningún incremento del coste para las familias y considera que esa previsión resulta poco realista. A su entender, la incorporación de productos de temporada, de proximidad y de producción ecológica, sumada a los cambios en la contratación y en el funcionamiento de los servicios, terminará elevando el precio del comedor escolar. El gran interrogante, insiste, es quién asumirá ese sobrecoste.
En esa lectura, el problema no es menor: si la norma exige más calidad y más adaptación, también debería prever una financiación acorde. Sarralde cree que el texto no aborda con suficiente claridad esa cuestión y teme que, al final, la promesa de no incrementar el coste quede desmentida por la práctica cotidiana. En su diagnóstico, el comedor escolar puede convertirse en un terreno donde el objetivo saludable choque con la capacidad real de pago de las familias.
La otra gran objeción del dirigente de Concapa Aragón es conceptual. A su juicio, el decreto mezcla dos planos que deberían ir separados: el de la salud alimentaria y el de la sostenibilidad medioambiental. Sarralde admite que avanzar hacia prácticas más respetuosas con el entorno encaja con la Agenda 2030, pero cree que incorporar ambas líneas en una sola norma puede confundir el mensaje principal y diluir el objetivo central, que es fomentar una alimentación sana en el entorno escolar.
En su opinión, no todo lo saludable es sostenible y no todo lo sostenible es saludable, una idea con la que pretende subrayar que la escuela necesita criterios nítidos y no discursos entremezclados. Desde esa misma lógica, también cuestiona el peso que el decreto otorga a los alimentos vegetales frente a los cárnicos. Considera que, en edades tempranas, la pirámide alimenticia debe mantenerse equilibrada y pide una base científica más sólida para justificar cualquier desplazamiento que, a su entender, pueda desequilibrar el menú infantil.
El resultado es una crítica doble: por un lado, al procedimiento; por otro, al contenido. Sarralde se muestra favorable a mejorar la alimentación en los colegios, pero avisa de que la norma, tal como está planteada, puede acabar generando más costes, más dudas y más ruido que certezas. Y en un asunto tan sensible como la comida de los menores, sostiene, la precisión importa tanto como la intención.
