La letra pequeña del acuerdo de prejubilación en Madrid amenaza con dejarlo en papel mojado
La semana pasada, los representantes de la escuela concertada y la Consejería de Educación de Madrid sellaron un acuerdo largamente negociado y celebrado como un avance para el profesorado. Pero, una vez pasada la foto de la firma, han empezado a aflorar las dudas sobre la letra pequeña de un pacto que, según advierten desde las patronales de la concertada, puede acabar condicionado por una aplicación demasiado rígida. En el fondo del asunto late una cuestión decisiva: si la administración no asume con claridad el coste de los relevistas, la medida podría volverse inasumible para muchos centros, como ya ha ocurrido en otros territorios con fórmulas similares.
La clave está en el contrato de relevo. Tal y como explican desde las organizaciones firmantes, cuando un docente accede a la jubilación parcial al 75%, el centro no solo debe cubrir ese porcentaje de jornada, sino también contratar a un relevista al 100%, con el consiguiente coste añadido. El problema, subrayan, es que la Consejería madrileña solo estaría dispuesta a financiar el 75% vinculado al profesor que se jubila, dejando fuera ese 25% extra que, en la práctica, puede convertirse en un sobrecoste difícil de sostener para los colegios.
Ese es el punto de fricción que amenaza con quebrar el espíritu del acuerdo. Los representantes de los centros reconocen que la negociación ha logrado introducir una cláusula que abre la posibilidad de que la administración asuma ese 25% cuando el centro demuestre que no puede acomodarlo en su dotación de profesorado. Pero también advierten de que se trata de un camino muy burocrático, en el que cada colegio deberá acreditar que no dispone de horas, vacantes ni huecos organizativos suficientes para absorber al relevista.
La preocupación no se limita al dinero. También inquieta el margen de interpretación que quedará en manos de la administración para decidir qué se considera vacante y qué no. Desde la concertada temen que esa valoración pueda terminar siendo demasiado restrictiva y que, en lugar de facilitar la jubilación parcial, la bloquee en la práctica. En otras comunidades, recuerdan, el 75% y el 25% han sido asumidos de forma directa por las consejerías en sus acuerdos, algo que en Madrid, de momento, no está garantizado.
El riesgo, por tanto, es doble. Por un lado, que el procedimiento para justificar la falta de horas disponibles resulte tedioso y genere inseguridad jurídica. Por otro, que la existencia de un techo presupuestario limite el número de autorizaciones, dejando a algunos colegios fuera incluso cuando la medida sea deseada por su claustro. En un escenario así, un centro podría verse obligado a decir que no a varias solicitudes de jubilación parcial para no asumir un coste que considera desproporcionado.
La consecuencia de ese bloqueo sería especialmente delicada para el profesorado. Aunque la jubilación parcial se presenta como una mejora laboral largamente reivindicada, su aplicación desigual podría provocar agravio comparativo entre docentes del mismo centro o de centros distintos. De ahí que en la concertada se insista en que el acuerdo solo funcionará si la administración actúa con buena fe, agilidad y criterios homogéneos. Si no, el pacto podría acabar generando frustración, malestar y una sensación de incumplimiento entre quienes esperaban una solución estable.
El propio acuerdo deja claro que la decisión final sobre la jubilación parcial corresponde al titular del colegio, una fórmula que refuerza la autonomía de los centros pero que también obliga a calcular con mucho cuidado cada paso. Si el coste añadido del relevista no puede ser absorbido, el centro podría optar por rechazar la solicitud, incluso cuando la medida sea beneficiosa para el docente y para la organización escolar.
Por eso, en la lectura que hacen los titulares de los centros, el éxito del pacto no dependerá solo de lo firmado, sino de cómo se aplique. El temor es que una redacción ambigua, una gestión lenta o una interpretación restrictiva terminen vaciando de contenido una medida diseñada precisamente para facilitar el relevo generacional y aliviar la carga de trabajo del profesorado. En ese caso, el acuerdo correría el peligro de quedar convertido en un papel mojado, justo lo contrario de lo que buscaba la negociación.