Cuando la continuidad educativa se convierte en una decisión política
En las próximas semanas, 24 niños de tres años del distrito de Chamartín podrían quedarse fuera del colegio en el que ya estudian actualmente, el Colegio San Agustín (CSA) de Madrid, pese a haber iniciado allí su escolarización y formar parte desde hace años de su comunidad educativa. Esta situación es perfectamente extrapolable a los 17 centros concertados del distrito.
No se trata de un problema de falta de espacio físico. Tampoco de una imposibilidad legal. El propio colegio CSA solicitó formalmente a la Administración educativa la apertura de una octava aula y la ampliación de ratios hasta el máximo legal de 25 alumnos por clase. La Dirección de Área Territorial Madrid-Capital autorizó únicamente una solución parcial: una nueva aula y ratios de 22 alumnos. El resultado es que decenas de familias seguirán quedando fuera, centenas en el distrito.
La cuestión de fondo no es únicamente la situación de un colegio concreto. Lo que está ocurriendo en Chamartín refleja un problema estructural mucho más amplio: la insuficiencia de plazas públicas y concertadas en Educación Infantil en distritos con alta demanda.
Durante años, muchas familias de clase media nos hemos visto forzados a invertir nuestros ahorros para escolarizar a nuestros hijos en guarderías privadas vinculadas a colegios concertados porque, sencillamente, no existen suficientes plazas públicas para cubrir la demanda real del distrito. Esa decisión no se toma desde el privilegio, sino desde la falta de alternativas.
Las familias asumimos un esfuerzo económico importante con la expectativa razonable de poder dar continuidad posterior a la escolarización de nuestros hijos en el mismo entorno educativo y humano en el que comenzaron su desarrollo. Sin embargo, hoy comprobamos que el sistema permite que niños plenamente integrados en un centro educativo queden excluidos precisamente en el momento de acceso a la etapa concertada.
La paradoja es difícil de explicar: la normativa permite legalmente ratios de hasta 25 alumnos por aula en situaciones excepcionales de necesidad de escolarización, pero la Administración decide políticamente no utilizar esa posibilidad aun cuando reconoce implícitamente la falta de plazas autorizando una octava línea y ampliaciones parciales de ratio.
También resulta difícil comprender que la llamada “continuidad educativa”, principio reiteradamente invocado por la propia Comunidad de Madrid, desaparezca en la práctica cuando se trata de alumnos procedentes de etapas privadas no conveniadas, pese a llevar años escolarizados en el mismo centro.
No se está reclamando ningún privilegio. Tampoco un trato de favor. Únicamente se está pidiendo que la Administración utilice todos los instrumentos legales de los que dispone para evitar que decenas de niños de tres años tengan que romper de forma abrupta el entorno escolar y social en el que ya han comenzado a crecer y que la inversión hecha por sus padres no sirva a su propósito.
La educación infantil no debería convertirse en una lotería administrativa ni en una consecuencia de decisiones burocráticas tomadas de espaldas a la realidad de las familias.
Porque cuando existen espacio, demanda y cobertura legal suficiente, dejar fuera a 24 niños de tres años en solo un colegio, cientos en los 17 colegios concertados del distrito, no parece una imposición normativa. Parece, simplemente, una decisión política.
Rafael Prieto Bermejo