Torrejón de Ardoz, entre el crecimiento poblacional y unos institutos desbordados

La Comunidad de Madrid abre estos días un nuevo frente en educación. A la huelga de las educadoras de escuelas infantiles, que ya han puesto el foco sobre la precariedad laboral y la falta de mejoras, se suma ahora el diagnóstico de la Asamble de Docentes de Torrejón de Ardoz: los institutos públicos del municipio funcionan, según su informe presentado en un acto por la causa palestina, en una situación de límite físico que no admite más aplazamientos.

El documento, elaborado por la Asamblea de Docentes de Torrejón y fechado en abril de 2026, parte de una idea central: el problema no es una impresión subjetiva del profesorado, sino una realidad que se sostiene sobre datos de población, matrícula y capacidad de los centros. El municipio ha pasado de 94.161 habitantes en 2000 a 143.526 en 2025, un aumento del 52,4% en un cuarto de siglo, y la franja de 12 a 18 años también ha crecido con fuerza, de 8.648 jóvenes en 2003 a 10.460 en 2022, con una proyección que se acercaría a los 13.000 en 2030.

Los autores subrayan que ese crecimiento no ha sido lineal, sino que ha tenido una primera gran expansión urbana, un paréntesis ligado a la crisis de 2008 y una nueva subida sostenida desde mediados de la década de 2010. La conclusión es clara: Torrejón no está ante una presión puntual, sino ante un crecimiento estructural que afecta de lleno a la escolarización en Secundaria.

Uno de los ejes más sensibles del informe es la comparación entre la expansión de la red privada concertada y la pública. Según el documento, entre 2011 y 2015 se consolidaron varias actuaciones en centros concertados, mientras que la red pública de Secundaria no incorporó un nuevo instituto hasta 2019/2020. El texto insiste en que, en barrios nuevos y en zonas de crecimiento residencial, se fue abriendo espacio a la concertada mientras la pública tardaba en recibir una respuesta equivalente.

El análisis describe casos como el del Humanitas Bilingual School, el San Juan Evangelista o el San Juan Bosco, presentados como ejemplos de una expansión concertada apoyada en suelo público o en concesiones de larga duración. Frente a ello, el único nuevo centro público de Secundaria en el periodo examinado fue el IES Juan Bautista Monegro, que además se amplió por fases. El informe lo resume como un desfase entre la demanda social y la planificación pública disponible.

El crecimiento demográfico se refleja, según el documento, en la evolución del alumnado. La matrícula total en Torrejón pasa de 17.695 estudiantes en 2017/18 a 20.981 en 2023/24, un incremento de 3.286 alumnos y un avance del 18,6%. Pero el detalle por etapas es lo que, a juicio de la Asamblea, revela mejor la presión sobre la red pública. En ESO, el aumento total es de 1.152 alumnos, de los que 637 recaen en centros públicos, es decir, el 55,3% del crecimiento.

Ese dato resulta especialmente relevante porque la ESO es la etapa donde el sistema soporta con más intensidad el aumento de grupos y la reorganización de espacios. Mientras en Primaria el aumento se concentra sobre todo en la privada concertada, en Secundaria la pública absorbe más de la mitad de la subida real de alumnado. En Bachillerato y FP también hay crecimiento, con una expansión significativa de la oferta privada en algunas enseñanzas, mientras la FP Básica recae casi por completo sobre la red pública.

Uno de los argumentos más sólidos del informe es el efecto de la reducción de ratios. La Comunidad de Madrid fijó en 25 alumnos por grupo la ratio de 1º ESO, con un incremento posible del 10%, y después extendió la medida a 2º ESO. Sobre el papel, la decisión mejora las condiciones pedagógicas; en la práctica, el documento afirma que ha obligado a crear más grupos sin que los edificios hayan crecido en la misma proporción.

En 2023/24, la bajada de ratio en 1º ESO generó un grupo adicional por instituto, ocho en total en el municipio. En 2024/25, el impacto acumulado en 1º y 2º ESO elevó la necesidad a 17 grupos más, lo que equivale a 17 aulas adicionales solo para esas dos etapas. El informe advierte de que la llamada excepcionalidad del +10% ha dejado de ser una rareza para convertirse en una práctica habitual, reduciendo el efecto real de la medida.

La parte más contundente del documento llega al examinar la capacidad física de los institutos. El IES León Felipe dispone de 43 aulas ordinarias y 50 grupos, el Isaac Peral cuenta con 59 aulas y 59 grupos, el Las Veredillas con 29 aulas y 32 grupos, el Palas Atenea con 31 aulas y 33 grupos y el Luis de Góngora con 40 aulas y 36 grupos. Incluso el Victoria Kent, que aparenta cierto margen, ha reconvertido numerosos espacios para funcionar como aulas.

La lista de espacios transformados es elocuente: bibliotecas, salones de actos, laboratorios, departamentos, aulas de música, antiguos almacenes e incluso baños han acabado integrados en la vida docente. En varios centros, la utilización de zonas no pensadas para la enseñanza ordinaria ya no aparece como una solución de emergencia, sino como una reorganización permanente del edificio. El informe concluye que la mayoría de los IES públicos funcionan al límite o por encima de su capacidad estructural.

La lectura del informe trasciende el caso local. Torrejón de Ardoz se convierte en un espejo de la discusión más amplia sobre el modelo educativo de la Comunidad de Madrid: qué papel debe jugar la red pública, cómo se planifican los nuevos barrios y hasta qué punto la financiación pública acaba favoreciendo la expansión de la oferta privada en etapas estratégicas. El propio documento critica que las becas para Bachillerato y FP en centros privados no refuerzan la red pública, sino que consolidan una tendencia ya visible en la matrícula.

Ese es el punto en el que el caso de Torrejón se cruza con el debate regional. Mientras el Gobierno autonómico intenta contener distintas tensiones educativas, este informe sitúa sobre la mesa una demanda muy concreta: la construcción urgente de un nuevo instituto público. No lo formula como una reivindicación simbólica, sino como la consecuencia lógica de un sistema que ha crecido sin infraestructuras proporcionales.

El tramo final del documento adopta un tono claramente reivindicativo. La Asamblea de Docentes sostiene que la educación pública es la única capaz de garantizar acceso gratuito, atención a la diversidad, convivencia real y una formación no subordinada a intereses mercantiles. Desde esa mirada, la saturación de los institutos no es solo un problema de espacio, sino una forma de deterioro de la calidad educativa y de debilitamiento del servicio público.

La conclusión del informe no deja lugar a dudas: Torrejón de Ardoz necesita un nuevo IES público. Y lo hace, insiste el texto, no por una apelación abstracta a la mejora del sistema, sino porque los datos sobre población, matrícula, ratios y ocupación de los edificios conducen a esa misma dirección. En un momento en que la Comunidad de Madrid abre otro conflicto con las escuelas infantiles, el caso de Torrejón añade un mensaje incómodo: la presión sobre la educación pública ya no es un episodio aislado, sino una suma de fracturas que se acumulan en distintos tramos del mapa escolar.