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La Ley de Calidad acabará con la evaluación por ciclos en la ESO

El MECD tratará de convencer a la comunidad educativa
de que la repetición de curso no es un castigo. Los alumnos pasarán sólo si adquieren los conocimientos exigidos para cada curso de ESO. En la imagen, Isabel Couso, secretaria general de Educación y FP.
Miércoles, 6 de febrero de 2002
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La Ley de Calidad es una incógnita que el Ministerio de Educación y Cultura sólo está dispuesto a desvelar, por el momento, a cuentagotas.
Si los tres itinerarios se perfilan como una de las medidas “estrella” para mejorar la Atención a la Diversidad, con la supresión de la promoción automática se tratará de paliar la altísima tasa de fracaso escolar que afecta en la actualidad a uno de cada cuatro alumnos.

Pero esta medida tiene sus límites y no afectará, por ejemplo, a la etapa de Primaria, que es considerada como un nivel educativo donde debe predominar un tipo de enseñanza comprensiva, que englobe a todos los alumnos. La ley de Calidad, sin embargo, recogerá la demanda mayoritaria de padres y profesores en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), donde la evaluación se realizará por cursos, evitando así que la idea de ciclo o de etapa predomine sobre la de curso como unidad de evaluación.

Los docentes deciden

Según la secretaria general de Educación y Formación Profesional, Isabel Couso, “evaluar por cursos es lo más sensato, porque en Secundaria hay que darle la importancia concreta a cada curso y racionalizar así los métodos de promoción”.

La medida implica, por tanto, volver a la tan temida repetición pero, según Couso “no como un elemento de castigo sino todo lo contrario, para que cuando los alumnos pasen de curso tengan los conocimientos adecuados y no se produzcan disfunciones como ocurre en el sistema educativo actual”.

Que se esté en un ciclo y que se esté en una etapa educativa concreta no tiene que ver con que los alumnos de cada curso obtengan los conocimientos adecuados y de que la decisión del profesor y de la Junta de evaluación sean determinantes. “Los profesores saben perfectamente los alumnos que tienen que suspender y los que van a aprobar”, concluye Couso, defendiendo la medida como un modo además de prestigiar la labor social que realiza el profesorado y nunca como la introducción de lo que podría considerarse un elemento de castigo.

En cuanto a la Ley de Formación Profesional y las Cualificaciones la secretaria general de Educación y FP señala que “la Ley y su desarrollo reglamentario posterior son una prioridad para el Gobierno así que ahora nos encontramos en la fase de preparación interna.

No obstante, aunque el proyecto de Ley cuenta con el apoyo de los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, y de la patronal (CEOE), se encontrará con una fuerte oposición en su tramitación parlamentaria ya que el Partido Socialista ha anunciado que presentará una enmienda a la totalidad en la Cámara Baja.
El PSOE considera que el texto invade las competencias de las CCAA en relación con los centros de referencia nacional de formación e innovación. Una postura poco defendible según la secretaria general de Educación después del dictamen favorable del Consejo de Estado, que aclara que el texto es totalmente constitucional al ubicarse estos centros en las CCAA por la vía de convenios con el MECD y con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. “Se busca la optimización de recursos, puesto que estos centros ya existían como competencia del MTAS”, aclara Couso.

En cuanto a la designación de la Administración de los directores de los centros integrados Couso explica que “se trata de una propuesta nueva para centros distintos de los tradicionales de FP, más abiertos al entorno y, si el PSOE no está de acuerdo en esto, tendrá que explicar el porqué”.

Los objetivos de la Ley de FP: Europa y el empleo

El debate parlamentario de la Ley de FP y las Cualificaciones será una de las prioridades del Gobierno para este nuevo período de sesiones en el Congreso, después de que el texto fuera aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 14 de diciembre. Este proyecto es el primero que regula con carácter exclusivo las enseñanzas de FP en nuestro país. Su elaboración ha corrido a cargo del MECD y del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (MTAS). Entre los objetivos que se han marcado las autoridades con esta nueva Ley se encuentran:

1. Relacionar directamente la formación con el empleo, para lo que se creará el Catálogo Modular de la FP.

2. Colaborar con el empresariado para garantizar una mejor formación y un incremento de las posibilidades de empleo. Cada persona podrá recibir la formación que necesite en un determinado momento de la vida.

3. Facilitar la movilidad de estudiantes y trabajadores. por toda Europa.

4. Integrar las tres modalidades de FP: Reglada, Ocupacional y Continua.

5. Ampliar la oferta formativa destinada a los grupos con dificultades de integración laboral; ya sean mayores de 45 años, mujeres, autónomos, etc.

6. Creación de centros integrados de FP, que harán realidad la integración de los tres subsistemas.

7. Reconocer las competencias y cualificaciones profesionales.Permitirá a las personas el reconocimiento de lo que saben a través de la experiencia.

8. Establecer los ámbitos competenciales y de participación de todos los sectores implicados en la FP.

9. Crear un sistema de Información y Orientación.

10. Garantizar la calidad y evaluación del sistema nacional de cualificaciones profesionales.

11. Hacer realidad la formación a lo largo de toda la vida.

Isabel Couso, secretaria general de Educación y Formación Profesional: “Los profesores saben los alumnos que tienen que pasar de curso y los que no”

—¿En qué punto se encuentra la Ley de Calidad?
—Estamos preparando ya la presentación de las bases de la Ley, que serán expuestas como unas bases abiertas al diálogo y a la comunidad educativa.

—¿Cuáles serán los ejes de la Ley?
—Uno de los pilares será el mejor tratamiento a la diversidad con itinerarios flexibles que conduzcan a un mismo título.

—¿Se indicará en el título el itinerario escogido por cada alumno?
—Es una posibilidad que existe en otros países y no sería extraño que escogiéramos la opción de que en el título único constara el itinerario cursado.

—Una Asociación de docentes de Secundaria ha solicitado la ampliación del Bachiller a tres cursos ¿Qué posibilidades hay de que contemple esto la Ley?
—Somos una excepción en la Europa a la que nos queremos parecer con un Bachiller de tan sólo dos años. De siempre distintos sectores profesionales preocupados por la Educación lo han solicitado, pero realmente es muy complicado echar marcha atrás en un sistema de cuatro años más dos ya estabilizado. No obstante, lo que se podría hacer es que el último año de ESO orientase de tal manera al Bachillerato que realmente fuera un pre-Bachillerato. Además, esto sería mejor para los estudiantes, que adquirirían el rigor y la soltura necesarios para abordar con garantías los estudios finales de FP o Bachillerato.

—¿Se eliminará la promoción automática?
—Se trata de racionalizar la promoción de curso. En Primaria está bien que predominen los elementos comprensivos, de globalización de las enseñanzas, etc. Pero en la Secundaria habrá criterios diferentes para cada curso. La idea de ciclo no puede justificar que los alumnos promocionen sin los conocimientos adecuados. La repetición de curso no es ningún castigo. 

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