La evaluación del profesorado se cuela en la precampaña electoral

El PP se propone reformar la Administración y una de sus propuestas estrella son los pluses para los funcionarios que más rindan o sean “más demandados”. Este ha sido el discurso más reiterado por el presidente del partido, Pablo Casado, en las últimas semanas, aludiendo sobre todo a docentes y médicos. También plantea “modernizar” las oposiciones para que no sean “una patente de corso para que los mejores cobren lo mismo que los pocos que son peores”.

“Funcionarios prestigiados y bien remunerados” –previa evaluación– es lo que promete el líder popular si su partido gana las elecciones del 28 de abril. También la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha anunciado en el marco de la entrega de las condecoraciones de la Orden Civil Alfonso X el Sabio que el PSOE hará  «una apuesta muy importante por el profesorado» en su programa para las elecciones del 28 de abril, incidiendo en la relevancia de la carrera docente y la formación continua.

Lo cierto es que ya en la actualidad existen experiencias en esta línea, con la veda abierta por el Estatuto Básico del Empleado Público en 2007, que planteaba en su artículo 20 que “las Administraciones Públicas establecerán sistemas que permitan la evaluación del desempeño de sus empleados”, incluyendo dentro de este la conducta profesional, el rendimiento o el logro de resultados. De esta evaluación, proseguía, se derivarían efectos en la carrera horizontal, la formación, la provisión de puestos de trabajo o la percepción de complementos.

Pocas de ellas afectan, sin embargo, a los docentes. Asturias fue la pionera, en 2009, con su primer plan de evaluación. Sólo UGT y ANPE apoyaron una medida que era voluntaria y, en la práctica, se traduce en 140,29 euros brutos más al mes en Primaria y 219,20 en Secundaria para aquellos docentes con evaluación positiva en 16 ítems –entre ellos, la puntualidad, la formación, el uso de las TIC o la participación en los objetivos colectivos–. Pese a la controversia que generó, hoy, mientras se negocia el segundo plan de evaluación, más del 90% de los docentes se han inscrito en él.

La Rioja también tiene previsto que la carrera profesional se extienda a los docentes el próximo curso. Abierta a funcionarios, interinos y personal laboran con un mínimo de cinco años de antigüedad, se había establecido con carácter general para los funcionarios pero se había interrumpido en 2012 como consecuencia de los recortes. Ahora, al arrancar de nuevo, se extiende a Educación y sanidad. Como en Asturias, la “carrera horizontal” es voluntaria y son los equipos directivos los que acreditan que hay progresión. En este caso puede suponer un aumento de 840 a 1.200 euros anuales.

En otras comunidades, como la Comunidad Valenciana, se planteó la posibilidad pero no prosperó. Los sindicatos alegaron que no se podía abordar la evaluación de forma aislada. Tampoco tenían muy claro el perfil del evaluador –¿inspector? ¿evaluador externo?–.

Que falta evaluación entre los docentes españoles es un clamor de distintos informes internacionales, como TALIS, que refleja que un 36% de los docentes de nuestro país –frente al 9% de media de la OCDE– nunca han sido sometidos a una evaluación formal. Los docentes se están perdiendo ese feedback, ese saber si lo están haciendo bien o mal, en parte por el miedo de los equipos ministeriales a llevar a la práctica esas iniciativas que ni con Íñigo Méndez de Vigo ni con Isabel Celaá han pasado de propuestas.

Tampoco una enmienda de Canae a la Lomloe para incluir la evaluación de los profesores por parte de los alumnos, al menos desde la ESO, se incorporó en el texto enviado a Consejo de Ministros, pese a aprobarse en el Consejo Escolar del Estado.

Para Nicolás Fernández Guisado, presidente de ANPE, con la evaluación se corre el riesgo de que suceda lo mismo que con el MIR docente, hoy un término quemado. Para él no se puede hablar de evaluación, promoción y motivación de forma aislada, sino dentro de un Estatuto Docente que incluya de forma global los derechos y deberes del profesorado en su tránsito por la docencia. “Nos parece bien que Asturias o La Rioja incorporen la evaluación voluntaria con mejoras económicas para incentivar el trabajo, pero si desde el Ministerio no se hace nada quizá en tres años tengamos una carrera profesional distinta en cada una de las 17 comunidades”, recalca Fernández Guisado.

Secretaria federal de Educación del PSOE, María Luz Martínez Seijo reconoce que «la carrera docente, muy plana, necesita ampliar las perspectivas: La mayoría de los profesionales entran como profesores y 30 años después siguen siendo profesores». Sostiene Seijo que «sólo docentes estimulados pueden motivar a los alumnos», pero se distancia de Casado en cuanto al método. Para ella la evaluación previa al incentivo ha de ser siempre voluntaria y estar ligada al desarrollo profesional, con un gran peso de la autoevaluación, como en países como Finlandia, y dentro de una cultura colaborativa donde el docente siente que si un colega entra en el aula a observarle es para colaborar con él y compartir sus experiencias y no para fiscalizarle.

• En el ‘Libro blanco de la profesión docente’ (2015), José Antonio Marina y su equipo plantean la necesidad de crear una «cultura de la evaluación» para no basar la carrera sólo en la antigüedad. Los sindicatos reaccionan airados.
• El ‘padre de la Logse’, Álvaro Marchesi apuesta, como Marina, por la evaluación a través de un portfolio, voluntaria, cada seis años y basada en siete competencias, como trabajo en equipo o relación con las familias.
• Proyecto Atlántida y Cotec proponen un Índice de Capacidad Profesional Docente que no solo mida el desempeño individual sino que facilite una foto institucional del centro. Extremadura sigue este enfoque con sus Centros que Aprenden Enseñando. El índice evalúa 60 indicadores divididos en cinco dimensiones, cuatro del centro y una, del desempeño personal del docente. Los incentivos son para la institución, con medidas para apoyar al plan de mejora resultante de la foto.