Una Ley con color educativo, pero con falta de medios y planificación

El pasado día 13 entró en vigor la Ley de Responsabilidad Penal del Menor. A pesar de ser una iniciativa innovadora que pretende la reinserción de los jóvenes delincuentes, tendrá que enfrentarse con el rechazo social.
Miércoles, 24 de enero de 2001
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Autor: María Eugenia VICENTE

Tienen menos de 18 años pero ya saben lo que es delinquir. En algunos casos, cometieron el primer acto delictivo siendo todavía unos niños, y muchos, saben cómo se vive dentro de una cárcel. La peor cara de la moneda en la vida de estos chicos es que, cuando se empieza a delinquir, difícilmente se puede dejar de hacerlo.

Los datos hablan por sí solos: el 85 por ciento de los presos españoles ingresó por primera vez en prisión antes de cumplir los 20 años. En el tramo de edad de menores de 18 años, son reincidentes el 40 por cientos de ellos. Y es que si hay algo en lo que juristas, expertos en prisiones, políticos y psicólogos esten de acuerdo es en que la entrada en prisión no hace ningún bien a los jóvenes. Ángel Acebes, ministro de Justicia, manifestó la pasada semana en rueda de prensa que “la experiencia nos demuestra que los menores que ingresan en prisión vuelven a reincidir con delitos más graves que los que habían cometido”.

Julián Ríos es abogado y profesor y desde el bagaje que aporta llevar 12 años trabajando con muchachos que ya han pasado por la experiencia de dormir en una celda, afirma rotundo que “si no se actúa desde los espacios en los que se genera la exclusión social, no se puede hacer nada contra los comportamientos delictivos. El chico tiene que encontrar ayuda fuera porque las medidas judiciales siempre serán vistas como castigos y provocarán rechazo”. Esta opinión la comparte Javier Urra, Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid. “Para que estos jóvenes delincuentes protagonicen un cambio conductual es necesario que, cuando obtengan la libertad, tengan una esperanza en el futuro, por lo que se hace imprescindible que la legislación no se ocupe sólo de aspectos punitivos y judicales y que enganchen con el futuro inmediato de estos jóvenes”.

Con este argumento bajo el brazo, entre otros muchos, nació hace algo más de un año la Ley de Responsabilidad Penal del Menor (ver MAGISTERIO del 19-1-00). De esta manera, desde el pasado día 13, fecha en que entró en vigor esta nueva normativa, ningún menor de 18 años puede entrar en prisión después de haber cometido un delito. En lugar de ésto, deberá permanecer en un centro especial, con un personal compuesto por psicólogos, educadores, pedagogos y trabajadores sociales, entre otros, que se dedica en exclusiva a los menores.

En este sentido, la duración de las penas pueden ser cómo máximo de ocho años de internamiento cerrado (diez si son delitos relacionados con terrorismo) pudiéndose ordenar después otras medidas durante cinco años más, como la libertad vigilada.

Recelo social

Otro de los aspectos novedosos de esta ley recién estrenada es que ningún menor podrá permanecer privado de libertad preventivamente (a la espera de juicio) más de seis meses. Este hecho ha provocado que desde el pasado día 13 saliesen a la calle, en régimen de libertad vigilada, alrededor de 400 presos que estaban a la espera de juicio. A pesar de esta circunstancia, “ningún jóven que haya cometido un delito quedará impune”, afirma rotundo Acebes. Y es que la puesta en libertad, en espera de juicio, de casos muy notorios para la opinión pública ha creado entre la población un cierto malestar y recelo ante esta Ley. Amparo Valcarce, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Educación del Congreso, considera que “la sociedad no ha sido bien informada sobre todos los aspectos de la Ley del Menor, y esto puede convertirse en su peor enemigo. Se trata de una Ley muy innovadora y avanzada, con un objetivo rehabilitador muy marcado, pero el rechazo social puede causar consecuencias perniciosas”.

Precisamente lo avanzado de esta normativa puede convertirse en el obstáculo más difícil de vencer. Y es que, como comenta el Defensor del Menor, “es precisamente el contenido educativo lo que ha dado color a esta Ley, pero se echa en falta un trabajo en la calle, en el día a día de estos chicos. Sería una pena que, al final, una Ley tan avanzada e imaginativa como ésta se quedase sólo en el aspecto de la responsabilidad, olvidando el educativo”. Javier Urra tiene razones para pensar así, ya que echando un vistazo desde enero de 2000, en que se aprobó la normativa, hasta hoy parece que se ha perdido un año.

Uno de los aspectos que destacaba el propio texto era la necesidad de un tiempo prudencial para construir nuevos centros y dotarles del personal específico necesario. A día de hoy la improvisación puede palparse en todas la comunidades autónomas, que esperaban una moratoria en la fecha de entrada en vigor. Sólo el País Vasco, Cataluña y la Comunidad de Madrid tienen una buena dotación de centros, pero se echan en falta centros terapeuticos específicos para la atención de drogodependientes y chicos con enfermedades mentales.

Desde el Gobierno consideran que con la creación de un Juzgado Central de Menores y el aumento de las plantillas de los fiscales hasta un total de 136 se ha hecho un esfuerzo importante para que la Ley del Menor cuente con los recursos legislativos necesarios, para su implantación.

Sin embargo, habría que potenciar más otros aspectos como la ubicación de los centros, la contratación de los profesionales (en los centros de la Comunidad de Madrid todavía son interinos) o la programación de los cursos de formación y las actividades de ocio. Todo ésto, sin dejar de lado la información al resto de la población, ya que como afirma Valcarce, “hay que buscar lo mejor para estos jóvenes pero con el tacto suficiente para que la sociedad no los rechace”.

Otro de los lastres que tendrá que arrastrar el texto es la falta de financiación, algo que ya apuntaron las ONG y la oposición. Además, hay que tener en cuenta la desigual distribución de estos menores en las comunidades autónomas lo que podría provocar disfunciones en algunas zonas. Como cualquier proyecto que empieza, a la Ley del Menor le hace falta un rodaje. En opinión de Amparo Valcarce “para que funcione hará falta que ayuntamientos y comunidades se coordinen y que la rehabilitación pase por una reinserción real, que es imposible sin un programa de formación y reeducación”.

En este sentido, la reinserción en el mundo laboral es imprescindible. Para ello los talleres, las clases (que en muchos casos son algo casi novedoso) y los cursos formativos se hacen de todo modo necesarias pero no el único recurso. Afirma Urra “que cada niño tiene una historia anterior y un futuro ante sí. En estos casos debe trabajarse mucho con psicólogos y trabajadores sociales la etapa anterior del chico, la que le ha llevado a su vida actual”. Hace falta una Educación en habilidades, de autoevaluación, de empatía, de hacerles sentir necesarios, de planificación, de pensamiento causal, etc… que no habían tenido nunca.

 

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